Una regla expresa del palacio de Buckingham, impuesta al menos hasta finales de la década de los sesenta, prohibía la contratación de “inmigrantes de color o extranjeros” para puestos administrativos, según la documentación histórica difundida en exclusiva por el diario The Guardian. La sombra del racismo en la casa real británica, agitada por las recientes acusaciones de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en su entrevista con la presentadora estadounidense, Oprah Winfrey, provocó hace unos meses una seria crisis institucional que el entorno de Isabel II intentó aplacar con vagas promesas de investigar lo ocurrido. Las nuevas revelaciones reabren ―tímidamente― un debate que la sociedad del Reino Unido cerró en falso.
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El diario lleva meses investigando en los archivos nacionales, en busca de casos en los que Buckingham haya usado de modo abusivo el llamado Royal Consent (Consentimiento Real). Se trata de un uso parlamentario de origen remoto y consolidado en el tiempo por el que el monarca dispone de la capacidad para permitir o no que se debatan leyes que pueden afectar a sus prerrogativas o intereses personales y económicos. Por ejemplo, para proteger el carácter secreto o la fiscalidad de las participaciones accionariales de la reina en numerosas sociedades. Pero no solo para eso. De acuerdo con lo publicado por el diario británico, en 1968, la monarquía británica hizo uso de esa prerrogativa cuando el Gobierno laborista de Harold Wilson quiso impulsar nueva legislación que sancionara cualquier discriminación laboral o contractual por motivos raciales o étnicos. Para entonces, este tipo de práctica era ya ilegal en la Administración, y se perseguía extender la prohibición a las empresas privadas o al alquiler de viviendas.
El entonces ministro del Interior, James Callaghan, quien ocuparía una década después el puesto de primer ministro, asumió que no debía iniciar el trámite parlamentario de las nuevas medidas hasta que los asesores de la casa real estuvieran convencidos de que no se utilizarían en contra de Isabel II. Y no quedaron convencidos en un principio. Según afirma uno de ellos en los documentos hechos ahora públicos, el entonces director financiero de la reina, Charles Tryon, informó a los altos funcionarios que negociaban el texto de “que no era, de hecho, práctica habitual nombrar inmigrantes de color o extranjeros” para puestos administrativos dentro de la casa real, aunque sí se les permitía desempeñar tareas propias del servicio doméstico.
La afirmación procede de las minutas de la reunión redactadas por T. G. Weiler, uno de los representantes del Ministerio del Interior que participó en las negociaciones. En el relato que se recoge en ellas, Weiler asegura que Lord Tryon se mostró dispuesto a ceder si la nueva ley contemplaba exenciones para la casa real similares a las que ya existían entonces para el servicio diplomático británico, donde estaba prohibido, por ejemplo, contratar a personas que hubieran residido menos de cinco años en el Reino Unido.
“No deberían usarse acusaciones basadas en el recuerdo de segunda mano de conversaciones ocurridas hace 50 años para inferir conclusiones sobre los procedimientos actuales”, ha respondido el palacio de Buckingham. “La casa real y la reina cumplen con las normas de la Ley de Igualdad, tanto en sus principios como en la práctica. Así queda reflejado en la diversidad, inclusión y dignidad de su política laboral. Cualquier posible queja deriva en un proceso formal que facilita la posibilidad de ser atendido y remediado”.
Una conmoción nacional
El palacio de Buckingham no entra a confirmar o desmentir cuál era su normativa a finales de los años sesenta, ni cuándo revocó tales prácticas. Admite, además, que la Ley de Igualdad contempló la excepcionalidad de la casa real, aunque asegura que la institución cuenta con sus propios procedimientos para lidiar ante posibles quejas, sin detallarlos. Pero sobre todo quiere alejar cualquier sospecha de que actitudes cuestionables del pasado puedan pervivir en la actualidad.
Los duques de Sussex ―el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle― provocaron durante una semana una contenida conmoción nacional al denunciar, en su famosa entrevista, que un miembro de la familia real había llegado a expresar su preocupación por el color de la piel del bebé que esperaba entonces la actriz estadounidense. Markle es hija de un matrimonio mixto. La pareja señaló el racismo como un factor fundamental en su decisión de renunciar a sus tareas oficiales y mudarse a Estados Unidos. En un momento especialmente sensible, en el que las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter fueron muy relevantes en el Reino Unido, el palacio de Buckingham se vio inmerso en un debate nacional sobre su pasado y presente supuestamente racista.
“Mi familia no es racista ni de lejos”, llegó a asegurar ante las cámaras, durante un acto público, el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono. Expresaba de ese modo su irritación ante acusaciones que consideraba personalmente injustas, pero que algunos historiadores consideraron que merecían ser revisadas de un modo honesto y abierto. Hasta el Partido Laborista incidió en el asunto para reclamar esa transparencia, aunque en esta ocasión ha decidido, junto al otro gran partido, el conservador, correr un tupido velo y no agitar más las aguas. El reciente fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II, y el anuncio de los preparativos, para 2022, del Jubileo de Platino ―70 años de reinado―, con cuatro días de fiesta nacional, han convencido a los dos principales partidos de la necesidad de aportar calma y estabilidad a la institución.
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