Empleados públicos esenciales, pero con contratos temporales desde que comenzaron a trabajar. Así podría resumirse la vida laboral de Alejandro Álvarez y Tamara Schulz, enfermero y profesora de secundaria con más de dos décadas de experiencia. El primero tiene 42 años, vive y trabaja en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) y terminó sus estudios de enfermería en 2000. En este año ha firmado tres contratos, el último de 12 meses. “Y tengo suerte, lo veo como un premio debido a la situación en la que estoy, he tenido contratos de meses y de días sueltos”, cuenta Álvarez, que por fin ve algo de estabilidad en el centro de salud donde trabaja.
El contrato de Tamara Schulz, profesora de música de secundaria, termina el 31 de agosto y vuelve a firmar otro el 1 de septiembre. Lleva en la misma situación 19 años. Vive en Llanes (Asturias), tiene 43 años y dos hijos. “Nunca creí que con mi edad iba a seguir siendo una empleada temporal”, confiesa con cierta decepción. Además de afectar a su vida personal, Schulz cree que estas condiciones laborales inciden también a la calidad de la enseñanza: “Es imposible hacer un proyecto con los alumnos a largo plazo, cuando empiezas a conocerlos me tengo que marchar a otro centro. Siempre es como volver a empezar”, afirma resignada.
En estos dos sectores, educación y sanidad, la temporalidad está desbocada: en 2020 fue del 29,1% y 41,9%, respectivamente, según los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. El sector público español tiene una tasa de empleo temporal superior a la del sector privado, alrededor del 30%. La recomendación europea señala que no sobrepase el 8%.
Source link