El pasado viernes 22 de abril, el gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley para retirarle a Walt Disney su estatus legal especial de autogobierno en el estado, que lleva 55 años activo, luego de que la empresa se opusiera a la ley conocida como “No digas gay”.
A poco menos de un mes del inicio de la disputa política-cultural entre el gobierno floridense y el gigante de entretenimiento, DeSantis aprobó una nueva ley en relación a los distritos especiales del Estado con la que se espera que Disney sufra enormes implicaciones fiscales. Entre éstas, la generación de impuestos más altos a la empresa y residentes de los condados de Orange y Osceola.
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Scott Randolph, recaudador de impuestos del condado de Orange, dijo a The Washington Post que la eliminación del estatus especial de la compañía implicaría el aumento de impuestos a sus habitantes, puesto que “el condado se quedará atrapado con 164 millones de dólares o más al año en gastos sin ingresos”.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la conferencia de prensa en Mater Academy Charter Middle/High School en Hialeah Gardens, Florida, donde firmó el proyecto de ley de distritos especiales. Foto: Twitter (@GovRonDeSantis)
La ley que entrará en vigor en junio de 2023 fue firmada vía exprés; el proyecto fue presentado el pasado martes y aprobado el jueves en la Legislatura.
Esta medida es vista como una represalia a las críticas negativas y oposición por parte de los ejecutivos y algunos trabajadores de Disney a la ley bautizada como “No digas gay”.
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De momento, el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense no se ha pronunciado sobre esta ley.
Desde 1967, el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek (RCID, por sus siglas en inglés), como se le conoce al gobierno de Disney, podía recaudar impuestos además de aprobar códigos de construcción y controlar los servicios públicos dentro de su territorio.
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