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Nueve comunidades conciertan con la sanidad privada para usar sus hospitales si la crisis empeora


Nueve comunidades han acordado ya con empresas privadas enviar pacientes a sus hospitales si la situación provocada por la tercera ola no mejora. Son Madrid, Murcia, Canarias, País Vasco, Valencia, Andalucía, Baleares, Cataluña y Navarra. Estas dos últimas han empezado ya a tratar a personas con covid en hospitales concertados. El resto, de momento, se prepara para recibir a enfermos de otras patologías. Los acuerdos se han ido firmando territorio a territorio.

Los precios por cama y día varían, con llamativas diferencias entre las comunidades. Además, unas pagan por día y otras por el tratamiento completo. Por ejemplo, según explica una portavoz de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), en Valencia se aplica un precio por grupo de diagnóstico (los GRD, son la codificación internacional de todos los procesos que se tratan, desde una fractura de cadera a un infarto). No hay, todavía, grupos específicos para covid, luego estos procesos hay que englobarlos en los que más se les parecen. Por ejemplo, en este caso, puede ser en el GRD 139, “otra neumonía”, que a su vez tiene distintos grados de severidad. Según la gravedad, el coste va de 3.000 a casi 8.000 euros. Si se incluye al paciente en el grupo 130, “enfermedades del aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas”, el precio va de los 17.600 a los 22.500 euros dependiendo de la gravedad.

“Esas tasas fueron aceptadas y no hay problema alguno, tenemos una magnífica relación y la decisión fue consensuada con la patronal”, ensalza Mariam García, directora general de Asistencia Sanitaria en la Generalitat valenciana. Desde el pasado 9 de enero y como ya pasó en la primera ola, el Ejecutivo autonómico ha derivado a 680 pacientes no covid a 21 hospitales privados para operaciones quirúrgicas y consultas médicas, dada su presión hospitalaria. Las tarifas actuales fueron estipuladas en la Ley autonómica de tasas 20/2017, mencionada en la resolución del pasado 13 de noviembre para que la Generalitat dispusiera de la red privada. “Los profesionales se están dejando la piel y sacando camas de debajo de las piedras”, añade García.

En Cataluña la tarifa es fija si la estancia del enfermo covid en planta es menor a tres días, por 2.500 euros (833 euros al día), y de 5.000 euros si supera los tres días, mientras que para los pacientes en UCI, la Generalitat abona 43.400 euros como precio fijo, sin importar los días. Navarra, donde la cooperación público-privada está establecida desde que la comunidad asumió las transferencias sanitarias, también aplica una tarifa plana para sus pacientes derivados a dos clínicas, la Universitaria de Navarra y la clínica San Miguel: 4.908 euros por paciente en planta y 40.978 euros para los internados en cuidados intensivos. De momento, solo estas dos regiones han derivado pacientes covid a la sanidad privada.

“En esta tercera ola el volumen de derivaciones es inferior al de primavera y también al pico de otoño”, apunta un portavoz de la Consejería de Sanidad de Navarra. En el hospital de la Orden de San Juan de Dios, que no tiene UCI y normalmente es para estancias medias o largas, el precio para los primeros diez días es de 519 euros, y se va rebajando según aumenta la duración del ingreso hasta los 209 euros a partir de 21. Los importes en la Comunidad Foral se calculan aplicando un 20% de rebaja a lo que costaría la estancia en sus hospitales y se pacta un precio total.

En cambio, en Madrid se factura por día: 735 euros por cada uno de estancia de un paciente con covid en camas normales, 2.084 euros en intensivos. La comunidad publicó sus tarifas el pasado miércoles basándose “en la valoración determinada previamente por un experto independiente”, según refleja la orden de la Consejería de Sanidad del 27 de enero. Dado que la estancia media hospitalaria ronda las tres semanas en esta tercera ola, la factura para esta comunidad será de 14.700 euros para un paciente covid en planta y de 27.000 euros —si permanece cinco días en planta y 15 días en UCI—. Mientras, regiones como Andalucía o Murcia han avanzado que publicarán en breve sus tarifas, pero ya han alcanzado un preacuerdo con la patronal sanitaria para derivar pacientes.

