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Los pronósticos eran muy negativos para las mujeres desde el principio de la pandemia. Las medidas adoptadas para frenar a la covid-19 iban a provocar un retroceso en el ya de por sí lento camino hacia la igualdad de género. ONG y agencias de la ONU empezaron a advertir que los confinamientos incrementarían la violencia en el hogar, que la limitación de movimientos y el colapso sanitario iban a dificultar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con millones de embarazos no deseados como resultado y con menores posibilidades de interrumpirlos. Eso, además del impacto socioeconómico por la pérdida de sus empleos precarios e informales que ellas ocupan mayoritariamente, y la sobrecarga añadida de tareas no remuneradas. El tiempo no ha hecho más que confirmar los temores, las organizaciones en terreno así lo atestiguan, pero se desconoce la envergadura del impacto a falta de estudios y estadísticas fiables.
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El Centro para el Desarrollo Global (CGD, por sus siglas en inglés) ha creado, con el apoyo financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates, un equipo especial para investigar el específico perjuicio que la pandemia ha supuesto para las mujeres en los países de renta media y baja. Asimismo analizarán las medidas de recuperación con perspectiva de género. “Nos queremos asegurar de que la igualdad de género es una prioridad en la respuesta a la covid y después en los esfuerzos de recuperación. Pero es importante que las decisiones se basan en datos fiables”, explica Megan O’Donnell, subdirectora de género del CGD y quien liderará la nueva iniciativa.
Solo con lo que ya se conoce, dice la experta, sería suficiente para determinar que los programas de ayuda alimentaria, monetaria, de formación y acceso a la tecnología deban priorizar a las mujeres; pero solo con evidencias y estadísticas incontestables se logrará que los líderes conviertan su discurso en políticas concretas. “Creo que hay mucho discurso, pero no los fondos; los gobernantes, los líderes de la ONU, los presidentes dicen lo correcto, pero cuando ves los datos de los dólares… No muestran que las cuestiones de género sean priorizadas”.
Solo con lo que ya se conoce sería suficiente para determinar que los programas de ayuda alimentaria, monetaria, de formación y acceso a la tecnología deben priorizar a las mujeres
Las áreas en las que se centrará la investigación del CGD son cinco, detalla O’Donnell: la salud, los servicios de protección social, el poder económico y adquisitivo de las mujeres, la violencia de género y el liderazgo femenino. “Lo primero y más importante es conseguir una línea base sólida de compresión de lo que está sucediendo y lo que no. Y tener muy claro qué datos tenemos del impacto de la covid, desagregados por género, y ver cómo los gobiernos y las entidades donantes están respondiendo”, resume. Para ello, reunirán los resultados de estudios a nivel nacional de instituciones que trabajan estos temas, muchas de ellas también financiadas por la Fundación Gates. “La idea es que lo elevemos, amplifiquemos el análisis que están haciendo en cada país, lo unamos con el trabajo que se hace en otros ―India, Colombia, Mongolia o Vietnam― y obtengamos una fotografía global de lo que está pasando”.
El objetivo es revelar cuáles son los problemas y qué se está haciendo en consecuencia. “Pero también tendremos que subrayar la falta de datos, lo que no sabemos, especialmente en los países de renta baja donde disponer de ellos es más complicado”, anota O’Donnell. En cuanto al impacto de la pandemia sobre la salud de las mujeres, estudiarán los impactos indirectos sobre la misma. “No quién se está infectando de covid y muriendo por este virus, sino qué disrupciones ha habido, especialmente en servicios de salud sexual y reproductiva”.
Según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) a finales de abril de 2020, 47 millones de mujeres dejarían de tener acceso a métodos de planificación familiar y habría siete millones de embarazos no deseados en los primeros seis meses de pandemia en 114 países de renta baja y media. Un trimestre después, en Mosul (Irak), el personal del hospital de Médicos Sin Fronteras atendía a un número “mucho mayor del habitual” de mujeres embarazadas que acudían a dar a luz después de que uno de los principales hospitales públicos se dedicara por completo a la atención de casos de covid-19. El proyecto de la ONG en Choloma (Honduras) también experimentó un “fuerte aumento” de pacientes a medida que los hospitales públicos de la ciudad, la tercera del país, se convertían en centros enteramente dedicados a la pandemia. El promedio de nacimientos mensuales en la clínica de MSF pasó de 55 a 75, incluso en un contexto de un confinamiento total y de la parálisis de los transportes, según datos de la organización de julio.
