Dos semanas después de la asonada que puso punto y aparte a 10 años de transición democrática, la situación en Myanmar (la antigua Birmania) continúa avanzando por una peligrosa senda. En Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, la policía y militares dispersaron a la multitud con palos, balas de goma, tirachinas y disparos al aire. Desde el domingo, el Ejército mantiene desplegados vehículos blindados por varias ciudades del país, entre ellas la principal, Yangón, mientras miles de manifestantes exigen por décimo día consecutivo la salida de los militares y la liberación de los líderes del Gobierno civil, entre ellos su jefa de facto, Aung San Suu Kyi. Aunque la orden de arresto sobre la Nobel de la Paz expiraba este lunes, se ha extendido hasta el próximo miércoles.
Más de mil personas se habían congregado este lunes frente al Banco Económico de Myanmar en Mandalay (norte del país), cuando al menos 10 camiones con soldados y policías llegaron a la zona para dispersar las protestas, disparando con tirachinas y atacando a los manifestantes con palos y balas de goma, según Channel News Asia. Este medio también afirma que, según testigos, la policía fue vista disparando al aire con armas de fuego y apuntando con ellas a los manifestantes. Por su parte, Frontier Myanmar, un digital birmano independiente, asegura que la policía y los soldados dispararon también contra viviendas, si bien se desconoce si hay heridos. Muchos manifestantes han sido detenidos, añade este medio.
Se trata de una de las actuaciones más violentas por parte de las fuerzas de seguridad desde que comenzaron las protestas hace 10 días. La pasada semana, la policía utilizó cañones de agua, gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes en la capital, Naypyidaw, dejando a una joven en estado crítico.
La escalada de la respuesta militar se percibe con claridad en las escenas que salen de Yangón, la principal ciudad de Myanmar, convertida en la viva imagen de una ciudad sitiada; además de hileras de vehículos blindados ocupando sus calzadas, policías y militares se movilizaron este lunes hasta la sede de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), la formación de Suu Kyi, vencedora de los comicios del pasado noviembre, para forzar su entrada en el inmueble. En Yangón, miles de personas continuaron este lunes las protestas, desafiando al Ejército tras una noche en la que los servicios de telecomunicaciones fueron cortados (desde la 1 hasta las 9 de la mañana, hora local) y los arrestos a funcionarios, abogados y otros ciudadanos acusados de participar en un movimiento de desobediencia civil aumentaron. Pese a ello, muchos manifestantes mostraron este lunes pancartas en apoyo a este movimiento.
Mientras, en la capital, Naypyidaw, centenares de manifestantes protestaron fuera de una comisaría exigiendo la liberación de un grupo de entre 20 y 40 estudiantes de instituto que habían sido detenidos por participar en actividades anti-golpistas.
La nueva junta militar, con el general Min Aung Hlaing al mando, está teniendo dificultades para hacerse con el control del país desde la asonada, llevada a cabo bajo el pretexto de que los comicios del pasado mes de noviembre fueron amañados, una alegación sin ningún apoyo institucional y carente de pruebas. Así, los militares han ido recurriendo a diversos métodos desde el pasado fin de semana; desde cortar de forma esporádica internet a enmendar las cláusulas legales que impedían a las autoridades detener a sospechosos durante más de 24 horas sin orden judicial, cambios que se mantendrán durante el año de estado de emergencia declarado. Los militares también han advertido este lunes que los manifestantes pueden enfrentarse hasta a 20 años de prisión si se considera que obstruyen la labor de las Fuerzas Armadas o incitan al “odio” contra los líderes golpistas.
Asimismo, la junta ha propuesto una nueva ley de ciberseguridad que podría ser empleada para encarcelar y multar a usuarios de redes sociales que divulguen información que cree “pánico social”. Los militares también han advertido a los medios que no se refieran al golpe como tal, pues el estado de emergencia se declaró, alegan, en línea con lo contemplado por la Constitución de 2008, redactada por las propias Fuerzas Armadas.
Entretanto, los manifestantes continúan pidiendo la liberación de Suu Kyi y de otros líderes políticos, que se encuentran entre los cerca de 400 detenidos desde el golpe, una cifra que aumenta cada día. Aunque la orden de arresto sobre la jefa del Gobierno civil expiraba este lunes, y se esperaba que apareciera a declarar en el juzgado, su abogado informó de que se ha extendido hasta el miércoles, cuando se cumplen dos semanas de los cargos en su contra.
Khin Maung Zaw, que representa a la Nobel y al presidente Win Myint, declaró este lunes que ambos comparecerán a través de videoconferencia en una vista en Naypyidaw el miércoles. Los dos están acusados de cargos que pueden acarrear hasta tres años de cárcel por delitos que sus defensores consideran infundados; Suu Kyi de violar la ley de importaciones y exportaciones por la supuesta compra ilegal de unos walkie talkies, y Win Myint de transgredir la ley de gestión de desastres por no respetar ciertas regulaciones previstas para frenar la pandemia de coronavirus.
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