Al menos 12 menores han sido separados de sus madres o familiares tras llegar en patera a las islas Canarias por decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, según ha adelantado la Cadena Ser. El criterio de la Fiscalía pretende evitar situaciones como la trata de menores ante la posibilidad de que las mujeres que llegan con los niños no sean realmente sus madres, si bien el protocolo de atención a los niños migrantes establece que la separación del menor de los que alegan ser sus familiares directos solo debe hacerse en caso de “riesgo inminente”. La separación se mantiene a la espera de la realización de pruebas de ADN que deben demostrar su vínculo familiar cuando no hay documentación que lo acredite. Este procedimiento se demora más allá de las dos semanas, que debería ser el plazo medio habitual, y está manteniendo distantes a madres e hijos hasta tres meses.
La Fiscalía General del Estado ha afirmado este miércoles en un comunicado que la instrucción de la fiscalía de Las Palmas de separar a los menores surgió de la constatación, desde finales de 2019, de desapariciones “en un número alarmante de casos” de menores junto a las que decían ser sus madres. Estas desapariciones se producían antes de recibir el resultado de las pruebas de ADN, pruebas que, según la fiscalía, demostraban después que no existía vínculo biológico entre ellos. Se trata, dice la nota, de un criterio de “carácter temporal”, aunque reconoce que la notificación de los resultados de las pruebas sufren “grandes retrasos”.
Yaiza Martín, trabajadora de Misión Cristiana Moderna, una iglesia evangélica de Fuerteventura que ha asumido la acogida de migrantes a las islas, ha explicado a la agencia Efe que lleva más de dos meses escuchando llantos y súplicas de madres que han visto cómo son separadas de sus hijos, algunos de dos y tres años, y que han sido acogidos en otras instalaciones. “Cuando llegan a puerto, a los niños los envían a centros de menores y a los adultos a una nave en el muelle (donde les hacen la PCR y filiación); luego a otra nave a pasar la cuarentena de la covid y después al albergue, pero a los niños no se los devuelven hasta que no salga la prueba de ADN, que suele tardar entre tres y cuatro meses”. Las madres “viven esto de forma muy dramática, porque no saben dónde acudir”, dice Martín. “Es muy duro que estos niños, que llegan de una travesía por el Atlántico, que es una travesía super peligrosa, llegan a puerto y que los separan de sus madres”, ha asegurado Gemma Martínez, viceconsejera del Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, en declaraciones a la Cadena Ser.
La cuestión ha llevado al Gobierno de Canarias y a la fiscalía a tejer un enredo competencial. La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, ha denunciado este miércoles en el Parlamento autonómico que la directriz de la Fiscalía de Las Palmas vulnera los derechos de los niños. Serrano ha defendido que “hay que parar con esto”. La Fiscalía, sin embargo, mantiene en su comunicado que la instrucción supone “únicamente” la puesta de los menores a disposición de los órganos autonómicos de protección de la infancia, que son los que deben valorar la conveniencia de mantener la separación o de reagrupar a los menores con sus familiares. De cualquier forma, la Fiscalía, como reconoce su estatuto orgánico, es responsable de garantizar que se priorice el interés superior del menor.
El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha afirmado este miércoles que se está estudiando el proceder de la Fiscalía de Las Palmas en cuanto a la separación de los menores hasta comprobar su filiación. “Estamos analizando la situación creada” y reevaluando si es proporcionado o no separar a los niños de sus madres”, ha dicho.
La separación de los menores de sus familiares y el retraso de las pruebas de ADN es una constante en los informes del Defensor del Pueblo, que destaca de forma habitual situaciones de distanciamiento prolongado de padres e hijos que cruzan la frontera de Melilla siguiendo el criterio del Gobierno de la ciudad autónoma. También en estos casos, la separación, lejos de ser temporal, se prolonga meses. “El Defensor del Pueblo considera excesiva la demora en la remisión de los resultados, lo cual denota la necesidad de mejorar y agilizar los procedimientos incoados para la identificación de menores acompañados”, sostiene el informe de 2019.
Aun existiendo la posibilidad de un engaño que pueda esconder posibles fines delictivos, los datos muestran que son muy pocos los casos en los que las pruebas revelan que el adulto no tiene el parentesco que dice tener con el menor. Según los datos provisionales de 2019, facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al Defensor del Pueblo, se localizó a 416 menores que, acompañados de adultos, intentaron acceder irregularmente a territorio nacional en patera. Ese año, se realizaron 651 pruebas de ADN para acreditar el vínculo de filiación, de las que 39 fueron negativas y 38 estaban pendientes.
Las pruebas de ADN a los menores que entran de forma irregular en España con adultos que no puedan demostrar su vínculo familiar comenzaron a realizarse en 2013 tras una recomendación del Defensor del Pueblo que alertaba de riesgos como la trata, las adopciones ilegales o incluso el tráfico de órganos. La institución, sin embargo, siempre ha recomendado que se habiliten centros específicos donde, en coordinación con los servicios sociales municipales, se realice un seguimiento estrecho del vínculo de la persona adulta con el menor mientras aguardan juntos el resultado de las pruebas que determinen su parentesco.
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