Para el ex investigador de la Contraloría de Colombia, Luis Jorge Garay, el combate a la criminalidad mediante estrategias policiales y militares no desmonta los factores estructurales de la criminalidad
Para enfrentar a las redes del crimen organizado es necesario crear una estrategia de inteligencia que permita atacar sus eslabones financieros, así como adecuar los marcos jurídicos ante el avance del capitalismo que ha provocado que corporaciones legales auspicien actividades ilícitas, según el exinvestigador de la Contraloría de Colombia, Luis Jorge Garay.
Durante su participación en la Mesa de Análisis de Aristegui En Vivo, el especialista colombiano señaló que el combate a la criminalidad mediante estrategias policiales y militares no desmonta los factores estructurales de la criminalidad, como los eslabones financieros de las organizaciones.
“La victimización masiva que está viviendo México, que ha vivido y sigue viviendo, guardadas las proporciones Colombia, no se soluciona solamente con la fuerza pública ya sea policial, de guardia civil o militar, tiene que haber un desmonte de los factores estructurales que auspician y motivan la reproducción de estas formas de violencia”, apunto.
En ese sentido, Garay explicó que no hay una receta de Colombia para México, pues el país sudaméricano pasó de una guerra contra dos grandes cárteles a “mini cárteles”, grupos criminales que cooptan proyectos políticos regionales.
“Estamos entrando a un nuevo círculo de violencia y de cooptación regional, muy diferente al que vivimos en los 2000 y 90s, pero con los mismos efectos institucionales perniciosos“, agregó el invitado a la Mesa de Análisis, donde participan Gabriel Reyes Orona y Alfredo Figueroa.
Para el ex investigador de la Contraloría colombiana, tanto en México como en Colombia se ha entrado en una nueva etapa que llama “macrocorrupción”, un fenómeno que surge a partir de la vinculación entre actividades criminales y empresas privadas o estructuras políticas como se comprobó con el caso Odebrecht en varios países de América Latina.
“En la medida que va avanzando el capitalismo actual hemos ido encontrando que algunas corporaciones legales están cada vez más imbricadas con fenómenos de ilegalidad que ayudan o auspician la reproducción de actividades abiertamente ilícitas y criminales”, dijo.
Por ejemplo, explicó que las nuevas formas de lavado de dinero no pasan directamente por el sistema financiero, sino que las corporaciones criminales blanquean directamente en la actividad comercial en bienes que no son ilícitos.
Ante este mecanismo, Garay dijo que se necesita reforzar una unidad independiente de análisis financiero que no tenga un propósito recaudatario y un marco legal “oportuno y preventivo” sobre el congelamiento de activos.
En ello coincidieron, Figueroa, y el ex procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, quien señaló que a diferencia de Colombia, los cárteles en México conformaron un sistema financiero propio que no se ha tocado.
“En México, los cárteles tienen un sistema financiero propio en el cual han podido integrar otros negocios como la piratería, la trata de blancas, el cobro de derecho de piso y se ha vuelto una industria que tiene un canal financiero que no se ha tocado”, dijo Reyes Orona.
Y propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) salga de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para convertirse en un organismo autónomo.
“Tenemos que darnos cuenta que el tráfico de personas, bienes y otros efectos debe tener un control separado del meramente recaudatorio”, apuntó el ex procurador fiscal.
Por su parte, el ex consejero electoral del IFE, Alfredo Figueroa, señaló que la fragmentación de los cárteles en México ha incidido en el aumento de la violencia en algunas partes del país, pero coincide en que hay empresas privadas que se han vinculado a actividades criminales como en el caso Odebrecht.
Aquí la primera parte de la Mesa de Análisis: