El presidente Andrés Manuel López Obrador pudo hacer una consulta para preguntar si la gente quería enjuiciar a los expresidentes, pero no pudo hacer ese mismo ejercicio para tratar la regulación de los precios del gas, acusó el ingeniero Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México.
En entrevista para Aristegui en Vivo, se refirió a lo que este miércoles delineó el primer mandatario respecto a posibles denuncias contra distribuidores y comisionistas que se nieguen a ofrecer el servicio, luego de estos pararon en protesta por lo anunciado desde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) respecto a los precios en las 145 regiones seleccionadas como parte del nuevo esquema.
Expuso que al no haber condiciones en las cuales operativamente puedan trabajar, lo que hicieron fue suspender sus actividades, pero aclaró que esto no significa una huelga o paro, porque ellos no tienen la facultad de hacer eso.
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“No estamos bloqueando plantas, a quienes se refiere la Amexgas es a quienes están en el ambiente clandestino, quienes no tienen registro ni autorización ante la Secretaría de Energía, aquellos que pueden vender huachigás, que son el brazo armado y cobran derecho de piso. Antes éramos tan libres que podíamos ir de Ecatepec a la zona norte y de ahí a la oriente, ahora esta es de las más vulnerables porque no podemos entrar si no se pide permiso o se paga una cuota para que no te incendien la pipa o te lastimen”.
“Se ha hecho una suspensión al declararse inoperantes por el costo de hidrocarburo. No somos nosotros los distribuidores de gas quienes decimos ‘no salgas a trabajar’; no tenemos esa facultad, caeríamos en un delito. Nosotros lo que hicimos fue no operar y las plantas que no tienen capacidad de llegar a los consumidores sin ese parque vehicular, se declaran inoperantes hasta llegar a un acuerdo”.
Rodríguez explicó que la Unión de Gaseros del Valle de México representa a los 8 mil autotanques que llevan la movilidad de ese combustible a los hogares del país. Indicó que todas las unidades están registradas ante la Secretaría de Energía; asimismo comentó que cada una tiene un chofer y ayudante, por lo que en total la planilla consta de 16 mil personas.
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“Las compañías autorizadas, al igual que los autotanques, somos permisionistas autorizados por la Secretaría de Energía, que nos da el alta y permite transportar este material. No somos parte de la planilla de la empresa, no somos de la parte nominal, no somos empleados de ellos. Lo que hacemos, como un aliado estratégico comercial en algunas de las marcas y razones sociales que no cuentan con todo el parque vehicular, es ganar una comisión”, precisó.
Indicó que la comisión por transportar el gas depende del volumen de venta, pero que esta podría oscilar entre entre el 10, 15 y hasta 20 por ciento; esto equivale a que tenían un margen de operación de entre 2, 2.50 y hasta 4 pesos. Sin embargo, apuntó, con las medidas tomadas desde el Gobierno de México, esta comisión quedó reducida a 30 centavos por litro.
“Necesitaría vender 5 mil o 6 mil litros diarios de gas para poder mantener el costo de los tripulantes de la pipa, los costos de operación”, dijo. “En el momento que el Gobierno crea y emite la directriz de emergencia para el bienestar de los consumidores finales del gas LP, amanecemos con la noticia de que es un precio regulado nacional y nos da mucho gusto, porque también somos consumidores. Desafortunadamente, en este modelo de negocio, las plantas a las cuales distribuimos su producto, nos llegó la sorpresa de decir: ‘están ustedes fuera del negocio porque este margen de costos no permite tener ninguna operación para ustedes’”, enfatizó.
“Ahora nos obliga a dar y repartir un producto que nunca hemos dejado de repartir. ¿Cómo vamos a sostener las unidades? Estamos en contacto con las plantas para llegar a una negociación invitándolos a que nos participen económicamente de una porción del costo del gas para poder operar”.
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El presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México sostuvo que ellos están de acuerdo con que el costo del gas baje; no obstante, consideró que el órgano federal tenía que voltear a ver con una lupa de mayor observación a las plantas.
“Nosotros solamente somos portavoces del precio del gas, nosotros no somos quien rige el costo, somos los portavoces, la planta nos indica cuál es el precio al que se tiene que vender al consumidor y es supervisado por Profeco. Nosotros no podemos manipular el precio del gas, entonces no podemos ser los verdugos de esta historia, no podemos ser quien quedó eliminado del último eslabón productivo del gas. Nosotros somos quienes distribuimos el gas a los hogares, no quienes regimos el precio”, atajó.
“Son las plantas las que tienen que ser observadas, hoy día nos cargan esa responsabilidad, nos hacen corresponsables de este delito y nosotros no podemos incurrir en esa falta porque nosotros no tenemos cómo poder decir cuál es el costo. El costo operativo de las plantas solo lo saben Pemex y ellos porque es la relación comercial que mantienen”.
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Rodríguez aceptó que de diciembre a junio, el insumo tuvo un incremento de 35%, pues pasó de 10.11 a 16 pesos por litro, pero señaló que nadie supo darles una explicación.
“Quienes más reclamaban eran los consumidores finales y no teníamos un elemento para decirle que era el índice inflacionario, cuando este no superaba el reflejo en la gasolina y el diésel. Ese era el momento en el que se tenía que haber observado a las plantas de gas y las que se encargaban de comercializarlo”, puntualizó.
Lamentó que tras el anuncio de la administración federal, ahora ellos como gaseros serán los que estarán bajo la lupa.
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“Pero el impacto lo estamos sosteniendo nosotros. Ahora tenemos un doble problema: hay que pagar sin trabajar, y hay que pagar por trabajar sin utilidad”, manifestó.
Finalmente, previó que de continuar la situación como hasta ahora, en el país habrá un desabasto generalizado de gas LP y remarcó que esto no será una cuestión de ellos, sino de las plantas, en caso de uno encontrar una solución junto con el Gobierno Federal para buscar un apartado en el que los distribuidores puedan entrar con un margen operativo para mantener a la plantilla laboral.
“Justicia puede aplicarse aquí en el momento en que nos permitan negociar, en cuanto se abran las plantas y podamos decir: ‘podemos llegar a este margen’. Con mucho gusto, en ese momento, podemos trabajar; simple y sencillamente debemos tener un margen operativo, pero las empresas deben ceder, son el gran brazo, es quien tiene el capital para poder absorber cualquier costo o poder amortiguar cualquier embestida del gobierno aun cuando sea el precio muy bajo; lo han hecho por años. Nosotros no tenemos la capacidad y no podemos trabajar sin ningún ingreso”, acotó.
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