Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial, durante una intervención en Naciones Unidas.WANG YING / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO (WANG YING / ZUMA PRESS / CONTACT)
El pasado 29 de septiembre fuerzas del orden de Guinea Ecuatorial penetraron en la sede de Malabo del partido opositor Ciudadanos por la Innovación (CI), ilegalizado por el régimen en 2018, en una violenta operación policial que costó la vida a un agente, según el Gobierno, y a nueve opositores, según fuentes ciudadanas. Unos 200 militantes de dicho partido fueron detenidos, entre ellos, su líder, Gabriel Nsé Obiang, aunque posteriormente fueron liberados más de un centenar, sobre todo mujeres, niños y personas mayores. Mientras el Gobierno argumenta que estaban preparando “acciones terroristas”, los dirigentes de CI aseguran que tan solo pretendían concurrir a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Días antes, el actual presidente, Teodoro Obiang, de 80 años y 43 en el poder, anunció que se presentaba a dichos comicios. Ya es el jefe de Estado más longevo del mundo, monarquías aparte. Gabriel Nsé fue trasladado el jueves a la prisión de Black Beach, sobre la que pesan denuncias de torturas y malos tratos.
El Gobierno aseguró, mediante un comunicado, que los militantes de CI se encontraban “secuestrados” por Gabriel Nsé, quien fue citado hasta en dos ocasiones por la Fiscalía General del Estado. Al negarse a acudir ante la Fiscalía, un juez dictó un auto de detención el pasado 29 de septiembre. Según las autoridades, miembros de CI ofrecieron resistencia violenta a dicha detención y en el interior de la sede se encontraron “armas blancas y de fuego” usadas, según la versión gubernamental, para atacar a la policía, lo que provocó la muerte de un agente, así como “numerosos heridos” entre las fuerzas del orden. Sin embargo, los propios militantes ofrecen un relato de los hechos muy diferente.
Convocados por Gabriel Nsé para formalizar su candidatura a las elecciones, al considerar que el partido ya no estaba ilegalizado debido a la amnistía promulgada por el Gobierno en 2018 para los presos políticos, los militantes se vieron rodeados por la policía. Una joven que fue detenida y posteriormente liberada y que prefiere mantener el anonimato aseguró mediante un mensaje de audio: “Tiraban piedras desde afuera tanto de día como de noche, no podías ni dormir (…), no nos dejaban salir. Llegaron los militares (…), empezaron a tirar gases dentro de la sede (…), los niños empezaron a toser (…), murieron tres personas por armas de fuego, vimos que no había salida, que habían venido para terminarnos (…); nosotros no teníamos armas (…). Cuando se acercan las elecciones, el Gobierno busca todas las maneras de destruir a CI”.
La misma joven revela que sufrieron torturas y malos tratos en el momento de la detención. “Nos golpearon, todos los que estaban sufrieron heridas o señales de golpes, nos maltrataron de una manera que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Ahí murió un cuarto en el coche (…); nos iban pisoteando, decían que nos iban a matar a todos (…). Rubén está orinando sangre, Benigno no puede ni andar, todos los hombres sin excepción están heridos, les pegaron sin miramientos ni perdón ni misericordia (…), saltaban encima de ellos”. Durante los cuatro días que permanecieron detenidos, fueron interrogados. “Te obligan a decir lo que no quieres decir, porque si no, sabes lo que te va a pasar. No había comida, fue un maltrato total”, prosigue.
CI fue el único partido opositor que obtuvo representación parlamentaria en las últimas elecciones, celebradas en 2017, en concreto un diputado de los 100 que conforman la Asamblea Nacional. El resto fueron a parar al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), liderado por el propio Obiang. Sin embargo, meses más tarde el partido fue ilegalizado tras una sentencia judicial y unos 40 miembros del mismo fueron condenados por un supuesto intento de golpe de Estado. Entre los condenados se encontraba el único diputado de CI y su escaño fue adjudicado a un miembro del PDGE, que pasó a controlar la totalidad de la Asamblea.
“Los hechos de la sede de CI son una vergüenza colectiva, una vergüenza para el país. Condenamos en toda su extensión el terrorismo de Estado que está ejerciendo el régimen de Malabo contra una población totalmente indefensa. Ante la violación de los derechos humanos no cabe alegar la no injerencia en los asuntos internos, la vida de los guineanos no le pertenece al jefe de Estado como para proclamarse Dios y decidir quién vive y quién muere. Exigimos una investigación independiente. En un clima como el que vivimos difícilmente se puede hablar de elecciones como las que tenemos a la vuelta de la esquina”, asegura Joaquín Elo, coordinador de la plataforma ciudadana Somos+.
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Al mismo tiempo que se dispone a ser reelegido en el cargo tras unas elecciones sin apenas oposición, Teodoro Obiang prepara ya su posible relevo en la figura de su hijo y vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorín. El número dos del régimen no solo ocupa la vicepresidencia del Gobierno y del PDGE, sino que además es el encargado de Defensa y Seguridad del Estado, un puesto clave en el organigrama gubernamental. En los últimos meses, Obiang Mangue, condenado a tres años de cárcel en Francia en 2017 por malversación y blanqueo de fondos públicos, ha asumido un papel protagonista en representación del Ejecutivo en actos públicos y en iniciativas del Gobierno, como la reciente Operación Limpieza contra la delincuencia, criticada por las asociaciones de derechos humanos.
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