La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló este martes a la Academia de Nicaragua de la Lengua, así como a otras 82 ONG, en el marco de una campaña represiva del gobierno de Daniel Ortega amparada en una ley aprobada en abril en el país centroamericano.
De hecho, la Real Academia Española (RAE) manifestó este lunes su “profunda preocupación” por la posible cancelación de la Academia de la Lengua nicaragüense y pidió el apoyo y la adhesión de las instituciones públicas y privadas de todo el ámbito hispanohablante a fin de evitar su desaparición.
“En solidaridad con los académicos de Nicaragua, la RAE reclama este apoyo para evitar la desaparición de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que supondría un gravísimo perjuicio y una pérdida irreparable para la lengua española, hoy patrimonio común de casi 600 millones de personas en todo el mundo”, señaló en un comunicado.
Esta decisión por parte de la Asamblea Nacional, aprobada en decreto por 75 votos a favor, de la bancada oficialista del Frente Sandinista Liberación Nacional, 16 abstenciones y cero votos en contra, supone privar de personalidad jurídica a la corporación centroamericana, así como causar su desaparición después de 94 años de existencia.
“La Academia Nicaragüense es una institución fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país”, indicó en un comunicado, agregando que “es una institución fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país”.
La Academia de Nicaragua es parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y, entre los autores citados que han pasado por la institución se encuentran Rubén Darío, Alfonso Cortés, Ernesto Mejía, José Coronel Urtecho, Lisandro Chávez, Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra, entre otros.
Entre las asociaciones y organizaciones canceladas, que ya suman un total de 254, se encuentran la Fundación Enrique Bolaños, del expresidente del país, así como la Fundación INDE-Educrédito.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley en abril que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.
La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. La medida afecta también a las ONG internacionales, según la propia Asamblea.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.
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