Esta vez, la tormenta sopla por todas partes, también desde dentro, y no parece amainar. La difusión de una grabación en la que se ve cómo varios policías golpean violentamente al productor musical Michel Zecler, un hombre negro, en su propio estudio en París mientras le lanzan repetidos insultos racistas ha provocado un clamor generalizado en Francia. La indignación ha llegado incluso a lo más alto del Gobierno de Emmanuel Macron y está obligando a retroceder a un Ejecutivo que hasta ahora se resistía a las críticas y presiones para retirar una controvertida ley de seguridad, que busca limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. Su anuncio de que revisará finalmente la normativa ha abierto otra borrasca política. Tras poner en pie de guerra a un Parlamento ninguneado, el primer ministro, Jean Castex, se ha visto obligado a rectificar el rumbo de nuevo en menos de 24 horas y da marcha atrás en su propuesta de que una comisión independiente replantee la normativa.
Macron no había hecho comentario alguno hasta la fecha sobre el proyecto de ley de Seguridad Global y su más polémico artículo, el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles. El texto fue aprobado el martes en primera lectura en la Asamblea Nacional gracias a la mayoría macronista del hemiciclo, a pesar de las numerosas protestas y críticas de políticos de izquierda, periodistas, ONG y hasta organismos gubernamentales de derechos humanos que exigían su retirada y, también, pese a que solo 24 horas antes había estallado otro escándalo tras la difusión de imágenes del violento desmantelamiento de un campamento de inmigrantes en el centro de París. El vídeo con la brutal paliza a Zecler, sin embargo, parecía haber provocado un punto de inflexión.
El presidente se siente “muy consternado” por el último episodio, dijo este viernes el Elíseo. “Las imágenes que hemos visto todos de la agresión de Michel Zecler son inaceptables. Nos hacen avergonzarnos. Francia no debe resignarse jamás a la violencia o la brutalidad, vengan de donde vengan”, agregó posteriormente el propio mandatario en un mensaje en Facebook. Que Macron muestre su malestar de esta manera es un gesto inusual aunque en el contexto actual no es sorprendente. Este episodio ha generado una consternación generalizada pocas veces vista, a pesar de que Francia ha vivido en los últimos meses, sobre todo durante el verano, a raíz de las manifestaciones estadounidenses tras la muerte de George Floyd, fuertes protestas por varios escándalos nacionales de presunta violencia y racismo policial.
Las condenas por la paliza a Zecler de los policías —que este viernes quedaron en detención preventiva tras declarar ante la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), la “policía de policías”— se han multiplicado en las últimas horas y llegan no solo desde las bancadas políticas. “La náusea”, titulaba el diario Libération este viernes su portada, en la que muestra la cara ensangrentada e hinchada por los golpes del productor musical tras la paliza policial. Hasta deportistas de élite como los futbolistas Antoine Griezmann y Kylian Mbappé han manifestado su repulsa, en sendos comentarios también inusuales en dos atletas muy respetados que no suelen expresar opiniones políticas.
Tormenta parlamentaria
Según varios medios franceses, Macron fue el que obligó la noche del jueves a su ministro del Interior, Gérald Darmanin, impulsor de la polémica ley, a comparecer en el principal informativo de la noche para condenar sin ambages la actuación de los agentes. También explicó en directo que el controvertido artículo de la ley, que todavía tiene que pasar por el Senado y volver luego a la Asamblea Nacional, será “reescrito”, como había anunciado poco antes el primer ministro, Jean Castex, que dijo que para ello iba a crear una “comisión independiente”. Esta decisión, que no ha aplacado la ira nacional, desató sin embargo otra crisis política, al provocar las críticas de parlamentarios, oficialistas y opositores, que se sintieron “cortocircuitados”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, antigua mano derecha del presidente y macronista de primera hora, envió este viernes una carta a Castex criticando la creación de la comisión para revisar la ley. “Confiar a un órgano exterior una misión así constituiría un ataque a las misiones del Parlamento, el único que escribe y vota las leyes”, advertía. También su par del Senado, el conservador Gérald Larcher, pidió al primer ministro que “renuncie a su decisión de nombrar una comisión” porque “es en el Parlamento, en el marco de un debate democrático y público, donde se editan o reescriben las leyes. Ese papel no le corresponde a una comisión o comité de expertos que no tiene ninguna legitimidad democrática”.
Finalmente, Castex también ha tenido que recular en este aspecto. En un comunicado remitido a la Agencia France Presse este viernes, aseguró que la misión de la comisión no será redactar el nuevo texto, sino “iluminar al Gobierno en su reflexión, respetando las prerrogativas constitucionales de los legisladores”. Christophe Castaner, jefe de la mayoría macronista en el hemiciclo y antiguo ministro del Interior, que también había manifestado su “estupor” ante el anuncio de la comisión, declaró que la marcha atrás de Castex permitirá “un debate sereno” de la ley, contra la que sin embargo se han convocado nuevas manifestaciones este fin de semana. Quizás consciente de que las turbulencias no han pasado, Macron dejó claro que sabe que el fondo del problema sigue sin resolverse. “Le pido al Gobierno que me haga rápidamente propuestas para reafirmar el vínculo de confianza que debe existir naturalmente entre los franceses y aquellos que les protegen y para luchar de manera más eficaz contra todas las discriminaciones”, escribió en su mensaje vespertino.
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