La disparidad de las instalaciones, los salarios y el precio de la vida en cada localidad son variables que hacen que no se pueda establecer un precio único para toda España, explica una portavoz de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). Tampoco la Asociación de Economía de la Salud (AES) se atreve a valorar los precios acordados. Precisamente el jueves, en unas jornadas de la AES, José Luis Navarro Espigares, director económico del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, presentó un cálculo sobre el coste que supuso la covid en su centro, uno de los que más presión ha sufrido en Andalucía.

Un coste medio de 18.000 euros por paciente covid

Según este trabajo, uno de los primeros sobre el asunto, el coste medio de un paciente con covid ronda los 18.000 euros por persona, y ello teniendo en cuenta que hay diferencias entre la primera y la segunda ola (en esta hubo que gastar mucho más en bajas de personal y sus reemplazos) y que en el estudio se ha atribuido a los pacientes ingresados con covid todo el gasto asociado a esta enfermedad, incluida la atención a personas que no necesitaron usar cama. Sin embargo, no incluye el coste del seguimiento de las posibles secuelas. El informe no diferencia entre estancias en cama en planta normal o en la unidad de intensivos. Si se considera una estancia media de 20 días, sale a unos 900 euros al día.

El presidente de la Alianza de la Sanidad Privada de Española (Aspe), Carlos Rus, afirma que con estos acuerdos se pretende evitar una situación como la que vivieron durante el primer estado de alarma, cuando se decretó que toda la sanidad privada quedaba supeditada a la pública. “Ello nos obligó a suspender toda la actividad, pero, a la vez, como éramos un servicio esencial, tuvimos que seguir abiertos, con los gastos que ello supone”, dice Rus. Según sus cálculos, de los 460 hospitales privados que hay en España, recibieron pacientes derivados de la sanidad pública menos de la mitad, los de “Madrid, Barcelona, La Rioja, Navarra, algo menos en el País Vasco y Murcia”, pero todos tuvieron que desprogramar la actividad.

Aunque Rus afirma que empezaron a trabajar en la primera ola sin cerrar el acuerdo de los costes, ya había unos precedentes de que se derivaran pacientes —“todas las comunidades tienen centros concertados”, destaca el presidente de la patronal sanitaria—, y había unos precios pactados, como sucede con los GRD de Valencia. Pero la patronal reclama unos 250 millones de euros a las comunidades por los hospitales privados que dejaron de trabajar, aunque luego no hicieron falta para aliviar la presión sobre los públicos. A aquella decisión de que estuvieran listos por si acaso, Aspe la define como una “intervención”. Para que no se repita, la patronal afirma que en vez de 17 acuerdos con 17 comunidades debería firmar uno nacional, y reclama que solo se les imponga suspender las operaciones que luego requieran UCI, “en aquellas zonas de gran afectación en las que sea necesario en un momento concreto” y que les avisen con un margen de tres días. En Navarra, por ejemplo, esta contingencia está contemplada, y no se pide que se cierre el centro entero, pero sí que se suspendan intervenciones que necesiten después una UCI. Esos días en que la cama está vacía se pagan al hospital 181 euros por día, “que se abonan cuando se solicita dicha disponibilidad para permitir una planificación anticipada a las olas”, aclara un portavoz de la Consejería de Salud.

Además, Aspe tiene otra reivindicación: que se vacune a su personal sanitario. Según Rus, el sector emplea a 312.000 personas que tratan con enfermos con covid, ya que muchas personas con síntomas acuden antes al centro de su seguro que a uno público, aparte de 1,4 millones de funcionarios afiliados a Muface, que son atendidos en la privada. El presidente de la patronal afirmaba el jueves que en Valencia, La Rioja, País Vasco, Castilla y León y Aragón todavía no habían empezado a vacunar a su personal.

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