José Luis Caballero Ochoa, comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que al organismo le preocupa la represión que se está viviendo en Venezuela, así como el intento de impedir un estado de cosas distinto en torno a los resultados del proceso electoral del 28 de julio.
“Estamos viendo una situación de una enorme preocupación, no solamente por el resultado electoral, opaco en lo absoluto, sino también por una manera de reprimir la protesta social y reprimir el intento de impedir un estado de cosas distinto con respecto al resultado del proceso del 28 de julio”, aseveró en Aristegui En Vivo.
El comisionado explicó que hay una participación indirecta del organismo para hacer respetar los derechos humanos de la sociedad civil en Venezuela, con información, datos duros y testimonios para elevar el tono sobre las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el país sudamericano.
“No tenemos interlocución con el estado Venezolano, tenemos una ruptura en la comunicación con la comisión desde hace mucho tiempo, el estado venezolano determinó denunciar la Convención Americana sobre derechos humanos y desvincularse de los organismos previstos en el Sistema Interamericano de derechos humanos”, agregó.
Sostuvo que la labor de la CIDH es dar una voz de alerta a la sociedad civil venezolana, así como de líderes opositores, quienes los están alertando no solo para documentar las violaciones a derechos humanos, sino para poderlas enviar en su momento a la Corte Penal Internacional y a otros organismos internacionales especializado en derechos humanos.
“Estamos hablando ya de 1,300 detenciones arbitrarias, entre detenciones arbitrarias y desapariciones, eso se ha incrementado exponencialmente en los últimos días”, agregó.
Foto: Archivo EFE
Caballero Ochoa afirmó que el panorama venezolano se ve difícil, pues ya falló la ruta para establecer una alternativa electoral, misma que el Tribunal Supremo pareciera estar cerrando y sin que exista otra ruta interna en Venezuela para realizar legalmente un cambio en el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio.
“La comunidad internacional tiene que seguir con su actuación, con sus presiones, sobre todo los organismos internacionales, los estados, los países, tendrán en su propia jurisdicción determinar qué van a hacer con el reconocimiento de gobierno y a la comisión, pues eso no le corresponde (a la CIDH)”, aseguró.
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