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Guadalupe Ramírez es una mujer septuagenaria que proviene de las nubes. La fuerza con la que defiende su territorio puede compararse con la que tiene el viento del istmo de Tehuantepec, la región oaxaqueña al sur de México que habita y protege. Ahí, las rachas de vientos son comparadas con las ráfagas de huracanes de categoría dos y tres, pues la zona tiene el segundo mayor potencial de energía eólica del mundo después de la Patagonia en Argentina.
Fotogalería: Una septuagenaria mexicana frente a las eólicas internacionales
Esto lo saben bien las empresas que, además de no compartir sus ingresos con las comunidades, tampoco comparten la energía que generan. También lo sabe el Gobierno mexicano, que desde el sexenio del presidente Felipe Calderón no ha cesado de otorgar licitaciones, según una investigación de la Plataforma Periodística para las Américas. Por ello, el paisaje sonoro que anteriormente era dominado por las aves, ahora se compone del incesante ruido que generan las aspas de los más de dos mil aerogeneradores que se han instalado.
Ramírez vive en Unión Hidalgo, una comunidad de indígenas zapotecas que se autonombran Binni’zaa (personas que provienen de las nubes). Para referirse a las mujeres de mayor edad usan el apelativo de Ná, por eso la llaman Ná Lupita. Hace una década, cuando tenía 60 años, comenzó un proceso autodidacta para aprender sobre energía eólica, derecho internacional, derecho agrario y obligaciones del Estado con las comunidades indígenas y así poder defender el territorio.
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Hasta el momento acumula una gran victoria: que Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) no haya instalado ningún aerogenerador en sus terrenos. Este 2021, junto con su comunidad, Ná Lupita se enfrenta a Électricité de France (EDF), empresa que busca instalar el parque eólico Gunna Sicarú en Unión Hidalgo. Su defensa se basa en dos procesos: una demanda ante un Tribunal Francés y un amparo que ordena a la Secretaría de Energía llevar a cabo una consulta indígena adecuada. Ambas empresas fueron contactadas para la realización de este reportaje, pero hasta el cierre del texto no se recibió respuesta.
Su resistencia también es ante el Estado mexicano que ratifica acuerdos internacionales, pero no los cumple, algo que sostiene también una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. En la instalación de los parques eólicos de la región se ha violentado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada.
La reciente ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), puede representar una oportunidad para su lucha, pues el documento, que entre otras medidas, busca proteger a defensoras del ambiente para que puedan actuar sin amenazas e inseguridad.
Una gesta que empezó en los noventa
A finales de los años noventa, “unas veletas muy chistosas”, tal y como describe Ná Lupita, aparecieron en el paisaje. Las torres con turbinas blancas se multiplicaron en la región rápidamente. En 1994 se instaló el parque piloto conocido como La Venta en Juchitán, un poblado a solo 20 minutos de Unión Hidalgo.
No fue hasta 2011 cuando ella y su esposo, Juan Regalado, supieron que las veletas eran aerogeneradores. Demex, empresa filial de la española Renovalia Energy, tocó a su puerta y les ofreció un contrato de arrendamiento, según la versión de la pareja. A cambio de 750 euros anuales, la compañía podría instalar aerogeneradores en sus terrenos para el parque eólico Piedra Larga. Les aseguraron que el ganado y sus cosechas no se verían afectados. Ambos decidieron firmar. Lo explican: “Las mentiras que nos contaron no sonaban mal en un principio y nos dijeron que además sería en beneficio de la comunidad”.
Poco tiempo pasó para que se diera cuenta “del engaño”. Comenzó a ver la maquinaria pesada que arrasaba con todo lo que encontraba. “No talaban los árboles, los destruían, no los dejaban ni para usarlos como leña”, cuenta Rosalba Cuevas, una de las compañeras de resistencia de Lupita. Cree que eso lo hacían para destruir una evidencia: “Que tenemos mucha diversidad acá en la región”. La presencia de flora y fauna en el espacio donde se construyó el parque quedó verificada en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Sumado a la tristeza que les provocaba ver cómo “en un ratito convertían en polvo los árboles” que por tantos años ellos habían cuidado, cuando Lupita y a su esposo acudieron a Financiera Rural para renovar el crédito que les permitía comprar semilla de sorgo para siembra, encontraron que la empresa ya había hipotecado sus terrenos para financiar la construcción, decidieron que querían cancelar el contrato.
Aunque la empresa les aseguró que en cualquier momento podían revisar las cláusulas, no pudieron rescindir el acuerdo. Incluso quisieron dialogar con el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para que él pudiera intervenir, pero el mandatario nunca los recibió. “Nos vimos en la necesidad de buscar a un abogado que nos ayudara; otros 20 propietarios también se mostraron disconformes y así nació el Comité de Resistencia”.
