La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió su informe preliminar sobre la elección judicial en Bolivia, recomendando una serie de medidas para mejorar el proceso, aunque afirmó que existe un debate interno sobre la pertinencia de mantener este proceso.
“La Misión también constató que en el país existe un debate respecto a la pertinencia de mantener la etapa de elección popular de este proceso de selección de altas autoridades judiciales, lo que sugiere que aún existen importantes mejoras por hacer a este mecanismo de selección”, dice el documento.
La misión de observación fue encabezada por el uruguayo Edison Lanza y concluyó que la jornada se realizó de manera exitosa y tranquila, aunque ocurrió un año tarde debido a la falta de un marco normativo adecuado, además de las manifestaciones que impactaron al país.
El último proceso de renovación de autoridades judiciales se llevó a cabo en diciembre de 2017. El ejercicio también se retrasó por la “conflictividad social que en su momento experimentaba el país”, dice la OEA, refiriéndose a las manifestaciones políticas que estremecieron al país.
Integrantes del altos tribunales del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son elegidas mediante sufragio universal, previo a una fase de convocatoria y preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Según el marco legal, las autoridades judiciales no pueden ser reelectas y deben durar seis años en el cargo.
Recomendaciones de la OEA a Bolivia
La misión recomendó aprobar una ley marco que regule de manera clara, precisa, armónica y de fácil entendimiento los procesos de preselección de las máximas autoridades judiciales ante los errores que se registraron en el proceso.
También llamó a introducir mecanismos que promuevan la participación real de las mujeres en la búsqueda de todos los cargos. En particular, la OEA se pronunció por combatir situaciones de acoso y violencia política.
Implementar mecanismos efectivos de transparencia activa y máxima publicidad, garantizando la publicación oportuna de documentos clave y estableciendo un canal permanente de comunicación entre las veedurías ciudadanas, las comisiones evaluadoras y la ciudadanía.
Fuente: Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia.
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