El estudio del think tank estadounidense sostiene que los autores del “Reporte Final” de la auditoría realizada por la OEA sobre los resultados electorales bolivianos en 2019 “tergiversan datos y evidencia” con el propósito de impulsar denuncias de “manipulación intencional” en el conteo de votos por parte de quienes encabezaban las instituciones bolivianas en ese entonces.
La observación y auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de las elecciones de Bolivia en octubre del 2019 fueron llevadas a cabo de una manera “poco ética” y contribuyeron a impulsar una “narrativa de fraude” que derivó en la instalación de un gobierno de facto respaldado por militares, sostiene un nuevo análisis del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés).
El estudio, firmado por Jake Johnston y David Rosnick, investigadores del CEPR, sostiene que los autores del “Reporte Final” de la auditoría realizada por la OEA sobre los resultados electorales de octubre “tergiversan datos y evidencia” con el propósito de impulsar denuncias de “manipulación intencional” de los resultados electorales por parte de quienes encabezaban las instituciones bolivianas en ese entonces.
“El Reporte Final de la OEA identifica muchos problemas reales sobre el manejo de las elecciones que deben atenderse. Sin embargo, pese a que se diga lo contrario, no provee ninguna evidencia de que esas irregularidades alteraron el resultado de la elección, o que hayan sido parte de un intento deliberado para hacerlo”, dice el resumen ejecutivo del análisis.
El nuevo reporte del CEPR, un think tank estadounidense, agrega que la organización multilateral encargada de resolver una disputa electoral debe actuar de forma honesta, imparcial y creíble.
“Este estudio muestra que la OEA no actuó de esta manera en el caso de la crisis electoral boliviana del 2019”, dice el texto.
The #OAS has criticized CEPR’s previous analysis for neglecting certain aspects of the Bolivian elections, such as flawed ballot tally sheets and “hidden servers” used in processing election results. This report examines these factors in detail. #Bolivia https://t.co/3QrD36sC2q
— CEPR (@ceprdc) March 10, 2020
El CEPR ya había publicado en noviembre pasado un estudio en el que sostuvo que “el análisis estadístico de los resultados electorales y las hojas de recuento (o actas) de las elecciones bolivianas del 20 de octubre no muestra evidencias de irregularidades o fraude”.
El 20 de octubre, en medio de incertidumbre por los resultados electorales, ya que las encuestas de salida apuntaban a una segunda vuelta entre los candidatos punteros, el entonces Presidente Evo Morales y Carlos Mesa, la polémica se avivó cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó de publicar la información sobre los votos.
Casi 24 horas después, el 21 de octubre, el TSE anunció en rueda de prensa una victoria del líder izquierdista con 46.4 por ciento de los votos, contra el el 37.07 conseguidos por Mesa, de centro.
Luego de la publicación de los resultados, la OEA, encabezada por Luis Almagro, pidió a las autoridades respetar “la voluntad de la ciudadanía”. Mesa y sus aliados denunciaron un fraude electoral y llamaron a protestas en el país que Morales calificó como manifestaciones con un “trasfondo racista” que representaban un “golpe de Estado”. Sin embargo, Morales solicitó al organismo internacional realizar una revisión del proceso de conteo de votos.
Tras esa primera revisión llevada a cabo por la OEA, que concluyó el 27 de octubre con un llamado a respetar el cómputo de los votos, la administración del líder indígena autorizó una segunda fiscalización, que concluyó en noviembre con un llamado a nuevas elecciones.
Aunque Morales aceptó la recomendación para un nuevo proceso electoral, el 10 de noviembre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana pidieron al entonces presidente renunciar al cargo. Pese a que Morales anunció su renuncia, la medida no fue avalada por el Poder Legislativo.
El 12 de noviembre, Morales arribó a México como asilado político pero, tras una temporada en México, el líder boliviano aceptó una oferta de asilo por parte del gobierno argentino.
Luego de la salida de Morales, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, respaldada por las Fuerzas Armadas. Nuevas elecciones han sido convocadas para el 3 de mayo.
En el nuevo reporte del CEPR, los analistas reiteran que, pese que la OEA ha insistido en sus reportes y auditorías que las irregularidades detectadas en el proceso electoral boliviano fueron parte de una “manipulación deliberada” que alteraron el resultado electoral, pero que tanto el CEPR como otros analistas han demostrado lo contrario.
En su estudio, Johnston y Rosnick citan el análisis publicado en The Washington Post en febrero pasado por Jack Williams y John Curiel, investigadores del Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del Massachusetts Institute of Technology (MIT), para enfatizar que, de acuerdo con reportes independientes, no se ha encontrado evidencia que respalde los dichos de la OEA.
Tanto Williams como Curiel habían sido contratados por el CEPR en diciembre para verificar los hallazgos presentados en el reporte publicado en noviembre por el think tank.
En el más reciente estudio, los investigadores del CEPR agregan que la actuación de la OEA en el caso boliviano es similar a la manera en la que una misión del organismo actuó en las elecciones presidenciales del 2010 en Haití, en la cual los observadores recomendaron “cambiar los resultados” sin contar con una “justificación razonable” para ello.
“Como lo muestra este (nuevo) reporte, las actividades de observación de la OEA en las elecciones generales de Bolivia en 2019 son el más reciente ejemplo de una misión de observación profundamente problemática cuya conducta deshonesta, sesgada, y poco profesional ha causado un serio daño a la democracia del país”, agrega el documento.