Durante las manifestaciones del pasado julio en Cuba, motivadas por la escasez de alimentos y la crisis sanitaria por el coronavirus, el Gobierno llevó a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias y procesos penales abusivos, ha confirmado este martes un informe de Human Rights Watch (HRW). Los vídeos compartidos en redes sociales y las denuncias de grupos de derechos humanos ya habían mostrado cuál es la respuesta del Ejecutivo ante el inconformismo de los ciudadanos, hartos de las penurias que vive la isla. Ahora, HRW reitera, con cifras y casos puntuales, que funcionarios del Gobierno, que incluyen a los servicios de inteligencia y las fuerzas militares, de la policía nacional y de la brigada especial del Ministerio del Interior, conocida como ‘boinas negras’, se unieron a las ‘brigadas de respuesta rápida’ —grupos de civiles organizados por el Gobierno— para reprimir con violencia las manifestaciones y torturar a los detenidos, algunos menores de 18 años.
Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas. Entre julio y octubre, la organización de derechos humanos entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos, y concluyó que los abusos contra los manifestantes siguieron un plan deliberado cuyo único propósito era acallar, como fuese, a los manifestantes. Hubo más de 1.000 personas arrestadas sin ningún motivo. Todavía hay 500 que siguen encarceladas y muchas otras bajo reclusión domiciliaria con la amenaza de un castigo peor si salen de sus viviendas.
En la mayoría de los casos —señala el informe— los detenidos estuvieron incomunicados y fueron maltratados. Los testimonios han dado cuenta de la dureza del régimen cubano: a algunas víctimas las castigaron obligándolas a hacer sentadillas desnudos, a otras las encerraron en celdas sin luz, en donde no sabían si era de día o de noche, muchas otras recibieron amenazas directas. Les decían que si seguían protestando habría represalias contra sus familias. “Hay una misma metodología, es una política de Estado para frenar de raíz cualquier esfuerzo del pueblo por ejercer su derecho a la protesta pacífica”, ha dicho este martes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, al presentar el informe.
Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó —todos los relatos según HRW— que fue detenida en San Miguel de Padrón, una provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio, el día que empezaron las protestas. Relató dos agentes mujeres la obligaron a desnudarse y a tocarse la vagina. Después fue amenazada por otro agente con llevarla junto a dos hombres a una zona conocida como ‘pabellón’, en donde los detenidos reciben visitas conyugales. Lo suyo además de ser un caso de violencia policial, es un caso de violencia de género. Zequeira Hernández fue condenada, sin pruebas, a ocho meses de prisión. Por ser menor de edad cumple la pena en su casa. Su familia no pudo obtener una copia de la sentencia, por lo que es imposible apelar la decisión judicial.
A María Cristina Garrido, una activista de 39 años, no la dejaron ni siquiera tomar agua durante las primeras horas de su detención. Tampoco la dejaban dormir. A la madrugada la despertaban a punta de golpes en las piernas y en los brazos y le ordenaban gritar “¡Viva Fidel!” y “¡Viva la revolución!”. Cuando se negaba a hacerlo la enviaban a una celda, que ella describe como de “una celda de castigo”, sin acceso a servicios sanitarios, sin agua, oscura. María Cristina Garrido permanece en la prisión de mujeres El Guatao, bajo investigación por “desorden público”, “propagación de epidemia” e “instigación a delinquir”. También se la acusa de “desacato”, “atentado” y “resistencia” por supuestamente haberse resistido a que la detuvieran, pero en realidad lo único que hizo Garrido fue gritar durante las protestas “patria y vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país.
A Abel González Lescay, un estudiante de música de 22 años, lo detuvieron el 12 de julio, un día después de haber participado en una protesta en Bejucal, en el municipio de Mayabeque. Más de 20 policías aparecieron en su casa y entraron a la fuerza, sin ni siquiera mostrar una orden judicial. Aunque González estaba en su dormitorio, sin vestirse, la policía lo esposó y lo subieron desnudo a una patrulla policial. Su familia no pudo comunicarse con el joven durante seis días. Solo supieron de él cuando regresó a la vivienda, donde debe permanecer bajo detención a la espera de un juicio en su contra por “desorden público”.
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En todos los testimonios recogidos por HRW y hechos públicos este martes se evidencia la falta de pruebas, las detenciones sin justificación y las torturas a las que fueron sometidos hombres y mujeres, adultos y menores. El Gobierno cubano no quiere ver más manifestantes en la calle, por eso ha respondido con un rotundo “no” a la solicitud de sus opositores, que pretenden otra vez salir a protestar el 15 de noviembre. Sin embargo, puede más el hartazgo que la amenaza de una detención y los promotores de la llamada Marcha pacífica por el cambio continúan firmes en su idea de unirse y volver a corear “Patria y vida”.
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