La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el delito de ataque a vías de comunicación por el desplome del helicóptero en el que viajaba el Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, provocando su muerte y la de cuatro personas más el pasado 17 de noviembre.
No obstante, la dependencia aclaró que hasta el momento y tras los primeros peritajes realizados a la aeronave siniestrada, “no se han encontrado vestigios de algún impacto producido por arma de fuego en los restos de la aeronave” siniestrada en el municipio de Jesús María en Aguascalientes.
La FGR respondió así a la versión de un testigo que afirma haber visto a un grupo de seis a siete motociclistas disparando contra la aeronave “Águila 1” y que uno de los proyectiles habría impactado en una hélice, derribando al helicóptero del gobierno de Aguascalientes.
El mismo testigo aseguró que los hechos se habrían originado en la comunidad de San Antonio de Los Horcones en el ayuntamiento de Jesús María, donde previamente se habría realizado un operativo.
Sin embargo, el gobierno estatal desmintió los hechos y atribuyó la presencia de elementos armados en la zona a un operativo de “blindaje” que el propio gobierno de Aguascalientes preparaba en la frontera de la entidad con Jalisco y Zacatecas, lugar a donde se dirigía el fallecido ex funcionario con su comitiva de seguridad.
A través de un comunicado, la FGR explicó que su delegación en Aguascalientes abrió una carpeta de investigación “inmediatamente después de que ocurrió el accidente aéreo del helicóptero” propiedad del gobierno de esa entidad para indagar los posibles delitos que se pudieron haber cometido conforme a lo que marca el Código Penal Federal (CPF), señalando que una de las hipótesis que se indagan es “el uso de explosivos o materias incendiarias” que pudieran haber provocado la destrucción de la aeronave.
La dependencia agregó que de acuerdo con dicha norma, la investigación se inició por el delito de ataque a “Ataques a las Vías de Comunicación y Violación de Correspondencia” previsto en el artículo 170 del CPF.
El citado artículo señala que comete el delito de “Ataques a las Vías de Comunicación” quien o quienes “empleando explosivos o materias incendiarias, o por cualquier otro medio destruya total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, alguna plataforma fija, o una nave, aeronave, u otro vehículo de servicio público federal o local, o que proporcione servicios al público”.
De acuerdo con el CPF, el responsable o los responsables de esta conducta ilícita, se pueden hacer acreedores a penas que van de los veinte a treinta años de prisión.
Además, la FGR detalló que también se investiga el delito de daño en propiedades ajena estipulado en el artículo 399 del Código Penal Federal, el cual establece que se comete dicho ilícito “cuando por cualquier medio se causen daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero”.
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Las penas para este caso, son las mismas que se prevén para el delito de robo simple, es decir, sanciones que van de dos a cuatro años de prisión, dependiendo del monto de lo robado.
Por lo anterior, la FGR detalló que tras el inicio de la carpeta de investigación correspondiente y en colaboración con la Fiscalía de Justicia de Aguascalientes, se realizaron los primeros peritajes en materia de aeronáutica civil, criminalística de campo, incendios, seguridad, genética y balística.
También sé procesó el lugar de los hechos conforme a la cadena de custodia y se realizaron entrevistas con testigos; además de obtener de videos del C-5 y C-4 correspondientes a la zona del siniestro.
Así, uno de los primeros resultados de estos peritajes es el siguiente, según la Fiscalía:
Los primeros peritajes indican que no se han encontrado, hasta el momento, vestigios de algún impacto producido por arma de fuego en los restos de la aeronave.
Finalmente, la FGR adelantó que conforme se vayan obteniendo más pruebas e información que pueda ser difundida sin poner en peligro la investigación, se dará a conocer de forma inmediata.
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