La comunidad maya pretende detener la construcción y operación de una megagranja de cerdos en Yucatán. Según la abogada Lourdes Medina, del equipo Indignación en Yucatán, el caso es el primero en destapar la red de daño ambiental que provoca la industria porcícola en el estado, por lo que la corte podría establecer criterios progresistas respecto al medio ambiente y la protección del acuífero.
Desde septiembre de 2018, niñas y niños mayas promovieron un juicio de amparo en el que reclaman su derecho a un medio ambiente sano, su derecho al agua y su derecho como miembros de la comunidad de Homún en Yucatán, luego de no haber sido consultados respecto a la construcción y operación de una megagranja de cerdos en la zona.
En entrevista para Aristegui en Vivo, la abogada Lourdes Medina, del equipo Indignación en Yucatán, explicó que ante la acción legal de los menores, la juez IV de Distrito les otorgó una suspensión, con el fin de paralizar las funciones de la granja y evitar que se ingresaran más cerdos en lo que se resolvía el asunto.
“Diversas autoridades, el presidente municipal, el gobierno del estado a través de su secretaria en Desarrollo Sustentable así como autoridades federales como la Comisión Nacional del Agua otorgaron los permisos para la construcción y la operación de una megagranja que albergaría aproximadamente 49 mil cerdos”, dijo.
La empresa Producción Alimentaria Porcícola no tardó en impugnar la suspensión, por lo que los menores de Homún recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora ha atraído el caso.
“La Suprema Corte tiene una oportunidad histórica de establecer criterios y posicionarse como un tribunal progresista en cuando a los elementos para aplicar el principio precautorio para proteger el medio ambiente sano”, señaló.
Agregó que el caso de Homún es emblemático en la Península de Yucatán porque se trata del primero en destapar la red de daño ambiental provocado por la industria porcícola en el estado. Además, deja en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el acuífero maya.
Lourdes Medina explicó que lo primero se debe a la desmesurada concesión de permisos para extracción de agua que ha hecho Conagua en la zona y, dos, porque por la situación y naturaleza del suelo lo hace vulnerable a contaminación por aguas residuales.
La península desde hace unos años se ha vuelto una joya para las inversiones y los megaproyectos, señaló Medina, pero no consideran la participación como sujetos de derecho del pueblo maya.