Juan Antonio López, coordinador de justicia transicional de la organización ProDESC, es uno de los abogados que acompaña a la comunidad. Explica que los contratos se hicieron de forma amañada, pues desde 1954, Unión Hidalgo se declaró como una comunidad agraria, por lo tanto, las tierras no son propiedad privada y no pueden existir documentos de arrendamiento realizados de forma individual.
En la instalación de los parques eólicos se ha violentado el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada
En 2013 esta activista dio su primera batalla legal, cuando ella y otros propietarios presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec (Oaxaca) pidiendo la nulidad de todos los contratos firmados con Demex. Aunque en 2016 el magistrado reconoció que en Unión Hidalgo existe un régimen comunal, no favoreció a la comunidad, bajo el argumento de que a la empresa “no le avisaron de que ese régimen existía”, explicó el abogado.
ProDESC se amparó ante la resolución, pero hasta la fecha el proceso sigue sin respuesta. Sin embargo, Ná Lupita ya puede contar una victoria, pues antes de que el Tribunal Agrario emitiera ese primer fallo, en 2015, Demex rescindió los contratos de siete propietarios, incluido el de ella. “La empresa tuvo miedo de una sentencia que le resultara desfavorecedora y por eso los rescindieron, no construyeron nada en esos terrenos. Eso ya es un gran triunfo, y fue posible gracias a que ella estuvo en desacuerdo y se los contó a sus compañeros”, expresa el abogado López.
Hasta la fecha, el rancho de la familia se encuentra rodeado de aerogeneradores, pero no invadido. En lugar de torres metálicas, tienen sembradíos de sorgo, maíz y frijol, siguen viendo cómo crecen los árboles frutales que las gallinas ayudan a abonar y sus animales cuentan con un amplio espacio para pastorear.
Nueva batalla judicial
Mientras Ná Lupita buscaba echar atrás su contrato, una firma francesa ya estaba preparando su llegada a la población. En 2017, la Comisión Reguladora de Energía emitió el permiso E/1922/GEN/2017 para que Electricité de France (EDF) pudiera generar energía eólica por 30 años. Para ese momento, la empresa ya contaba con los estudios que avalan el potencial energético y otro más de impacto ambiental. Además, siguiendo el ejemplo de otras eólicas, ya tenía firmados contratos de arrendamiento luego de cambiar la situación jurídica de la tierra de propiedad comunal a propiedad privada.
Desde que comenzaron a convocarse asambleas y reuniones en la comunidad para hablar de este nuevo proceso, ella y su prima Rosario Fuentes estuvieron presentes, y ambas decidieron tomar la palabra y participar activamente en la oposición al proyecto. Junto a otras compañeras integraron el Comité de Mujeres Gubiñas en Defensa de la Vida —gubiña es el gentilicio de Unión Hidalgo en zapoteco—, desde el cual se organizaron para dar información a las personas de su pueblo, recorrer casa por casa cuando fuera necesario y traducir al zapoteco todo aquello que no se entendiera, pues del proceso previo había aprendido que para la construcción de este proyecto extractivo era y es necesaria la realización de una consulta indígena.
Para la instalación de los 28 parques eólicos que ahora se encuentran en el Istmo oaxaqueño no se firmaron contratos bajo la vía comunal. Además, durante la construcción de los parques eólicos Piedra Larga I y II (ubicados en Unión Hidalgo), el Convenio 169 de la OIT, vigente en México desde 1990, fue completamente ignorado, pues ninguna consulta fue realizada.
De acuerdo con Ná Lupita, sus compañeras y el abogado que las acompaña, las estrategias de la empresa para que se apruebe la instalación incluyen brindar información sesgada, dar dinero a algunos de los pobladores o ayudar a las escuelas para contar con el apoyo del alumnado.
Esto ha provocado un ambiente de polarización entre los habitantes, “debilitando el tejido comunitario, e incrementado el riesgo y la violencia contra quienes defienden el territorio”, explica ProDESC, que ahora también acompaña a la comunidad en la presentación de una acción legal bajo la Ley Francesa de Vigilancia, que obliga a las firmas galas a respetar los derechos humanos en otros territorios donde planean desarrollar un proyecto.
Entre las resoluciones más favorables para Unión Hidalgo no solo estaría la cancelación del proyecto, sino también una reparación integral sobre las violaciones a los derechos humanos que ya se han llevado a cabo. Ná Lupita no habla francés, pero va a participar en la audiencia, pues dice, su abuela le enseñó “a defender a quienes no pueden hacerlo y eso está pasando en el pueblo”.
