Cientos de miles de franceses volvieron este jueves a las calles para repudiar la reforma de pensiones del Gobierno del presidente Emmanuel Macron, en la undécima gran jornada de protestas organizada por los sindicatos, que registró una leve disminución de su participación e incidentes en París.
En la antesala de la decisión final del Consejo Constitucional -órgano de interpretación de la Carta Magna, que el próximo 14 de abril deberá validar o no la ley de reforma de la jubilación-, los sindicatos buscaban una nueva demostración de fuerza tras el fracaso de la reunión celebrada la víspera con la primera ministra, Elisabeth Borne.
En una jornada previa a las fiestas de Pascua, lo que puede haber influido en la participación, las autoridades francesas tasaron la adhesión a la marcha de París, la principal del país, en 57,000 personas, cifra elevada a las 400,000 por parte de los sindicatos.
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La tendencia, no obstante, es de ligeramente a la baja, pues los propios sindicatos habían estimado en 450,000 los participantes de la última movilización parisina de la semana pasada.
“Pase lo que pase, la movilización continuará mientras no se retire la reforma“, aseguró la nueva líder de la Confederación General del Trabajo (CGT, segunda central del país), Sophie Binet, al comienzo de la manifestación organizada en París.
En una línea paralela, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primer sindicato), Laurent Berger, subrayó que “este movimiento sigue contando con el apoyo de la población” y que “el rechazo a esta reforma sigue siendo igual de fuerte”.
Los manifestantes concordaban hoy con que la única salida a esta crisis es la retirada de la reforma que aumenta la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años, algo en lo que el Gobierno se ha mostrado inflexible.
Para el Ejecutivo, la medida es indispensable para garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones.
“No hay alternativa, deben echarse atrás, tenemos razón, ellos se equivocan, somos mayoritarios”, afirmaba en declaraciones a EFE en la manifestación de París Thomas Vaucouleur, un miembro de la sección agrícola del sindicato CGT.
Para este sindicalista, “hay un fuerte resentimiento de la población” contra el Gobierno, que se está agravando con la respuesta policial a las movilizaciones, y Macron “vive en la realidad paralela del capitalismo y de los grandes empresarios”.
“Al menos yo pienso que voy a morir antes de mi jubilación”, lamentaba Violette, una estudiante de 25 años que igualmente criticaba la sordera del Gobierno al descontento popular.
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En la capital, algunos grupos violentos que se adelantaron al cortejo de los sindicatos atacaron el restaurante La Rotonde en el bulevar de Montparnasse.
El lugar es simbólico para Macron, porque allí había celebrado las primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017, las primeras que ganó, y que ya había sido blanco de altercados en las protestas de los “chalecos amarillos” en 2018 y 2019.
También se produjeron otros incidentes, como quemas de coches, destrozo de mobiliario urbano y ataques a sucursales bancarias, en muestra del creciente nivel de tensión de las movilizaciones.
Aunque pacíficas en general, se endurecieron especialmente a partir de la decisión del Gobierno de aprobar la reforma sin someterla al voto del Parlamento, el pasado 16 de marzo.
Las movilizaciones de este jueves se tradujeron también en huelgas en sectores como la educación y el transporte colectivo, como trenes y transporte público, si bien no tan intensas como en ocasiones precedentes.
En París, el tráfico del metro fue casi normal y el cercanías vio parcialmente disminuidas las frecuencias. En cuanto a los vuelos, el aeropuertos como los de Marsella, Toulouse, Burdeos y Nantes recortarán un 20% los trayectos programados, pero el parisino Orly, que sí se había visto bastante afectado en otras ocasiones, no tuvo que cancelar viajes.
En paralelo, las dificultades prosiguen en el sector de los carburantes, a pesar de las movilizaciones forzosas de trabajadores esta semana para paliar los problemas de abastecimiento, una situación que se espera que vaya mejorando en los próximos días.
El Gobierno, no obstante, recibió hoy un revés judicial con la decisión del Tribunal Administrativo de Ruán que ordenó suspender la obligación que había impuesto a varios trabajadores de la refinería del Gonfreville-L’Orcher, del grupo TotalEnergies que estaba en paro.
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Sin haberse cumplido aún un año de las últimas presidenciales, esta crisis política se está traduciendo en una caída de popularidad de Macron, que si se enfrentara hoy en elecciones en unas presidenciales a la ultraderechista Marine Le Pen, perdería por un amplio margen, según las encuestas.
Un barómetro publicado hoy por el diario Les Echos revela que solo un cuarto de los franceses dicen confiar en él, aunque aún lejos del 13% del socialista Francois Hollande.
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