El próximo día 29, cuatro ingenieros sentarán en el banquillo de los juzgados de Cartagena (Murcia) a responsables de Navantia y sus empresas subcontratistas: uno las demanda por despido y tres por traslado forzoso. Es probable, sin embargo, que los tres últimos juicios no se celebren: después de que la Justicia congelara cautelarmente sus traslados al Puerto de Santa María (Cádiz) y Ferrol (A Coruña), han sido despedidos y sus empresas han pedido el archivo de la causa porque, alegan, no tiene sentido seguir debatiendo su movilidad laboral cuando ya están en la calle.
El jefe de una de las subcontratas, Quest Global Engineering, lo dijo con toda claridad en una conversación que ha sido aportada al Juzgado: “Me han prometido que, si quitáis la denuncia, seguiréis dónde queráis. […] Lo que pasa es que Navantia este caso lo va a usar como escarmiento porque se le complica la vida”. En otra grabación, se escucha al director de la misma empresa anunciar a uno de sus empleados: “Recursos Humanos de Navantia nos ha pedido que no vayáis a trabajar. Nos han comunicado que mientras tengáis la demanda interpuesta no vais a estar en Navantia, ni en el arsenal”.
El caso se inició el pasado 4 de noviembre, cuando 14 ingenieros de cuatro subcontratas, tras llevar años trabajando en el astillero público, acudieron al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Cartagena para presentar una demanda por “cesión ilegal” de trabajadores; es decir, por externalizar la contratación de empleados para puestos estructurales.
Inicialmente, los que suscribían la demanda eran 14, pero siete se echaron atrás “por temor a sufrir represalias y por no aguantar las presiones”, según la primera sentencia dictada sobre el conflicto, que ha originado una multitud de procesos todavía en curso, del Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena.
Solo tres días después de presentar su escrito, responsables del Departamento de Sistemas de Control del Astillero les comunicaron que “era imprescindible que desistieran de la acción emprendida para continuar prestando servicios, pues de lo contrario habría consecuencias”. Incluso, agrega la sentencia, recibieron un ultimátum de 24 horas: “El plazo para remitir el desistimiento a la Dirección de Recursos Humanos de Navantia terminaba el viernes 9 [de noviembre], anunciando que quien persistiera con su acción no podría continuar trabajando la semana siguiente”.
Uno de los que desoyó la advertencia fue Alberto B. El 19 de noviembre, los vigilantes de Seguridad de Navantia le retiraron la tarjeta de acceso al astillero, en el que llevaba trabajando más de tres años y medio, y lo mandaron a una dependencia exterior.
El 12 de diciembre, se reunió con los máximos responsables de Soologic, la subcontratista de la que dependía, quienes le ofrecieron hablar por teléfono con el responsable de Recursos Humanos del astillero. Según la sentencia, este le dijo “que, si quería seguir trabajando, estaba obligado a desistir [de la demanda] y le anunció que, pese al resultado del pleito, no iba a trabajar en Navantia, porque había decidido ejemplarizar con los siete para evitar futuras demandas de otros subcontratados”.
El 26 de diciembre, su empresa comunicó a Alberto B. que, “por razones productivas y organizativas”, su puesto de trabajo se trasladaba por tres meses prorrogables a Sevilla, a 600 kilómetros de distancia. El 11 de diciembre, Soologic contrató a otro ingeniero para sustituirlo en Cartagena.
El juez cree que, con la complicidad de la subcontratista, Navantia desarrolló “toda una conducta empresarial dirigida a cercenar un derecho fundamental”, ya que “el trabajador no puede ser objeto de represalia por el mero hecho de ejercer una acción legal amparada constitucionalmente”.
De los siete ingenieros que mantuvieron la demanda, dos fueron inmediatamente despedidos y los otros cinco fueron objeto de traslados forzosos. Ocho meses después, el único que no está en el paro es Alberto B., a quien Navantia y la subcontratista deben reincorporar en su puesto e indemnizar con 6.251 euros.
Fuentes del astillero público sostienen que los siete buscaban un “atajo” para entrar en la empresa, saltándose las vías previstas en el plan estratégico pactado con la SEPI —la sociedad estatal de participaciones industriales, a través de la cual el Estado controla el 100% de Navantia— y los sindicatos. Dicho plan contempla la incorporación de 1.658 trabajadores. Además, se trataba de evitar un precedente al que pudieran acogerse los 300 ingenieros y más de un millar de trabajadores de las subcontratas del astillero.
El caso, sin embargo, trasciende ya lo laboral. El abogado de los siete denunciantes, Andrés Galán, prepara una querella criminal contra Navantia y su responsable de Recursos Humanos. Amparándose en lo que han dicho los jueces, les acusa de coacciones e intimidación para impedir el ejercicio de derechos constitucionales.
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