“La información de la que se nos está privando es de vital importancia”: María Amparo Casar.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identificó que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, de la Auditoría Superior de la Federación, no aparece la identidad de las empresas y personas involucradas en desvíos millonarios. En su lugar, ahora los documentos presentan información como “Persona Moral 1”, “Persona física 2” o “Subcontratada 3”, con las irregularidades y montos recibidos por cada una de ellas.
“En las auditorías presentadas ayer por la ASF, MCCI identificó que hay transferencias de SEDATU a cuatro instituciones educativas por un total de 351.8 millones de pesos; sin embargo, no podemos dar seguimiento a estos datos ni realizar investigaciones más profundas, pues estos nuevos reportes ocultan la identidad de las empresas y personas involucradas”, indicó la organización.
Para María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de MCCI, “esto representa un grave retroceso, ya que las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes quedan sin la información indispensable para llevar a cabo sus investigaciones. No podemos permitir retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas. La información de la que se nos está privando es de vital importancia para seguir la labor de combatir la corrupción y la impunidad”.
MCCI recordó que desde el 2009, la ASF realiza investigaciones especiales sobre el uso de recursos públicos, a partir de sospechas de actos irregulares (“auditorías forenses”). A la fecha, la ASF ha llevado a cabo 117 auditorías forenses, las cuales han documentado el uso irregular de 20 mil 782 millones de pesos que siguen sin ser recuperados.
De hecho, el reportaje conocido como “Estafa Maestra” partió de auditorías forenses en las que la ASF documentó la triangulación de recursos entre secretarías de Estado y universidades para llevar recursos a empresas, usualmente fantasmas y a personas que poco o nada tenían que ver con las instituciones educativas.
Las auditorías forenses explican y documentan los procesos irregulares, muestran nombres de las empresas y personas implicadas, así como los montos involucrados en presuntos desvíos de recursos. Estas auditorías permiten a ciudadanos e investigadores corroborar y ampliar la información para develar redes corrupción y los mecanismos de operación utilizados para la comisión de actos de corrupción.
“La eliminación de información como la identidad de personas y empresas involucradas en desvíos millonarios sólo abona a la opacidad e impide el combate a la corrupción”, señaló Mexicanos Contra la Corrupción y solicitó a la ASF que “reconsidere esta postura y enmiende esta grave omisión”.