Documentos del FBI revelan que 27 celulares de los normalistas operaron con normalidad siete semanas después de la noche de Iguala.
A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una investigación realizada por los periodistas María Idalia Gómez y Jonathan Nácar para el periódico Eje Central revela que, con base en documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), 27 celulares de los normalistas operaron con normalidad siete semanas después de la noche de Iguala.
Durante la mesa de análisis en #AristeguiEnVivo, María Idalia Gómez señaló que se trata de una revisión que hizo el FBI a solicitud de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
Es la primera vez que se da a conocer este registro y hoy, gracias al trabajo periodístico, se sabe que no fue incluido en la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa, pero “quedó integrado en más de 10 carpetas de análisis telefónicos”.
El análisis se hizo a números de los estudiantes, policías de Cocula e Iguala, y del propio expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Un hecho a enfatizar es que el FBI entregó el primer informe de este análisis, el mismo día que Jesús Murillo Karam dijo la frase “ya me cansé”, el 7 de noviembre de 2014.
“¿Por qué va con la conferencia a decir que es la verdad histórica cuando tiene elementos para sospechar al menos que podrían estar vivos? Tenía prisa, supongo. También fue un cálculo político. De Abarca ya se sospechaba de sus vínculos con el crimen organizado desde antes y no se le hizo nada aún teniendo elementos. Se avecinaban elecciones y precisamente querían generarle el costo político a Guerrero, pero no calcularon bien y los asesores de Enrique Peña Nieto fueron bastante malos”.
María Idalia recordó que previamente se supo cómo la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) interceptó mensajes compartidos entre integrantes de Guerreros Unidos que hablan sobre la desaparición de los estudiantes.
“Esto habla de una operación criminal. Esa noche hubo una operación criminal por parte de Guerreros Unidos y por parte de la policía y gobierno municipal, no hay duda”.
No obstante, dijo, a pesar de que estos se integraron el año pasado a la carpeta de investigación, no se incluyeron bien porque “no explican quién es quién, no explican los números” y eso, señaló, se hizo durante la administración de Raúl Cervantes y Alberto Elías Beltrán en la PGR.
“Dejaron morir el caso. Después de Murillo Karam sí hay un trabajo muy intenso, es en donde se transparenta la información con Arely Gómez y donde empieza a morirse es con Cervantes y Elías Beltrán. A mí me parece que es también parte de la estrategia, no veo por qué dejaron morir este caso de la manera como lo dejaron morir jurídicamente hablando porque nos están robando la verdad jurídica”.
Externó que los documentos del FBI añaden más elementos de cómo dejaron morir esa información, la cual quizá no cambie radicalmente lo que ya se sabe, pero sí algunas de las partes que ya conocemos en este momento”.
La periodista mencionó que otro detalle interesante del análisis es que inició desde marzo de 2014 para poder observar los patrones de comunicación que tenían dichos números. “Cuando llegan a la noche de Iguala ven cuál fue la operación de cada uno. De los estudiantes no hay prácticamente llamadas, al menos de los que tienen esos números telefónicos”.
Asimismo, explicó que los registros del FBI exponen que en septiembre solo hubo algunas llamadas, pero que en octubre comenzó el movimiento. “Lo más interesante es que tienen los patrones de comportamiento que tenían antes, como si le perteneciera al propietario, que es algo que no se puede saber porque solo analizaron el comportamiento de los celulares”.
En total, el FBI examinó 27 celulares de los normalistas, y cinco más que se vinculan con otras víctimas de los mismos hechos, pero cuyos propietarios no han sido identificados. Estos, recibieron llamadas desde varios municipios de Guerrero, así como de otros estados como Puebla, Morelos, Chiapas y Ciudad de México, luego de casi dos meses de la desaparición de los jóvenes.
María Idalia refirió que a partir de un video realizado por el Cenapi, luego de recibir el análisis del FBI, se puede evidenciar que antes de septiembre varios celulares se desplazaron a la frontera con Tamaulipas, Nuevo León y Tijuana; y a Chiapas e incluso a Yucatán.
“No todos son números de los estudiantes, la mayoría son de la policía y de Guerreros Unidos y después en septiembre, todos se concentran nuevamente en Guerrero. Después del ataque nuevamente hay unos que vuelven a salir, que están en huida evidentemente, son de los policías”.
Expuso que en el caso de los normalistas, “hay uno que se identifica en Tlaxcala o en Chiapas, ese número sí tiene explicación, uno de los estudiantes que desapareció, le vendió a otro estudiante que está en Chiapas el número, incluso lo confirmó ante el Ministerio Público”. Se trata del teléfono de Mario Consuegra Villatoro, quien reside en el estado del sureste, y quien le compró el celular a los hermanos Doriam y Jorge Luis González Parral, estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
“Pero los otros no se explican en lo más mínimo cómo es posible que hubieran estado vivos y hubieran tenido llamadas a números recurrentes siete semanas después, no todos, algunos lo tienen una semana, otros, dos semanas”.
Según las referencias del FBI, las llamadas se habrían hecho al “círculo cercano” de los normalistas.
También subrayó que la forma como se hizo la diáspora de los normalistas, “también lleva a pensar que no necesariamente hayan quedado en las manos de uno de los grupos criminales, sino de otro. La operación fue tan desaforada que muchas cosas pudieron haber pasado”.
Y mencionó que también es importante saber por qué Guerreros Unidos pensaba que eran Los Rojos, por qué estaba convencido que eran Los Rojos los que venían en esos camiones, “¿por qué se sintió con ese grado de impunidad para poder atacar de esa manera y someter de esa manera a los estudiantes al grado de desollar a uno y de entrar a un hospital para tratar de llevarse a otro?”.