El Senado respaldó ayer en comisión el “hito” y el “ejemplo” —términos repetidos por casi todos los portavoces— de la fusión de las localidades pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena, aprobada por sus vecinos en referéndum hace casi un mes. Ambos alcaldes (socialistas) repasaron en la Cámara de representación territorial, invitados de forma conjunta por PP y PSOE, una unión que desde hoy pone en marcha cinco comisiones de trabajo, entre ellas la paritaria de 14 expertos que en dos meses propondrá un nombre para la nueva ciudad. La unión es el mayor proceso de este tipo registrado en democracia y cuenta con un evidente aval ciudadano: el listón autoimpuesto por ambos regidores para que la iniciativa siguiese adelante (66% de apoyo en cada localidad) se superó en Don Benito por menos de tres décimas y gracias al voto anticipado. La voluntad de los residentes fue clara con 90,49% de síes en Villanueva y 66,27% en Don Benito.
Nacerá así la tercera ciudad de Extremadura (más de 63.000 residentes, solo tras las dos capitales provinciales) y la segunda en PIB tras Badajoz. Ganar tamaño tendrá repercusiones económicas, ya detalladas en el informe que los alcaldes solicitaron a la Universidad de Extremadura antes de plantear la consulta: crecimiento del empleo de al menos un 5%, primera población extremeña en producción agrícola y ganadera (19,7%) e industrial (8,1%) y segundo núcleo comercial (16%). O un aumento de la renta de los hogares del 2,75%. Más población se traducirá en más fondos estatales. El proceso para fusionar dos poblaciones que ya compartían servicios culminará en el primer trimestre de 2027 y las municipales de ese año. Cinco años es un plazo suficiente para ejecutar las actuaciones necesarias, evaluar el funcionamiento y corregir posibles duplicidades.
La fusión se inscribe en las políticas de racionalización de la planta local desarrolladas en Europa en las últimas décadas, que han implicado notables reducciones del número de municipios. Cuando crecen las propuestas localistas, este debate resulta necesario en España: el 84% de sus 8.131 municipios tiene menos de 5.000 vecinos, la misma planta en el siglo XXI que a principios del XIX. La fusión voluntaria de localidades contribuye a racionalizar sus estructuras y a superar la atomización, como destaca la ley de 2013 que ha servido de paraguas legal. Esa fragmentación y una pérdida de población que afecta a las tres cuartas partes de las localidades les impide desarrollar todas sus capacidades. Esta fusión, que tanto políticos como ciudadanos han defendido como una apuesta por el futuro de las jóvenes generaciones, puede servir de acicate para revertir uno de los procesos que está vaciando amplias zonas de España. El referéndum que lo acordó no era un trámite necesario, pero sí ha cargado de sentido democrático una propuesta respaldada —ayer de nuevo— de forma unánime por los partidos.
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