“No tienen la decencia de explicarme cómo una persona que ha abusado de un menor no va a la cárcel”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una de las iniciativas estrella del Gobierno. La norma, que aglutina toda una batería de medidas en prevención, detección precoz, protección y reparación de las víctimas y que prohíbe toda forma de violencia, comenzará ahora su tramitación parlamentaria. Fuentes del Gobierno aseguran que pedirán que sea por vía urgente. En el texto se amplía la prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores, se instauran protocolos en todos los centros —escolares, deportivos, de ocio y de menores— y prevé cambios en el proceso judicial.

La que afecta a los niños es una violencia invisibilizada, dicen las organizaciones de infancia. La mitad de los abusos sexuales denunciados tienen a menores como víctimas, según los últimos datos disponibles. En 2018 hubo “38.000 menores víctimas de algún ilícito penal”, ha destacado este martes el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien ha explicado la medida tras el Consejo de Ministros. Y esta solo es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y que afecta a los más vulnerables, a los más indefensos.

“Con esta ley nuestro país se va a colocar al nivel de los estándares internacionales más altos en protección de la infancia”, ha dicho Iglesias, quien ha destacado su enfoque integral. “Implicará a toda la sociedad y acabará con la impunidad que permitía la invisibilización de estos delitos. Enmarcamos la violencia contra la infancia no como un problema en el ámbito privado, sino social”, ha indicado Iglesias. “Pido perdón en nombre de todos los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para los que hemos llegado tarde. Ojalá sus historias sirvan para que no vuelva a suceder nunca más a niños y niñas lo que les ha sucedido a ellos”, ha añadido.

La ley, que parte de una iniciativa parlamentaria en 2015, comenzó a trabajarse entre organizaciones de infancia y el Gobierno del PP en 2016. Fue uno de los primeros compromisos que adquirió Pedro Sánchez al llegar al cargo y, con la exministra María Luisa Carcedo al frente, el texto estaba prácticamente ultimado. Pasó en primera lectura por Consejo de Ministros en 2018 y, antes de que se formara el Gobierno de coalición, ya había recabado los informes preceptivos de órganos como el Consejo General del Poder Judicial. Pero frustró su aprobación la convocatoria electoral. El departamento de Iglesias le ha dado el último empujón, aunque ha tenido que retrasar su aprobación definitiva debido a la pandemia. Se prevé que el gasto de la Administración General del Estado sea de unos 75 millones de euros anuales, especialmente el primer año (luego hay partidas que se rebajarán), aunque aún no está estimado el gasto que supondrá para las autonomías, dado que poseen gran parte de las competencias en la materia.

Organizaciones de infancia, que comparan la importancia de esta ley con la que en su día tuvo la de violencia de género, han pedido que los cambios que hayan de introducirse se planteen durante el trámite parlamentario e insisten en la necesidad de que haya consenso político para que la iniciativa pueda entrar en vigor cuanto antes. Este lunes, el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Perdenera, apuntó, por ejemplo, a que en la fase de enmiendas podría mejorarse “la cuestión de [la perspectiva de] género” en el texto, así como la de los niños con discapacidad. Iglesias ha explicado que tienen el compromiso de “mejorar la ley en el trámite parlamentario” y ha prometido que esforzarán por que sea “una ley de amplio consenso”.

Una única declaración

Entre las novedades que introduce destaca que el plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores, entre ellos, los abusos y agresiones sexuales, comenzará a correr cuando la víctima tenga 30 años, y no 18, como ahora. Esto quiere decir que, dado que la prescripción va de cinco a 15 años, el tiempo se alargará hasta los 45 años en los casos más graves, frente a los 33 actuales, algo fundamental para los expertos, dado que quienes han sufrido abusos en la infancia suelen tardar en procesar lo ocurrido. En la norma también se generaliza la prueba preconstituida para menores de 14 años y personas con discapacidad, es decir, que durante la fase de instrucción del proceso judicial solo tendrán que declarar una vez. Además, ante la policía solo deberán hacerlo si es imprescindible, evitando siempre el contacto con el investigado. Habrá unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel estatal, autonómico y en entidades locales.

