El departamento de Justicia de la Generalitat dio este jueves el visto bueno a una nueva concesión del régimen de semilibertad carcelaria —el tercer grado, por el que solo se observa prisión por las noches y se disfruta de libertad durante el día— a los condenados del procés. La medida se oficializó justo en la víspera de la campaña electoral y a los 14 días de recibirse el dictamen de las juntas de las cárceles, sin agotar el plazo de dos meses. Aunque transcurrió medio año desde su última propuesta, solo ha pasado mes y medio desde que el Tribunal Supremo la denegara, por “prematura”.
Así que resulta arduo ignorar las intencionalidades políticas subyacentes a la decisión de la consejera competente —Ester Capella, de Esquerra—, que había calificado de “venganza” la resolución del alto tribunal. ¿Cuáles? La de retomar la estrategia de la confrontación, galvanizando electoralmente a las bases secesionistas —alicaídas por la esterilidad y el declive del procés— a través del pulso y el desafío. Y la de colocar a la figura ascendente en las encuestas, el socialista Salvador Illa, a la defensiva: si avala el tercer grado, sufrirá ataques por blando; si lo critica, será asaeteado por represor. Si la Fiscalía recurre rápido, se le atribuirá una responsabilidad que escapa a su competencia. Los partidos independentistas pretenden ganar en cualquier opción: semilibres, sus dirigentes harán campaña activa; si su salida de prisión tropieza con dificultades, enervarán a las bases con el manido recurso al victimismo.
Han elegido el calendario de la decisión con precisión milimétrica: facilita su rearme electoral y dificulta su reversión por el Supremo. Pero camina sobre un alambre. Es cierto que ahora ya muchos de los beneficiados han cumplido la cuarta parte de la pena, y eso los legitima para solicitar beneficios penitenciarios, lo que en términos democráticos es del todo innegable. Pero no es así en todos los casos: en tres de ellos esa condición se cumple el 16 de febrero, dos días después de la convocatoria.
Este episodio viene a oscurecer todavía más el manejo oportunista del Govern, que ya se revolvió contra el Tribunal Superior catalán, acusándolo de “irresponsabilidad” por mantener la fecha del 14-F que aquel había fijado. Representantes de la coalición independentista han agitado una retórica peligrosa con aroma a intento de preparar la deslegitimación de un posible resultado adverso. Cínicamente, mientras defienden postergar sine die las elecciones con el argumento explícito de la grave crisis sanitaria —y el implícito de esperar a un momento político más propicio—, a la vez buscan excepciones a las medidas de seguridad para los mítines. Votar no era conveniente, pero juntarse en actos de campaña va bien. Ojalá el nuevo pulso no eche a perder las tenues esperanzas de avanzar en la desinflamación de la crisis catalana.
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