El desvío de recursos sanitarios ―humanos y materiales― a la atención de la covid-19 es una de las muchas decisiones que han afectado a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Los confinamientos y restricciones de movimiento dificultaron aún más el acceso a métodos anticonceptivos y servicios que, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, muchos países no consideraron prioritarios ni esenciales. “En Rustenburgo, Sudáfrica, las estructuras sanitarias suspendieron en un primer momento los servicios de interrupción voluntaria del embarazo a causa de una percepción errónea de que no constituyen una atención médica esencial”, describe MSF, que se atribuye el mérito de que las autoridades cambiaran de parecer. El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en todo el mundo: cada año mueren al menos a 22.800 mujeres y niñas, y millones resultan gravemente heridas, recuerdan desde la ONG.
El equipo del CGD se propone poner números a todas estas experiencias. En el ámbito de la protección social, quieren conocer quién se está beneficiando de los programas de transferencias de efectivo, ayudas alimentarios y programas públicos. En lo relativo al poder económico, las mujeres están siendo desproporcionadamente golpeadas en términos de pérdida de empleo, de poder adquisitivo, y como emprendedoras, se han visto forzadas a cerrar sus negocios, además de asumir una mayor carga del trabajo de cuidados no remunerado que los hombres. En países ricos como Estados Unidos se conoce la dimensión de muchas de estas afirmaciones. Así, se sabe que en abril —uno de los meses más duros de la crisis sanitaria— el 55% de los 20,5 millones de puestos de trabajo perdidos en un mercado laboral muy flexible, como el estadounidense, correspondió a mujeres. El cálculo de esta realidad en las naciones más pobres está por hacer, apunta O’Donnell.
Toda la evidencia que tenemos apunta a que las niñas y mujeres de los países más pobres van a ser abandonadas y quedarán más atrás de lo que estaban
Megan O’Donnel, Centro para el Desarrollo Global
“Ahora hay una oportunidad de reinicio. Y tenemos que hacerlo porque toda la evidencia que tenemos apunta a que las niñas y mujeres de los países más pobres van a ser abandonadas y quedarán incluso más atrás de lo que estaban, y van a enfrentar mayores barreras para su seguridad física, para ganar un sustento y mantenerse sanas y educadas”. O’Donnell insiste en que su principal objetivo es evitar que esto suceda. La experta del CGD es parcialmente optimista. “Si en la comunidad global nos tomamos este momento muy en serio y nos preguntamos qué tenemos aquí, que no es solo una crisis sanitaria, sino una que ha exacerbado las desigualdades de género preexistentes, creo que sí estamos ante una oportunidad de priorizar a los grupos que estaban siendo abandonados incluso antes de todo esto”.
En opinión de O’Donnell ha habido “algunos signos positivos” de que, esta vez, los líderes no se olvidarán de las mujeres en la salida de la crisis. “El propio secretario general de la ONU fue de los primeros en advertir de que había una pandemia en la sombra: la violencia de género; y trató de movilizar a los países para que se dieran cuenta de este problema. Creo que los líderes son conscientes de esta cuestión”, anota. Según el informe Mujeres y niños en tiempos de covid, de We World, la violencia contra las mujeres aumentó un 25% durante los confinamientos.
El reconocimiento de este problema por parte de los mandatarios no fue siempre acompañado de medidas de refuerzo de los servicios de atención a las víctimas, apunta MSF. En Sudáfrica, por ejemplo, las llamadas para denunciar casos de violencia sexual en el teléfono habilitado para ello se multiplicaron por tres después de que entrara en vigencia la cuarentena. “Sin embargo, aunque hubo un aumento en los reportes, hemos asistido a una disminución en las visitas a la clínica”, recalca Kgaladi Mphahlele, responsable de actividades de planificación familiar de MSF en Rustenburgo, una ciudad minera del cinturón de platino con una gran comunidad de migrantes. En toda la ciudad y sus alrededores, otras clínicas han notificado un descenso de datos de asistencia en el mismo sentido, detalla la ONG.
O’Donnell señala, además, que mientras que la violencia de género sí ha recibido, al menos, atención al más alto nivel, no ha sido así con la parte del impacto económico de la pandemia sobre las mujeres. “Ellas sufren más la informalidad, han perdido en mayor proporción sus empleos, han tenido que regresar a la agricultura de subsistencia”, enumera. Pero la falta de estudios y estadísticas provoca que los mandatarios desconozcan y obvien el problema. “Necesitamos tener esos datos y amplificarlos”, subraya. “Se ha repetido que esto es una oportunidad para reconstruir mejor, pero tenemos que ser muy específicos en qué significa eso y quién se va a beneficiar”.
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