El debate sobre la idoneidad de la jornada escolar continua frente a la interrumpida, con sus beneficios y perjuicios sociales, familiares y pedagógicos en función del ángulo desde donde se analice, siempre estará sobre la mesa. Es habitual que suscite polémicas, puesto que la diversidad de situaciones provocará un posicionamiento dispar. Y más si se tiene en cuenta que en el fondo hay aristas plagadas de intereses, muchos incluso más cercanos a la lógica del mercado que a la búsqueda del bienestar de la infancia y su relación con el aprendizaje.
Lo que está claro es que la elección de una jornada u otra es parte de la idiosincrasia de los centros y sus proyectos educativos en cuanto a los servicios que ofertan, dentro de esa lógica de intereses mencionada. Eso ocurre cuando la jornada es partida, que antes de la pandemia era más habitual que ahora, por ejemplo, en los centros privados: en un modelo mixto como el español, muchas familias eligen centro en función de si ofrece esta forma de organización o no para adaptarlo a diferentes circunstancias, enlazada a otros pluses como el comedor, las actividades extraescolares o el transporte escolar.
Aunque no debiera ser así, las clases con interrupción a la hora del almuerzo y continuación por la tarde facilitan la adecuación a las amplias jornadas laborales, una realidad que no es fácil cambiar dadas las precarias políticas de conciliación en nuestro país. Pero si ponemos sobre la mesa los factores pedagógicos, en donde se observa disparidad en las evidencias científicas existentes, veremos que hay otros vértices: según el estudio Panorama de la educación Indicadores de la OCDE, de 2021, España tiene más horas de clase que la media de países de la Unión Europea. Solo en los primeros años de la ESO se supera en más de 130 horas la media de la OCDE. Con esas cifras, la ampliación del tiempo que pasa un estudiante en la escuela pudiera presentar, así, una elevada incidencia en su agotamiento, lo que influye directamente en su rendimiento, en un país en el que los porcentajes de abandono escolar y repetición, aunque mejoran, siguen preocupando, además de la sobrecarga de deberes que muchas veces se tiene.
Por otro lado, plantear el asunto solo en términos de derechos laborales del cuerpo docente empobrece la perspectiva y ofrece visiones sesgadas sobre las funciones del profesorado, muy alejadas de las características del trabajo del resto de funcionarios. Así, el mismo informe anterior plantea que en España más de la mitad del horario de un profesional de la educación –el 53%, en concreto– no está destinado a la impartición de clases, sino que se distribuye en labores que, en un grueso importante, realiza en su casa u otros espacios, como pueden ser la planificación de la docencia, la formación o la corrección de pruebas y trabajos.
Por ello, es arriesgado deducir de forma taxativa que hay intereses exclusivamente gremiales del profesorado para que se mantenga la jornada ininterrumpida, cuando, tras acabar las clases, su trabajo sigue en otras muchas parcelas. A ello se suman los efectos de la educación híbrida, que lleva a que enseñantes y estudiantes pasen en la actualidad un ingente número de horas conectados a través de plataformas virtuales. Muy preocupante.
Y es preocupante también porque, con todo ello, recuperar un planteamiento de organización escolar que se decante de forma unilateral por el turno interrumpido se va a unir a los efectos negativos que la pandemia ha dejado sobre la salud mental infantil y juvenil. En ello también interfiere, según datos del estudio Estado Mundial de la Infancia 2021, de UNICEF, la presión excesiva de los exámenes u otras formas de estrés que se dan en el seno escolar, aspectos que sí deben ocupar una porción del debate, y no la petición de un incremento de horario escolar sin garantías de mejora en el bienestar de los menores y solo porque así se da en otros lugares de Europa, además con medidas de conciliación más avanzadas.
Como el debate está marcado en gran medida, una vez más, por las imposiciones de las estructuras del mercado laboral a los planteamientos educativos, es en ese ámbito en donde habrá que buscar soluciones, y no en el terreno de una escuela sobre la que no hay suficientes estudios sólidos, reitero, que avalen las ventajas académicas de la actividad lectiva diaria interrumpida. En un país en el que aún abundan las jornadas de trabajo de mañana y tarde, las medidas públicas deben encaminarse más al adelanto de la finalización de los horarios laborales o su flexibilización, políticas hacia la que avanzan los países más desarrollados.
Que reflore, así, el interés por que la escuela interrumpa la jornada diaria para ampliarla por la tarde, debe llevarnos a una reflexión profunda sobre las intenciones que se mueven detrás, y hasta qué punto estas nos hacen progresar en derechos sociales o, en cambio, retroceder hacia otro tipo de ideología: aquella que reconduce el debate sobre educación al territorio de la productividad y no al del beneficio pedagógico, que es de donde nunca debió salir.
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