Un juez federal negó conceder el amparo de la justicia al abogado Juan Collado para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no le entregara información de sus cuentas bancarias a la Fiscalía General de la República (FGR), dado que no existía un mandamiento judicial al respecto.
El amparo se negó en virtud de que en septiembre de 2019 la jueza de control del Reclusorio Sur, Ana Gabriela Urbina, otorgó a la FGR autorización para que la CNBV entregara la información relativa a una cuenta en BBVA Bancomer.
La solicitud de la Fiscalía abarca los períodos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013, así como del 1 de enero al 31 de diciembre 2014. La CNBV debe, por lo tanto, entregar información sobre el beneficiario de la cuenta, los números de cuenta de los movimientos realizados (transferencias, pagos de cheques), beneficiarios y los conceptos.
Juan Collado interpuso un amparo en contra de la decisión, que fue negado por el Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jorge Antonio Medina Gaona por considerar que la petición de información se ajustó a lo que en su momento autorizó la jueza Urbina.
Collado también pidió ser notificado de este tipo de diligencias, para ejercer su derecho a la defensa. En el caso concreto, señaló que se busca obtener información de terceras personas que no guardan relación con su causa.
Al respecto, el juzgador señaló que “la autoridad ministerial actuó con apego a la autorización de la técnica de investigación que se emitió el 10 de septiembre” de 2019 y que la misma no excedió sus límites en tanto “que únicamente solicitó datos bancarios complementarios relacionados con la referida cuenta bancaria del gobernado”.
Juan Collado Mocelo fue detenido en julio de 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El pasado 12 de marzo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que solicitó a las autoridades del Principado de Andorra información sobre 23 personas con cuentas en ese país, que fueron mencionadas en fechas recientes en los medios de comunicación.
“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente”, señaló en una rueda de prensa con motivo de la presentación de la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el proceso Electoral.
A finales de enero, la justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
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El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos, de acuerdo con reportado el pasado 22 de enero en el periódico español El País.
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