Protocolos

En el texto se instauran protocolos contra el acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género, violencia doméstica, el suicidio, la autolesión o cualquier otra forma de violencia que deberán aplicarse en todos los centros educativos. También habrá protocolos contra la violencia en centros de ocio y deportivos, independientemente de su titularidad, así como en residencias de menores tutelados por la Administración, incluyendo pautas para detectar y actuar en casos de trata o explotación sexual de los menores que viven en estos centros. “La semana pasada supimos que un niño de nueve años en una vivienda tutelada en Navarra se había quitado la vida. Es fundamental establecer mecanismos de prevención para que esto no ocurra”, ha planteado Iglesias.

Según la norma, también se contempla la creación de un protocolo para los centros sanitarios, y que las actuaciones sobre violencia queden recogidas en la historia clínica. Se crea la figura del coordinador de bienestar en los colegios e institutos, así como el delegado de protección en los centros deportivos y de ocio. Los trabajadores sociales tendrán la condición de agentes de autoridad.

Juzgados especializados

Se articulará un registro central de información, dado que uno de los principales problemas es la inexistencia de datos sobre violencia en la infancia. Los ciudadanos tendrán la obligación de comunicar las situaciones de violencia a la autoridad en la materia y, si se trata de un delito, acudir a la policía, también en el caso de que el autor sea un cónyuge o familiar. También podrán denunciar los propios menores con grado de madurez suficiente, sin necesidad de estar acompañados de un adulto. Se podrá proceder en el caso de los delitos de revelación de secretos sin necesidad de que haya denuncia previa (hasta ahora se exigía denuncia). En el texto se prevé que en el plazo de un año el Gobierno remita a las Cortes dos proyectos de ley con la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia, así como la jurisdicción civil de familia, infancia y capacidad. También estará especializada en violencia contra la infancia la Fiscalía y se dará formación específica tanto a jueces como a todas las profesiones con contacto habitual con menores. Los niños o adolescentes que sean víctimas de delitos violentos graves tendrán acceso a la asistencia jurídica gratuita.

Nuevos delitos

Se endurecen las condiciones de acceso al tercer grado, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios en el caso de condenados por delitos sexuales contra menores de 16 años. Y se crean nuevos delitos cometidos por Internet, como promover el suicidio, la autolesión o trastornos alimenticios entre menores, o la comisión de delitos de naturaleza sexual contra menores. Además, se modifica el delito de sustracción de menores. En la actualidad, y cuando no se retenga al menor incumpliendo una resolución judicial, quien ostente la custodia puede cambiar el lugar de residencia sin consultárselo al otro progenitor, sin que esto sea considerado delito (solo se regula en la legislación civil). A partir de ahora, deberá contar con su consentimiento.

También se reconfiguran los delitos de odio, para lo que se ha incorporado como causa de discriminación la edad, lo que incluye tanto a los niños y adolescentes como a las personas de edad avanzada, incluyendo además la aporofobia y la exclusión social entre estos tipos penales. Se establece como obligatoria la privación de la patria potestad a condenados por homicidio o asesinato de su pareja o expareja. “Un asesino machista jamás puede ser un buen padre, y por lo tanto no puede tener derecho a la patria potestad. Hasta ahora quedaba a discreción de los jueces. Ahora esto se elimina”, ha explicado Iglesias.

Conferencia sectorial e indicadores de riesgo

El anteproyecto también establece la conferencia sectorial de infancia y adolescencia como órgano en el que se reunirán el ministerio y las comunidades autónomas y se coordinará la actuación en la materia. Se regulan los indicadores por los cuales un menor se considerará en riesgo. Entre ellos, falta de atención física o psíquica por parte de los progenitores; negligencia en su cuidado o falta de seguimiento médico; el castigo habitual y desproporcionado y de pautas de corrección violentas; la no aceptación de la orientación sexual; y la identificación de las madres como víctimas de trata.

Se prohíbe la publicidad que pueda provocar en menores la adopción de conductas violentas sobre sí mismos o terceros, así como los que integren estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico. Se crea un canal accesible y seguro por el cual se podrá denunciar en la Agencia Española de Protección de Datos la existencia de contenidos ilícitos en Internet que comportaran un menoscabo grave del derecho a la protección de datos personales. Y se regula la “rápida retirada” de estos contenidos, ha apuntado Iglesias.