Las innumerables denuncias emitidas por varias asociaciones de derechos humanos y gran parte de la comunidad internacional en favor de la causa de Aung San Suu Kyi en los tribunales no han servido para revertir el rumbo de los acontecimientos. La líder de facto birmana ha archivado este miércoles una nueva derrota legal, la cuarta desde que el pasado diciembre se iniciara el proceso judicial por los presuntos 18 delitos que se le imputan, y que podrían suponerle una pena conjunta de casi dos siglos entre rejas. Un tribunal militar de Naipyidó, la capital de Myanmar, la ha condenado esta mañana a cinco años de prisión por corrupción, sentencia que se suma a las de diciembre y enero, que acarreaban una pena conjunta de seis años.
Suu Kyi, líder del Gobierno depuesto por la junta castrense tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, ha sido sentenciada este miércoles a cinco años de cárcel en el primero de los 10 juicios por corrupción que tiene en su contra. El juez ha dictaminado que la premio Nobel de la Paz aceptó durante su primera legislatura 600.000 dólares en efectivo (unos 565.000 euros) y 11,4 kilogramos de oro por parte de Phyo Min Thein, ex ministro jefe de Rangún, la ciudad más grande del país. Min Thein –quien estaba considerado el hombre que tomaría el testigo de Suu Kyi dentro de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés)– denunció que la consejera de Estado aceptó dicho soborno a cambio de ofrecer un trato preferencial a sus empresas.
El juicio, al igual que los anteriores, se ha celebrado a puerta cerrada y sin testigos. Antes de que las autoridades birmanas decretasen el secreto de sumario el pasado octubre, los abogados de Suu Kyi habían rechazado las acusaciones de Min Thein y las habían calificado de “absurdas”. El medio independiente Myanmar Now cita una fuente anónima cercana al proceso que asegura que los representantes de política de 76 años no pudieron reunirse esta mañana con ella.
Phil Robertson, director para Asia de Human Rights Watch, ha emitido un comunicado en el que critica el fallo de este miércoles y donde sostiene que “los días en los que Aung San Suu Kyi era una mujer libre han terminado. La junta de Myanmar y los tribunales amañados del país avanzan al unísono con el único fin de sentenciar a Aung San Suu Kyi a cadena perpetua, dada su avanzada edad. Esta condena por falsos cargos de corrupción solo le hace acumular más años entre rejas”. En su mensaje, Robertson opina que el Tatmadaw, el Ejército en el poder, “no está dejando nada al azar”: “Destruir la democracia popular de Myanmar significa deshacerse de Aung San Suu Kyi”.
La Dama, como también se la conoce, ya había sido condenada previamente a seis años de prisión por posesión ilegal de varios dispositivos de telecomunicaciones, por infringir los protocolos activados para frenar la covid-19 y por incitación a las protestas que desde febrero de 2021 han inundado las calles de la nación pidiendo su liberación. A pesar de la presión internacional, la junta militar no ha permitido que nadie se reúna con ella desde la asonada y se desconoce dónde está retenida cumpliendo dichas penas. A pesar de que en un inicio permaneció en arresto domiciliario, a las últimas audiencias judiciales ha asistido vestida con una camiseta blanca y una falda marrón, el uniforme de las prisioneras del país.
En los más de 14 meses que han transcurrido desde su detención, el número de delitos en su contra no ha hecho más que aumentar. Suu Kyi deberá sentarse en el banquillo en otras nueve ocasiones por supuestos casos de corrupción (cada cargo conlleva una pena máxima de 15 años y una multa), entre los que se incluye la presunta venta y alquiler de un helicóptero de un exministro, desviación de fondos recibidos a través de donaciones destinadas a la construcción de una residencia y recibir tratos de favor para obtener propiedades en alquiler a un precio más bajo para la fundación que lleva el nombre de su madre. También está acusada de incumplir con la ley de secretos oficiales de la era colonial, delito penado con hasta 14 años de prisión.
El Tatmadaw justifica el golpe de Estado de febrero de 2021 por el presunto fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020, en los que arrasó la NLD, el partido de Suu Kyi, tal y como ya había hecho en las elecciones generales de 2015. Después de que los militares tomaran el poder, miles de personas salieron a las calles a modo de protesta y el movimiento de resistencia continúa muy vivo más de un año después de la asonada. A pesar de que las manifestaciones pacíficas han continuado, en medio de la dura represión ejercida por las fuerzas de seguridad, también ha aumentado la resistencia armada, hasta el punto de que analistas internacionales advierten de que podría estallar una guerra civil. Según los datos compilados por la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, más de 1.745 personas han perdido la vida a manos del Ejército y más de 10.183 han sido detenidas.
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