La cirugía de muñeca de María Isabel Ruiz no era urgente: lleva más de un año esperando. La operación de tobillo de Manuel Facal no era urgente: siete meses sin que le llamen. La de varices de Consolación Crespo no era urgente: 16 meses de demora para una cita. Las intervenciones que no ponían en peligro la vida de los pacientes se pospusieron durante los momentos más críticos de la pandemia para que los equipos de los quirófanos pudieran servir de UCI a los enfermos de covid. Ahora, la primaria se ha saturado y forma un embudo que repercute también en las citas con los especialistas. Estos tres (y otros muchos) ciudadanos lo han pagado con meses de una espera en la que no pueden trabajar, caminar o hacer una vida normal. Nada urgente.
Facal, de 74 años, decidió acudir a la privada después de tres meses esperando y 10 kilos ganados por no poder caminar. “Yo no paraba en casa, hacía todos los días 10 o 12 kilómetros”, relata este lucense de 74 años. Tras la intervención sigue con muletas, pero va poco a poco mejorando. “Me costó 5.000 euros, pero se me estaba poniendo el tobillo como un elefante y venía de un año de retraso en una colonoscopia, 16 meses para una revisión de corazón… No podía esperar indefinidamente a esto también”, relata. A día de hoy todavía no lo han llamado de su hospital, siete meses después de que le pusieran en la lista de espera para la operación de tobillo que ya no se realizará en la pública. “Ellos [se refiere al circuito público] no saben que ya lo arreglé”, explica por teléfono.
La sanidad pública parece lejos de reponerse del golpe de la pandemia, pese a que los hospitales ya trabajan en práctica normalidad, sin grandes lastres por culpa de la covid, que solo ocupa un 1,5% de las camas y un 4,3% de las unidades de cuidados intensivos. No existen datos recientes de las listas de espera en toda España: los últimos, publicados en junio, son referidos a diciembre de 2020, cuando las cirugías se demoraban una media de 148 días, 27 más que un año antes (un 18% de aumento) y el tiempo medio para ser atendido por el especialista creció de 88 a 99 días (12,5% más).
Como explicaba este periódico en un reportaje publicado el 5 de noviembre, estas cifras ocultan enormes diferencias entre comunidades y dentro de cada una de ellas, ya que cada hospital público y área de salud de España tienen sus propios circuitos asistenciales: “La espera quirúrgica, por ejemplo, oscilaba en diciembre de 2020 de los 60 días en Asturias a los más de 280 de Castilla-La Mancha”. Habrá que esperar previsiblemente unas semanas hasta que el Ministerio de Sanidad publique cifras más actualizadas, aunque van siempre con seis meses de retraso: las próximas mostrarán la situación de junio.
En Castilla-La Mancha, en concreto en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), vive María Isabel Ruiz, de 32 años. Es peluquera, pero ha tenido que dejar de trabajar porque el dolor que tiene en el brazo izquierdo no le permite sujetar el secador. “No puedo hacer un peinado, se me cae de la mano”, explica. Su problema empezó hace seis años: un dolor que iba desde el codo hasta la muñeca le ha tenido desde entonces del neurólogo al traumatólogo, ida y vuelta. No conseguían dar con el problema y ha pasado incluso por el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde le hicieron “dolorosísimas” pruebas.
La decisión de los doctores llegó en septiembre de 2020: había que abrir la muñeca para tratar de aliviar un nervio dañado. Desde entonces, no sabe nada y ha perdido su trabajo en la peluquería porque no lo podía seguir ejerciendo. “Estoy cada vez peor, cada vez más débil, con la mano izquierda cada vez más inútil. Y soy zurda”, lamenta. Lleva más de un año esperando una llamada que no llega, con la esperanza de solucionar un problema que arrastra desde los 26 años. Su optimismo es relativo: los propios médicos le confesaron que no sabían si podrían arreglar su problema. “Me dijeron que mirarían en la muñeca y que si no se solucionaba igual me tenían que operar el codo”, cuenta.
Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, asegura que hay un problema generalizado de acceso que va desde la atención primaria hasta las cirugías, pasando por las citas con especialistas. “Es un problema que lleva años incrementándose y que con la pandemia se ha desbocado. Hace falta más personal: entre 20.000 y 30.000 sanitarios, y recuperar las camas que se han ido cerrando, que han sido 5.000 entre 2014 y 2019″, señala.
Las demoras están echando a algunos pacientes del sistema público: los seguros privados, que llevan una década creciendo en España, batieron su récord en 2020, el primer año de la pandemia, con una subida de un 4,4%, la mayor en 10 años. Esto permitió superar por primera vez los 11 millones de pólizas contratadas, según la patronal Unespa. “No hay más que ver los anuncios en televisión y radio para darse cuenta de que están viendo una oportunidad con el deterioro de la pública. Pero, ojo, también aquí se está notando la saturación porque no tienen medios suficientes para sustituirla”, apostilla Sánchez Bayle.
Consolación Crespo González, de 59 años, está sopesando esta posibilidad. “No me dejan otra opción que buscarme un médico de la sanidad privada”, dice esta mujer, que mitiga como puede en su domicilio de Quesada (Jaén) los dolores cada vez más intensos que le producen las varices en su pierna izquierda. Pero, mientras tanto, ya empieza a buscar otras alternativas, después de que en octubre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía le enviara una cita para su especialista de cirugía vascular para el 21 de febrero de 2023, es decir, más de 16 meses de espera.
“Esa cita es para que me vea el especialista en Jaén [a 100 kilómetros de distancia], pero mucho me temo que luego habrá que esperar aún más para la operación”, asegura, un tanto desesperada, esta paciente, una más de los miles que en Andalucía están recibiendo citas para atención primaria y especialista con una espera de hasta un año y medio.
Tan inexplicable resulta esta situación que Consolación Crespo señala que hasta en el centro de salud de su pueblo le han sugerido que se vaya buscando un médico privado. “No me va a quedar otro remedio porque si espero la cita, más el tiempo posterior para la operación, quién sabe cómo tendré la pierna, casi para cortármela”, dice, un tanto perpleja, esta paciente que dice sentir vergüenza ajena del estado de la sanidad pública andaluza, de la que ella es una gran defensora.
Infradiagnóstico de cáncer
Las operaciones oncológicas sí se han mantenido durante la pandemia. Incluso en los peores momentos, eran algunas de las intervenciones que se consideraban “no demorables”. Estas sí eran urgentes. Pero para llegar a esa lista primero hay que detectar el tumor. Y los retrasos en los especialistas no ayudan al diagnóstico temprano, una de las mejores armas para curar el cáncer. Julieta, sevillana de 23 años, lleva siete meses esperando para una ecografía de mama por un bulto que le detectaron en mayo. “Ahora, tras estar dos meses con vómitos, reflujo y perder cinco kilos, llevo dos meses esperando que me llamen para una gastroscopia”, explica.
Según un estudio de varias sociedades científicas españolas, los nuevos diagnósticos oncológicos cayeron un 21% durante la primera ola. Y no precisamente porque haya menos cáncer: las pruebas para detectar posibles tumores, como las citologías, bajaron hasta un 30%. La Organización Europea del Cáncer calcula que alrededor de un millón de casos han podido quedar sin diagnosticar en el continente. Además de la saturación, el miedo a ir a los hospitales también tiene un papel en estas demoras, según apuntan los expertos. Es un temor que ya se está perdiendo. Pero las listas de espera continúan.
Será una de las facturas que la pandemia pasará con retraso. Una vez pasada la inmediatez de la urgencia, la saturación de las UCI y las muertes causadas directamente por el coronavirus, habrá que seguir evaluando durante años el efecto dominó que deja en forma de falta de prevención con una primaria maltrecha, infradiagnósticos, ingentes listas de espera, pérdida del seguimiento de enfermedades crónicas o problemas en la salud mental. Los suicidios, sin ir más lejos, repuntaron en 2020 con un crecimiento de un 7,4% con respecto al año anterior, según cifras publicadas esta misma semana por el INE.
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