Cuatro años después de dejar las armas, más de 13.000 excombatientes de las FARC continúan en el proceso de reintegrarse a la vida civil. Un camino nada fácil. Desde la firma en 2016 de los acuerdos de paz con el Gobierno, 253 exguerrilleros han sido asesinados, según el Consejo Nacional de Reincorporación. En lo que va de año, han matado a cinco. El último, José Alexander Quiñones: tenía 27 años y fue baleado en una calle de Tumaco, en el sur del país.
“Nos están matando porque ven que la paz está avanzando”, asegura Antonio Pardo, que estuvo ocho años en las FARC y ahora lidera una organización que agrupa a exguerrilleros para producir café en zonas en donde solo había cultivos de coca. Vive con su familia en el Cauca, en donde más muertes se han contado. Van 42. “Es difícil hacer vida después de la guerra en una sociedad que no sabía cómo recibirnos. No fue una ruta fácil la que nos tocó”, afirma. Cuando habla de sus días en la guerrilla menciona la selva del Pacífico caucano, allí despertaba antes del amanecer para emprender largas caminatas. “A esta hora ya estaría haciendo la primera pausa para comer algo y continuar”, cuenta por teléfono un lunes poco después de las ocho de la mañana. Le tocaba caminar mucho, pero nunca solo. Por eso dice que aunque no extraña caminar tanto, semanas enteras, sí echa de menos la sensación de seguridad que le daba estar siempre acompañado.
Boris Guevara recuerda que el día en que las FARC dejaron las armas grabó varias escenas para Memorias Guerrilleras, una película en la que participan él y otros excombatientes. Algunos de los guerrilleros que entregaron sus fusiles decían ante la cámara que tenían miedo. “Muchos de esos muchachos ya están muertos”, lamenta Guevara, que durante el proceso de paz en La Habana hizo parte del equipo de comunicaciones de las FARC y ahora es universitario y vive en Cali, en el occidente de Colombia, después de pasar una temporada en Bilbao. Guevara reconoce que no todos sus excompañeros han tenido la misma suerte, dice que muchos volvieron al monte por falta de oportunidades y se unieron a las disidencias vinculadas al narcotráfico o a la minería ilegal. No resistían seguir sin empleo y con miedo a morir a balazos en cualquier esquina.
A Mario Morales, un excomandante que tras dejar las armas trabajaba con víctimas en zonas rurales, lo asesinaron a tiros en agosto pasado. A Wilson Saavedra le dispararon desde una moto mientras compraba un pastel para el cumpleaños de uno de sus hijos. Entre el 1 y el 24 de enero, cada cinco días un exguerrillero fue asesinado, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha alertado sobre el violento inicio de año: 14 enfrentamientos armados entre grupos criminales y la Fuerza Pública, 13 amenazas de muertes a líderes sociales, seis masacres, cinco asesinatos de excombatientes de la guerrilla, 14 homicidios de líderes sociales y siete enfrentamientos armados entre grupos ilegales.
La ONU ha dicho que al menos 25 excombatientes esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección cuando fueron asesinados. En todo el país hay más de mil peticiones pendientes de evaluación. Pastor Alape, exnegociador en La Habana, ha denunciado una reducción en su esquema de seguridad. El pasado jueves viajó desde Bogotá hasta el norte del país (más de 10 horas) en una camioneta convencional, acompañado -según su queja- por un chofer y dos agentes en motocicleta. Ese mismo día fue acusado con otros siete exlíderes de las FARC por crímenes asociados al secuestro durante los años de guerra. Las FARC se enfrentan a un momento en el que su compromiso con el acuerdo de paz está a prueba. “Nos comprometimos a decir la verdad y esta es la oportunidad de responderles a las víctimas”, afirma José Sáenz, que hizo parte de las filas del Mono Jojoy, el jefe militar de la guerrilla. “Tenemos la obligación de cumplir con el acuerdo incluso si implica poner en riesgo nuestras vidas”, dice.
El 23 de enero la víctima fue Juan Carlos Correa, de 35 años. Una camioneta con varios hombres armados retuvo su moto en una carretera de Antioquia y se lo llevaron. La policía y el Gobierno han dicho que se trata de un secuestro, pero la familia y Comunes -el partido político de las FARC, que cambió de nombre la semana pasada- han denunciado su asesinato. También en Antioquia, el 1 de enero, un grupo armado sacó de su casa a Yolanda Zabala, de 22 años, y a su hermana de 17. A ambas las mataron. “Firmamos el acuerdo porque creíamos que se podía superar la violencia. Por eso dimos ese paso, pero por parte del Estado no hubo compromiso”, afirma Laura, que pide no revelar su nombre por miedo. “La guerra no era el camino, pero a veces sentimos que estábamos más seguros en la guerrilla” dice.
¿Quién los mata?
La Fiscalía de Colombia ha señalado al Clan del Golfo como uno de los responsables de los asesinatos de los exguerrilleros. Este grupo narcoparamilitar, con más de 4.000 hombres en sus filas, controla más del 40% de la droga que sale del país, según la Fundación Paz y Reconciliación. Tras el desarme de las FARC, el Clan del Golfo ha intentado controlar las zonas abandonadas por la guerrilla, con poca presencia estatal, pero en donde aún hay muchos excombatientes que trabajan en la sustitución de cultivos ilícitos. La justicia y el Gobierno también han señalado a las disidencias de las FARC como posibles responsables de los homicidios. En al menos dos casos, según las autoridades, los asesinos estaban vinculados a la Fuerza Pública.
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