La ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es consecuencia del proceso de militarización que vive el país y de la falta de controles para el Ejército y la Guardia Nacional en seguridad ciudadana, así como la falta de transparencia en cuántos acuerdos reparatorios ham firmado para indemnizar a civiles víctimas de la violencia militar.
Así lo señalaron en la Mesa de Análisis de este viernes en Aristegui en Vivo la periodista Adela Navarro, directora del semanario Zeta; Adriana Herrera, Ex Mayor de Justicia Militar; y Jacobo Dayán, experto en procesos de justicia transicional.
Para Dayán, se debe dejar atrás el discurso que este tipo de casos, o como la ejecución de 22 civiles en Tlataya, son producto de “manzanas podridas” en las Fuerzas Armadas, cuando en realidad se debería hablar de que la cesta de manzanas, es decir, el sistema en sí mismo, está podrido.
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Por lo tanto, dijo Dayán, la sociedad debería entrar en una discusión profunda sobre los controles civiles para los cuerpos militares. Además, dijo, el poder y la sociedad criminalizan a las víctimas del delito. Y recordó que en el caso de Nuevo Laredo se ha señalado que los cinco jóvenes ejecutados “seguro andaban en algo”, como si eso fuera justificación para que fueran abatidos.
En el mismo caso, dijo Dayán, está el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, quien incluso ha sido víctima de campañas para vincularlo al crimen organizado.
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Adriana Herrera, Adriana Herrera, Ex Mayor de Justicia Militar, recordó que cuando era titular de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la GN se pudo dar cuenta que muchas víctimas civiles del Ejército llegan a esa área y desde ahí se les ofrecen indemnizaciones con montos establecidos por la autoridad, sin garantizar que no haya repetición de daño o sanciones, además de que crea un subregistro pues esas víctimas no cuentan como cifras oficiales.
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La exmilitar agregó que los hechos de Nuevo Laredo muestran que no hay controles claros sobre la actuación militar y la cadena de mando, además de que no han recibido capacitación suficiente para hacer frente a escenarios en los que deban contener a civiles.
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Por su parte, la periodista y directora del semanario ZETA de Baja California, Adela Navarro, dijo que entre 2019 y 2022 el gobierno mexicano reportó más de 750 civiles abatidos, de los cuáles no queda claro cuántos eran presuntos delincuentes, cuántos ciudadanos de a pie, y en cuántos se ha hecho justicia o sus casos continúan en carpetas ministeriales
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La periodista dijo que existe impunidad en este tipo de casos porque la Fiscalía General de la República (FGR) atrae casos y después no se conoce qué ocurre con ellos, mientras que no hay transparencia sobre los casos que se procesan ante la justicia militar.
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