Organizaciones y feministas se manifestaron frente al Senado de la República para exigir que se apruebe la Ley 3 de 3, que eleva a rango constitucional la reforma que exige no ser deudor alimentario para competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
Con pancartas y playeras moradas, las integrantes del Frente Nacional Mujeres, junto con Las Constituyentes Feministas, realizaron una cadena humana alrededor del sitio en la Ciudad de México para pedir que “ningún agresor” esté “en el poder”.
Durante la protesta, la fundadora de Las Constituyentes Feministas, Indira Sandoval, pidió a los senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual sesionará este miércoles para analizar la iniciativa, que “voten por unanimidad” a favor de este dictamen “sin dilación” y dando crédito de las organizaciones de la sociedad civil.
“Voten en congruencia, que voten por romper el pacto de impunidad”, aseveró.
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Recordó que dicha norma ya es ley en 10 estados de la república y ya se ha presentado en 26 entidades.
A su vez, Julieta Lujambio, promotora del padrón del registro nacional de deudores morosos, apuntó que la legislación busca que todos los mandatarios y funcionarios “sean los mejores”. Asimismo, subrayó la importancia de su aprobación ante la proximidad de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo año.
“No se vale que ningún agresor, violentado, delincuente sexual o deudor alimentario esté rigiendo los destinos de este país”, concluyó.
El pasado 13 de abril, diputadas y Senadoras de todos los partidos entregaron la minuta de la Ley 3 de 3. La reforma plantea tres requisitos ejercer cargos públicos: que los interesados no hayan sido personas sentenciadas por ser personas generadoras de violencia contra las mujeres; que no sean delincuentes sexuales; o personas deudoras alimenticias morosas.
Esto incluye a quienes tengan una sentencia por los delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar (equiparada o doméstica), violencia la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género.
Esta propuesta sigue a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del pasado 17 de enero, en la que validó las leyes de Yucatán que exigen no ser deudor alimentario para competir por cargos públicos.
Esto después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnara la reforma estatal avalada en junio de 2022.
La decisión del Máximo Tribunal generó un precedente para que actualmente todos los estados de la república pueden establecer como requisito para acceder a cargos públicos y a cargos de elección popular el no ser deudor alimentario moroso.
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