Cada vez que Dina (nombre ficticio) sale a la calle, deja su pasaporte caducado en casa, por si acaso, porque en ese documento figura que ella tiene nacionalidad marroquí, no española, a pesar de que nació y creció en Melilla. “Muchas veces me ha parado la policía, pero nunca me han pedido la documentación”, comenta aliviada esta joven de 20 años. “Nunca han tenido ningún indicio o sospecha de que pueda ser inmigrante”, celebra en un perfecto castellano. Ahí acaba su suerte y empieza el resto de problemas, que son “todos, básicamente, todos”: “No he podido estudiar bien, tampoco voy a poder trabajar, no puedo sacarme el carné de conducir…”, enumera.
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Cientos de jóvenes, niños y familias enteras de Melilla y Ceuta viven en un limbo burocrático que los condena a una espiral de irregularidad y subterfugios para poder llevar a cabo los trámites administrativos más cotidianos, desde asistir a la escuela hasta alquilar un piso. Algunos, como Dina, no conocen otro hogar que las dos ciudades autónomas. Nacieron en Melilla o Ceuta, se consideran melillenses o ceutíes a todos los efectos, pero no tienen los derechos de un español. Para Dina, que no tiene título de estudios ni permiso de residencia, ni siquiera volante de empadronamiento, su pasaporte marroquí, el único documento legal que acredita su identidad, juega en su contra. “Si yo ahora mismo saliese a Marruecos, no sé por dónde tirar”, lamenta. “¡Ni siquiera sé hablar árabe! Estaría totalmente perdida”.
La causa del callejón sin salida en el que se encuentra Dina es compleja. En España, la nacionalidad se obtiene o de forma automática (cuando se tiene madre española, algo que muchos ceutíes o melillenses, como Dina, no tienen) o tras acreditar ciertos años de residencia legal. Pero para acreditar la residencia primero hay que empadronarse, y en Ceuta y Melilla ese trámite del empadronamiento se complica enormemente para muchas familias; entre otras cosas, por la exención de visado para ciudadanos marroquíes que rige en las dos ciudades, una excepción normativa del Acuerdo de Schengen.
Vecinos de las localidades marroquíes de Tetuán y Nador pueden cruzar a Ceuta y Melilla, respectivamente, sin solicitar visado, pero no pueden pernoctar y solo tienen acceso a un permiso de trabajo como transfronterizos. Esta pirueta imposibilita en la práctica, en la mayoría de casos, el acceso a un permiso de residencia legal y, finalmente, a la nacionalidad española. “Son (personas) jurídicamente marroquíes, pero de facto apátridas”, advierten desde Solidary Wheels, una organización que trabaja en la ciudad con personas en situación irregular.
Reduan (nombre ficticio) está a punto de salir de la Purísima, el mayor centro de acogida de niños tutelados por el Ejecutivo local. Tiene 15 años, pero en su documentación consta que está a punto de cumplir la mayoría de edad. Como extutelado, ya tiene concedida la residencia legal en España a efectos administrativos, pero para formalizar el trámite y conseguir la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE), debe presentar un certificado de empadronamiento que no puede conseguir. “Y si entro en el Baluarte, ¿me empadronan?”, pregunta, en referencia al centro de menores infractores de Melilla. La única alternativa que contempla para regularizar su situación es ser detenido y establecer su domicilio en el reformatorio.
A principios de julio, la Policía Nacional detuvo en Melilla a tres personas acusadas de estafar a jóvenes como Reduan a quienes cobraba entre 300 y 800 euros por un contrato de arrendamiento que, supuestamente, daría acceso a inscribirse en el padrón.
Invisible al sistema
Samra —”En mis papeles pone Samira, pero mi nombre es sin i”, puntualiza— lleva media vida forjándose una identidad en la barriada de la Calle Este de El Príncipe al margen de documentos que acrediten su existencia. Samra es invisible al sistema. No tiene pasaporte de Marruecos, donde residió desde que se casó con 17 años con un marroquí que trabajaba en la ciudad autónoma descargando mercancía. Tampoco tiene DNI español, pese a haber nacido y vivido en Ceuta hasta que conoció a su ahora exmarido. Esos años de matrimonio le han dejado una separación, dos de sus cinco hijos y un vacío que la tiene rota. “Todos mis hermanos tienen la nacionalidad”, protesta. “Yo quiero arreglar ya mis documentos para poder sacar la cartilla del médico, la del banco y muchas cosas, para poder sentirme como una ciudadana de Ceuta”.
Víctor Fernández, madrileño afincado en Ceuta, trabaja con la ONG Digmun en la escolarización de menores cuyas familias están en situación irregular. “Cada vez es más complicado para ellas conseguir la residencia”, asegura. En la entidad han conseguido escolarizar a decenas de niños desde 2016. En Melilla eso también se ha convertido en un problema, ante la negativa de la administración a aceptar documentos alternativos al padrón como prueba de residencia efectiva.
A ello se suma el temor a ser expulsados del territorio español con la prohibición de volver a entrar durante, al menos, cinco años. El Defensor del Pueblo ya ha protestado ante dos casos de familias a cuyos progenitores se han incoado expedientes de expulsión tras haber solicitado la escolarización de sus hijos. El abogado José Luis Rodríguez Candela, especialista de la Asociación de Abogados Extranjeristas, ha asegurado a EL PAÍS que otras muchas familias están siendo amenazadas. “Hay familias que han sido citadas tras la visita para confirmar la residencia efectiva”, apunta.
Wasila es una de esas madres. Es la única en su familia que no tiene permiso de residencia, pese a que lleva más de once años viviendo en la ciudad. Sus tres hijos y su única hija nacieron en la casa en la que el padre, Mimón, lleva empadronado más de 14 y que estaba alquilada por su tía, fallecida en 2019. El pasado 21 de julio, en plena pascua musulmana, los desahuciaron a todos. Cuando Wasila amenazó con protestar frente al Ayuntamiento para conseguir que les devolviesen a su domicilio, la respuesta fue tajante: “Me dijeron que no tengo ni papeles ni pasaporte, que me iban a quitar los hijos y a expulsarme a Marruecos”.
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