La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló el martes la personalidad jurídica de seis organizaciones no gubernamentales por incumplir la legislación nacional, un movimiento que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció como una “estrategia de exterminio” de las ONG en el país.
Desde las protestas sociales de 2018, Nicaragua ha ordenado el cierre de 93 organizaciones civiles.
“El régimen de Ortega y Murillo sigue su estrategia de exterminio de las oenegés en Nicaragua”, denunció el CENIDH en su perfil oficial de Twitter, que ha resaltado que las organizaciones “tienen como objetivo velar por la niñez, las mujeres, la libertad de expresión y los Derechos Humanos”.
Así, condenó “esta acción criminal”, lo que para la organización supone “otro atropello más a la libertad de asociación en Nicaragua”: “Denunciamos a nivel internacional está violación a los Derechos Humanos de las y los nicaragüenses y llamamos a la solidaridad con este pueblo que vive sus días más oscuros”.
El CENIDH condena está acción criminal, otro atropello más a la libertad de asociación en Nicaragua, denunciamos a nivel internacional está violación a los DDHH de las y los nicaragüenses @CIDH, @OACNUDH, llamamos a la solidaridad con este pueblo que vive sus días más oscuros.
— Cenidh (@cenidh) February 15, 2022
En concreto, fueron canceladas la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (FUNDEMI); la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH); la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra; el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia; la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS) y la Asociación PEN Internacional de Nicaragua.
“De acuerdo al informe remitido por la oficina del Ministerio de Gobernación, estas seis organizaciones han incumplido con sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los Organismos sin Fines de Lucro, la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, la Ley de Agentes Extranjeros, entre otros”, detalló la Asamblea Nacional del país en un comunicado.
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En paralelo, el CENIDH confirmó este martes la condena de ocho años de la presidenta de Unión Democrática Renovadora-UNAMOS, Suyen Barahona, que fue declarada culpable a principios de febrero por atentar contra la seguridad nacional.
Hasta ahora, en el marco de los juicios a opositores que investigan delitos de traición, conspiración y corrupción en Nicaragua han sido declarados culpables hasta 19 opositores, según denunció el CENIDH.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes de que otorgará medidas cautelares a favor de los opositores Martha del Socorro Ubilla, Marlon Antonio Castellón Ubilla y Marvin Antonio Castellón Ubilla al considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
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“Según la parte solicitante, las personas propuestas beneficiarias, quienes son identificados como opositores al actual gobierno nicaragüense, estarían siendo amenazadas, y estarían sufriendo agresiones, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de autoridades estatales y paraestatales, situación que se habría agravado el tiempo”, detalló la CIDH en un comunicado.
La #CIDH otorga #MedidasCautelares para Martha del Socorro Ubilla, Marlon Antonio Castellón Ubilla y Marvin Antonio Castellón Ubilla, tras sufrir amenazadas, agresiones, hostigamientos y detenciones arbitrarias en #Nicaragua 👉🏾 https://t.co/JKttQOPuR3 pic.twitter.com/BPoDX8UKoz
— CIDH – IACHR (@CIDH) February 15, 2022
(Con información de Europa Press)