EDF ya ha dado una respuesta, argumentando que no ha violentado ningún derecho humano, pues quien está obligado a hacer la consulta es el Gobierno mexicano. El primer intento del Estado por llevar a cabo esa pesquisa, sin seguir las directrices que establece la OIT, fue en 2017. ProDESC presentó un recurso de amparo ante un juez de distrito que fue concedido y mediante el cual se ordenó a la Secretaría de Energía (Sener) realizar una consulta apegada a los más altos estándares del derecho indígena a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
EDF ya ha dado una respuesta, argumentando que no ha violentado ningún derecho humano, pues quien está obligado a hacer la consulta es el Gobierno mexicano
“En abril de 2018 volvieron otra vez con la consulta y siguieron aunque no todo estaba reconstruido”, cuenta Ná Lupita en el patio de su casa, que colinda con una vivienda que aún permanece en escombros después del sismo que en septiembre de 2017 destruyó buena parte de la comunidad.
Ya en 2019 el proceso se reanudó y, de acuerdo con las minutas de las sesiones informativas de la consulta, a algunas de las pláticas acudieron alrededor de 40 personas que en su mayoría hablaban zapoteco, y a quienes se les presentaron en español todas las especificaciones técnicas y ecológicas del proyecto. Durante el proceso de consulta se han registrado acciones que van en contra de los lineamientos que definió el amparo; por ejemplo, ha sido financiado por el gobierno local y ha contado con la participación de representantes de la empresa.
La pandemia de covid-19 detuvo la consulta, pero desde julio de 2021, Sener quiere renovar el proceso sin considerar el aumento en los casos de contagios y el número de decesos que se han registrado en la región. “Muchas de las sesiones se han convertido en gritos e insultos, y hasta gente armada hay ahí. Luego se ponen a gritar cuando yo quiero tomar la palabra, pero yo me quedo ahí parada callada, con el micrófono en mano hasta que se callen y me escuchen (…) El proceso de consulta es muy importante para ver en qué quedamos con EDF”. A Ná Lupita le preocupa que si la compañía empieza la construcción “entonces van a empezar a venir las demás compañías que ya le echaron el ojo a Unión Hidalgo”.
Amenazas y amedrantos
Lupita no tiene planes de abandonar el activismo. A diferencia, afirma, de las eólicas y algunos políticos, ella sabe que la tierra es noble. “Nos dicen que las tierras no son fértiles, que era tierra inútil y que finalmente se iban a aprovechar por parte de las eólicas, pero eso no es cierto”, cuenta en el patio de su casa, donde las papayas crecen incluso en macetas.
Algunas personas aseguran que ella y sus compañeras se “oponen al desarrollo” y son “anti eólicas”; algunas otras usan los micrófonos para gritar y así no permitir su participación, y unas más consideran que “andar detrás de Na Lupe es peligroso”. En una ocasión intentaron secuestrarla y a su esposo lo llegaron a atar y amordazar en su propio negocio. No les ha pasado nada grave, pero consideran que es una amedentración.
Ella no duda en poner todo lo que tiene a disposición del movimiento y su comunidad: su tiempo para cocinar, convocar o participar; su camioneta para que un grupo de vecinos o incluso periodistas puedan trasladarse, o su casa para que se lleven a cabo reuniones y conversaciones. Su patio es fiel testigo de ello, pues en él se apilan sillas suficientes para simular un pequeño auditorio de al menos 25 personas.
En una ocasión intentaron secuestrar a Na Lupita y a su esposo lo llegaron a amordazar y atar dentro de su propio negocio
Esa entereza y disposición también estuvo presente en el sismo de 2017, cuando la comunidad quedó destruida y su vehículo se utilizó para ir buscar víveres y alimentos a la comunidad más cercana. Incluso dispuso un terreno para que se construyera una cocina comunitaria que llegó a ofrecer hasta 100 desayunos y 100 comidas diarias a quienes hacían las labores de reconstrucción.
Quienes la han acompañado en su proceso de desarrollo y han sido consultadas para esta historia la han visto incluso presentar su defensa en instancias internacionales. Consideran que perdió el miedo a tomar la palabra, pero que la falta de respuesta y de resolución del caso le ha generado un desgaste fuerte en términos emocionales y familiares.
Alejandra Ancheita, fundadora y directora de ProDESC, sostiene que el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para que el Estado mexicano demuestre que la ratificación de convenios y tratados no son letra muerta y busque crear herramientas y recursos para la protección efectiva de defensoras del territorio como la protagonista de este texto.
Este reportaje es parte del proyecto Defensoras del territorio de ClimateTracker y FES Transformación.
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