La Comisionada Nacional al frente de la institución que acompaña a las víctimas dijo que este mes ya no tienen recursos para pagar la nómina del 60 por ciento de los trabajadores y pidió a la Secretaría de Hacienda no concretar el recorte presupuestal.
El funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), creada en 2014 y la cual tiene como mandato atender a más de 34 mil víctimas de violaciones a derechos humanos en el País, está en riesgo de paralizarse debido a las medidas de austeridad que ordenó el Gobierno Federal.
“Básicamente la institución se va a detener en su funcionamiento, se va a paralizar y eso nos tiene muy preocupados”, afirmó Mara Gómez Pérez, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas en entrevista para Aristegui en Vivo.
La CEAV, dijo, resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento debido a que el 60 por ciento de su personal están contratado por outsourcing o con plazas eventuales y este mes, la institución ya carece de recursos para garantizar el pago a los trabajadores.
Se trata de un total de 603 trabajadores en todo el País de los cuales, 388 se ubican en la Ciudad de México.
“Nosotros tenemos contratado a nuestro personal, la mayor parte, a través yo diría que de manera no adecuada, ya sea de manera eventual o a través de outsourcing. Eso significa que este mes ya no tenemos recursos para pagarle ni al personal eventual ni al personal de outsourcing que equivale prácticamente al 60 por ciento de la nómina. Cuando hablo del personal de la CEAV me refiero a los psicólogos, a los trabajadores, sociales, a los asesores jurídicos, a los médicos que atienden todos los días víctimas en el país”, apuntó.
Además, explicó que la CEAV tampoco es dueña de ninguno de los 32 inmuebles que opera en el país por lo que la atención que brindan a 7 mil 200 víctimas mensualmente, tampoco está garantizada.
“La CEAV tiene 32 centros de atención en la República pero ninguno de sus edificios son propios, los rentamos y entonces, ya no hay dinero para pagar esas rentas. Ni tampoco para pagar las computadoras, los teléfonos (…) el día de ayer me dediqué a hablar con el personal porque ya este mes no hay para recursos, están en este momento congelados para pagar a la gente de outsourcing y todos ellos dijeron: nos esperamos a ver qué sucede. Entonces, de momento ellos siguen trabajando aun teniendo seguridad de que vamos a poder pagarles sus sueldos este mes”, expresó Mara Gómez.
Cabe recordar que con el decreto que establece las medidas de austeridad publicado el pasado 23 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó la reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la CEAV, el cual equivale a 139.4 millones de pesos.
No obstante, los gastos de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV, por lo que resta del año ascienden a 121.9 millones de pesos.
La Comisionada Ejecutiva confió en que el decreto de la SHCP se aplique en los términos en que fue publicado, los cuales contemplan una excepción para los organismos que atienden a víctimas de violación de los derechos humanos.
De lo contrario, advirtió que entre los impactos que tendrá el recorte del 75 por ciento al presupuesto de la CEAV está el incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos.
Tampoco se podrá otorgar el apoyo económico que reciben 5 mil víctimas cada mes y se perderá al menos el 30 por ciento del personal jurídico ya que están contratados por outsourcing.
“No se podrán tramitar las medidas de ayuda económica que damos a las víctimas, a más de 5 mil víctimas en todo el país y que verán mermadas su posibilidad de recibir estas medidas. Los asesores jurídicos que son tan importantes para que las víctimas puedan obtener justicia en algún momento, pues 30 por ciento de ellos van a dejar de formar parte de la Comisión porque este mes ya no tenemos dinero para pagarles a muchos de ellos”, indicó.
El recorte presupuestal a la CEAV también pondría en riesgo el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), el cual cuenta con datos personales de más de 34 mil 215 víctimas.
Mientras que el área de traslados desaparecería por lo que se dejarían de tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el Ministerio Público, la Comisión de los Derechos Humanos y otras diligencias.
Por lo anterior, pidió a la SHCP escuchar el llamado para evitar que se reduzca el 75 por ciento del presupuesto a la Comisión.
“Esperamos que escuche nuestro llamado, que comprenda que esta es institución anormal, que no funciona como quisiéramos, tenemos que transformarla, hacer que deje de funcionar con el capítulo 2 mil y 3 mil del presupuesto y que funcione como las demás instituciones pero en este momento, si nos cortan el 75 por ciento, no hay manera de funcionar. Depende de la Secretaría de Hacienda este llamado y sé que la Secretaría de Gobernación está dando la batalla con nosotros”, añadió.
Recorte presupuestal pondría en riesgo combate legal a 453 juicios contra la CEAV
La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez, señaló que si se concreta el recorte presupuestal, el área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo que tiene pendientes de resolver de los cuales 154 de ellos están en etapa de cumplimiento.
“Son juicios que han promovido, lo he dicho en ocasiones anteriores, un pequeño grupo de abogados que en mi opinión, está lucrando con el dolor de las víctimas. Les ha prometido obtener millones y millones de la CEAV y han demandado por cantidades millonarias a la Comisión. Muchos de estos juicios son heredados de las Administraciones anteriores y son para pedir montos muy grandes, si pagáramos los que ya tenemos en periodo de sentencia, 154, el fondo se acaba mañana. Lo que hemos hecho es implementar una estrategia de defensa”, explicó.Por ejemplo, narró que desde ener
Por ejemplo, narró que desde enero un pequeño grupo de personas mantienen tomada la entrada principal del edificio sede de la CEAV tiene el acompañamiento de un abogado que más juicios ha presentado en contra de la Comisión.
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