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Nadie frena la novena reelección de un eterno sindicalista argentino

Nadie frena la novena reelección de un eterno sindicalista argentino


El jefe del gremio mercantil argentino, Armando Cavalieri, en una foto de archivo.FAECYS

La estabilidad de los grandes dirigentes sindicales en Argentina contrasta con los problemas palaciegos de la cúpula política del país. Uno de los gremialistas eternos, Armando Cavalieri, de 86 años, comenzó a allanar este viernes el camino para su décimo mandato consecutivo como secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, el más numeroso del país, con más de un millón de afiliados. De lograrlo, cumpliría 40 años en el cargo. Le disputa el poder un viejo conocido, Ramón Muerza, que ya se enfrentó a él en 2018 y perdió por un puñado de votos en medio de acusaciones de fraude. La elección está prevista para septiembre, pero Cavalieri parte con una gran ventaja tras haber retenido hoy el control de la junta electoral.

Con un enorme operativo de seguridad, similar al de un partido de fútbol, cerca de 8.000 afiliados se congregaron en el Parque Norte de Buenos Aires para votar a los cinco representantes que velarán por la elección de su secretario general. Por un lado circulaban los partidarios de Cavalieri; por el otro, los de Muerza. Entre ellos, vallas y policías.

Ambos hicieron lo posible por convocar al máximo número posible de simpatizantes porque sabían que quien obtiene el control de la junta electoral tiene más fácil alzarse con la victoria en el caso de que el resultado sea ajustado y existan sospechas de fraude. Muerza no pudo frenar a Cavaliere. El veterano líder, vencedor de esta batalla, expresó su satisfacción ante los medios presentes: “Fue un gran encuentro democrático donde participaron más de 8.000 afiliados y afiliadas, 6.000 por parte de la lista Azul [la que responde a Cavalieri] y cerca de 2.000 de la lista Granate [de Muerza]”

Rechazo de la oposición

Los opositores a Cavalieri sembraron dudas sobre el proceso de votación. Muerza denunció que guardias de seguridad que responden al jefe del sindicato pusieron trabas para que muchos afiliados ingresasen en el lugar. “Cavalieri se reunió con [Mauricio] Macri porque quiere de nuevo hacer trampa”, advirtió Muerza. Este candidato, que hizo carrera sindical en los supermercados Coto, reiteró que la elección de 2018 no fue transparente.

Cavalieri lleva en el cargo desde 1985 y desde allí, a lo largo de estas cuatro décadas, ha visto pasar a once presidentes de Argentina. Como parte de los Gordos, como se conoce en Argentina a los poderosos sindicalistas peronistas, se ha sentado a negociar con todos los jefes de Estado que han gobernado el tiempo suficiente y pretende hacerlo también con el vencedor de las elecciones presidenciales de 2023.

La tasa de sindicalización de Argentina -de casi el 28%, según la Organización Internacional del Trabajo- es muy superior a la de Chile (17,1%), más del doble que la de Brasil (13%) y está aún lejos de la de otros grandes países de la región como Colombia (4,7%).

Gran parte del poder de los sindicatos argentinos viene de la riqueza que han acumulado por controlar un sistema de salud propio del que dependen más de 15 millones de argentinos. Ningún Gobierno los quiere tener en contra y con todos negocian fondos para las obras sociales y subidas salariales a cambio de paz social. Comercio, por ser el sindicato más numeroso, es también el que tiene una de las mayores cajas.

El sistema de las obras sociales permite que millones de argentinos accedan a servicios médicos, pero a la vez es fuente de numerosas corruptelas y denuncias de enriquecimiento ilícito de los principales sindicalistas, entre ellos también Cavalieri.

En los años setenta, el Sindicato de Empleados de Comercio lo expulsó por una denuncia por estafa en un plan de viviendas, pero logró volver y acumuló más y más poder hasta llegar a la secretaría general. En la década de los noventa, Cavalieri estuvo procesado por amenazas a un periodista que investigaba su abultado patrimonio. La acusación más reciente es de 2018: fue imputado por el presunto delito de “administración fraudulenta” de 50 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares al valor de ese momento) en la obra social del gremio, Osecac.

Las denuncias judiciales y las acusaciones públicas no le han hecho mella: a sus 86 años se prepara para volver a ser reelegido.

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