La influencer Win Min Than se escondía con su madre en un hotel de la ciudad birmana de Taunggyi (capital del Estado oriental de Shan) cuando una patrulla de las fuerzas de seguridad las sorprendió el martes por la noche. “La detuvieron sobre las ocho de la tarde (hora local) y se la llevaron sola a Yangón (capital comercial de Myanmar, antigua Birmania)”, cuenta en un mensaje su amigo Hla Myat Tun, desde esa localidad. El nombre de la joven se encuentra en una lista que incluye a un centenar de artistas de varias disciplinas y blogueros a los que la junta militar golpista de Myanmar acusa de “socavar la estabilidad” del país por su apoyo a las manifestaciones contra la asonada del pasado 1 de febrero.
La propia Win Min Than, entrevistada por EL PAÍS cuando las primeras protestas tomaban forma en Myanmar hace dos meses, dejó entonces claro su compromiso. “Yo quiero mostrar mi amor por el país, no defender a ningún partido, pero sí manifestar pacíficamente nuestro rechazo a la dictadura”, aseveraba. La mujer había decidido dar un giro radical a su perfil de Facebook donde, con medio millón de seguidores, se dedicaba antes del golpe a ofrecer sobre todo consejos de moda, y utilizarla tras la asonada para informar sobre la situación y animar a sus contactos a sumarse a las manifestaciones contra los militares. “Ellos tienen armas, nosotros no”, lamentaba la activista.
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Desde que comenzó el golpe de Estado, al menos 570 civiles, incluidos casi medio centenar de niños y adolescentes, han muerto víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad birmanas, según la Asociación para la Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP). El grupo asegura que además han sido detenidas 2.728 personas, entre ellas, la líder del Gobierno civil depuesto por los generales, Aung San Suu Kyi. Las familias de los arrestados han denunciado en algunos casos que no saben dónde se encuentran los detenidos. La madre de la bloguera quedó en libertad, pero desconoce dónde está Win Min Than, según Hla Myat Tun.
La Junta militar, encabezada por el comandante en jefe de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing, ha utilizado viejas estrategias para perseguir a sus oponentes. Asemejándose a una caza de brujas, en los últimos días ha publicado en medios oficiales como The Global New Light of Myanmar y la cadena de televisión Myawaddy listas con los nombres de los actores, escritores, blogueros y periodistas señalados por supuesta deslealtad al régimen castrense. Les acusa de violar la cláusula 505 del código penal por “divulgar noticias que pueden socavar la estabilidad del Estado”, lo que acarrea penas de hasta tres años de cárcel.
La familia de Win Min Than no ha recibido aún noticias sobre los cargos en su contra, pero su amigo Hla Myat Tun sospecha que será acusada de ese delito. El mismo destino se espera que pueda tener el humorista más famoso del país, Zarganar —como es conocido artísticamente Maung Thura—, también detenido en su casa en Yangón este martes. El cómico es un viejo adversario de los uniformados: el sexagenario ya apoyó movimientos contra la antigua Junta Militar (1962-2011) en 1988, por lo que ha pasado temporadas en prisión.
Sin internet
La Policía y el Ejército, entretanto, continúan con las detenciones de civiles que participan en las protestas y haciendo cada vez más complicada la conexión con el exterior; el régimen militar dio orden de cortar el acceso a internet con el móvil y vía wifi a las compañías de telecomunicaciones, dejando solo como opción las escasas conexiones a través de fibra óptica. “Solo puedo conectarme a internet en casa de mi madre”, cuenta desde esa vivienda Hla Myat Tun. El joven, en la veintena, lamenta que la violenta respuesta de las fuerzas armadas ha hecho que las protestas multitudinarias pierdan fuelle en los últimos días. “Estoy esperando a ver qué planes son los siguientes para volver a la carga”, anticipa, ya que el movimiento de protesta y de desobediencia civil continúa, aunque con estrategias más simbólicas.
El domingo los manifestantes pintaron los emblemáticos huevos de pascua de Semana Santa con mensajes contra la Junta, el lunes rociaron con espray rojo las calles de Yangón para recordar el baño de sangre perpetrado por las fuerzas de seguridad. No obstante, en zonas remotas continúa muy viva la violencia: medios locales informan de que al menos ocho manifestantes han muerto y 20 han resultado heridos en protestas este miércoles en Kalay, en la región noroccidental de Sagaing.
A su vez, el equipo legal del autodenominado Gobierno civil de Myanmar (el Comité para la Representación de la Unión Parlamentaria (CRPH, por sus siglas en inglés)), que se presenta como la voz legítima del país y trabaja en la clandestinidad contra los golpistas, aumenta su ofensiva diplomática. Formado por miembros de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi —el partido ganador de las elecciones de noviembre, declaradas fraudulentas por los generales, su pretexto para dar el golpe—, este miércoles celebra un encuentro con investigadores de la ONU para presentar 180.000 pruebas de los abusos cometidos por el Ejército desde la asonada, según la agencia Efe.
Los representantes jurídicos del CRPH —del despacho Volterra Fietta, liderado por el español Álvaro Nistal— se reunirán con los responsables del Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania (IIMM, siglas en inglés) para tratar las “atrocidades cometidas por los militares” tras el golpe, indicó en un comunicado el doctor Sasa, nombrado enviado especial de Birmania ante la ONU por el autodeclarado Gobierno civil.
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