La vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que la carrera magisterial “no plantea despedir a nadie” y aseguró que como profesora se “opondría tajantemente a que algún maestro perdiera un solo derecho por mínimo que fuera”.
Dolores Padierna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, negó que la reforma educativa que impulsa la administración de Andrés Manuel López Obrador sea lo mismo que impuso el pasado gobierno, tal y como lo critica la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes mantienen bloqueado los accesos a San Lázaro.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, Padierna aseguró que lo que en realidad está en discusión es lo que ellos (CNTE) señalan como un “régimen de excepción”. Sin embargo, detalló que se trata de una reforma sencilla, pues pese a las acusaciones, en realidad son solo tres artículos los que están en discusión.
“Peña Nieto estableció un régimen especial laboral para el magisterio y cuando se promulga la Ley del Servicio Profesional Docente, queda claro que están sujetos a una evaluación, si no la pasan están despedidos y eso quedó plasmado en el artículo 3° de la Constitución, ahí está establecido que la permanencia del empleo depende de la evaluación”, destacó.
Padierna aseguró que nada de eso está en el nuevo dictamen, al contrario “lo que dice es que se contempla una carrera magisterial para la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros” que aunque la CNTE señala que es lo mismo que con EPN, “no es lo mismo, claramente en el 16° transitorio dice que las relaciones de las y los maestros se regirán por el 123 apartado B de la Constitución pero en lo relativo de admisión, promoción y reconocimiento, se basará en la carrera magisterial”.
Explicó que la carrera magisterial “no plantea despedir a nadie, ni quitar derecho alguno” y aseguró que como profesora se “opondría tajantemente a que algún maestro perdiera un solo derecho por mínimo que fuera, no estamos en esa tesitura”.
Dijo que lo que la CNTE quisiera es que el tema de los ascensos, las vacantes, ocurrieran conforme a la Ley que se deriva del apartado B del 123, que es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado pero la ley data de 1941, se reformó en 1963 y continúa vigente a la fecha. “Considerarán todos que 1963 ya es demasiado tiempo, los tiempos del megapoder, de los sindicatos blancos al servicio del Estado, nada de eso hay ahora, es una ley muy rezagada”.
“La iniciativa nuestra no finge como la de EPN en que corresponde al Estado, la rectoría de la educación. A los sindicatos no les corresponde andar contratando docentes, no les corresponde elaborar planes de estudio. Los sindicatos están para la defensa de los derechos de los educadores, pero corresponde al Estado la rectoría de la educación y se obliga al Estado a cumplir con una serie de condiciones”, indicó.
Sin embargo, Wilbert Santiago, vocero de la sección XXII, desmintió que ellos estén bloqueando la aprobación del dictamen sobre la reforma educativa. “Lo que estamos exigiendo que aparezca y respeten el artículo 123 constitucional en su apartado B para que no existan procesos de selección”.
Aseguró que con la reforma de AMLO “están dejando al normalismo a merced de la selección y a la discriminación de la formación profesional que tengan en las escuelas normales”. Es por eso que exigen que “las normales se fortalezcan a partir de nuevos planes y de programas de estudios para llevar a cabo una formación integral de los jóvenes y podamos ofrecer educación integral en cada una de las comunidades rurales”.
Santiago explicó que es por esa razón que siguen rechazando “que nos manden a un transitorio que nuevamente tenga el régimen de excepción en el proyecto de dictamen“.
“Estamos en alerta máxima para no permitir una nueva imposición. AMLO ha señalado que va a cumplir su compromiso de cancelar la reforma pero en la vía de los hechos sigue existiendo el proceso de selección”, apuntó.
