A 9 años del crimen, tres soldados están detenidos y son procesados por homicidio, dos más están prófugos y uno desaparecido, dijo la madre de Jorge Antonio Mercado Alonso.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en nombre del Estado mexicano, ofreció una disculpa pública a los padres y madres de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados el 19 de marzo de 2010 por soldados del Ejército mexicano quienes además alteraron la escena del crimen para hacerlos pasar por sicarios.
“A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos, en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, por los elementos del Ejército mexicano“, expresó Sánchez Cordero durante una ceremonia realizada en el auditorio Luis Elizondo, del campus Monterrey del Tecnológico.
La secretaria de Gobernación también destacó “la existencia de diversos obstáculos y la falta de colaboración en la investigación, así como para acceder a los expedientes y a la información de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, de la entonces Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia Militar”, hechos que constituyen una “grave falta en el desempeño de los funcionarios públicos responsables”.
“Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos”, agregó.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, recordó que la recomendación emitida respecto del caso por el organismo concluyó que la Secretaría de la Defensa Nacional mintió al decir que Jorge Antonio y Javier Francisco eran sicarios en vez de estudiantes, pues el lugar de los hechos fue modificado y se les depositaron armas de manera posterior a su muerte.
“No eran delincuentes, eran estudiantes y no merecían ni debían perder la vida en las condiciones en que lo hicieron”, afirmó el ómbudsman nacional, quien también expresó que la disculpa pública es un paso necesario, “una oportunidad invaluable para que las autoridades concreten en los hechos su compromiso con la verdad”.
El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, afirmó que “dentro del cúmulo de violaciones a los derechos humanos existe una particularmente ofensiva para sus padres: el enlodamiento de los nombres de sus hijos, de aquellos nombres escogidos con gran cuidado como símbolo de las esperanzas que tenían para sus vidas”.
“A fin de ocultar la gravedad de sus hechos, los responsables pretendieron deshacerse de aquellos nombres y cambiarlos por el título de sicarios. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo no eran sicarios, eran estudiantes de posgrado, estudiantes de excelencia”, reiteró.
El presidente del Tecnológico de Monterre, Salvador Alva, expresó su reconocimiento a los padres y madres de Jorge y Javier y les reafirmó “lo doloroso que ha sido este episodio para toda la comunidad”. “Lamentamos profundamente que en las horas iniciales nuestra comunicación reflejó la información errónea que nos dieron las autoridades”, añadió.
Nueve años “llenos de luchas”
Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, relató durante su intervención en la ceremonia el “sendero lleno de luchas” que ha tenido que atravesar durante los nueve años que han pasado desde el asesinato de su hijo.
Comenzando por la falta de información inicial, dijo, “hablé al Tec y me dijeron que no me preocupara, que habían sido dos sicarios que iban armados hasta los dientes (…) hasta el día siguiente fue cuando encontramos a Jorge y a Javier en el Semefo (Servicio Médico Forense), ingresaron como “NN” (desconocidos)”.
“Además de sufrir la ausencia de Jorge y Javier, tuvimos que enfrentarnos con la prensa, algunos solidarios con nuestro dolor pero otros haciendo preguntas que hacían más grande nuestro dolor. Las autoridades únicamente repetían una y otra vez: eran dos sicarios”, dijo.
Rosa Elvia Mercado lamentó también que tuvo que hacer frente a “la gente que hacía comentarios, algunos positivos, y otros no muy agradables porque mucha gente se quedó con la primera información que escucharon en los medios de comunicación”.
Denunció que la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena sólo se burló de ellos “y siempre nos dieron falsas esperanzas”. La Unidad, cuyo objetivo es propiciar el acercamiento, diálogo permanente y cooperación entre civiles y militares “en la lucha contra el crimen organizado”, nunca cumplió con limpiar el nombre de Jorge y Javier.
Fue hasta 2014, cuatro años después del asesinato de los estudiantes, que el expediente fue reabierto en la PGR gracias a la presión de un grupo de alumnos del Tecnológico de Monterrey, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Hasta entonces fue que el Ministerio Público de la Federación tomó la declaración de Rosa Elvia, de los padres de Javier y de maestros y amigos de ambos jóvenes. “Ese mismo año nos informaron que el expediente ya estaba listo para consignarse en julio“.
Sin embargo, la consignación ante un juez no ocurrió y los padres de los estudiantes tuvieron que viajar a la Ciudad de México en 2015 para conocer el expediente. “Nos quedó mas que claro que no fue error, que no fue fuego cruzado, sino que los habían ejecutado a sangre fría y no conforme con eso los golpearon, los arrastraron, les robaron su identidad y aún mas infamemente declararon que eran sicarios”.
El 19 de febrero de 2016, contó Rosa Elvia, recibieron una llamada del Ministerio Público avisándoles que el 22 de febrero el expediente por fin llegaría a un juzgado en Monterrey ya que todo estaba listo, pero “por órdenes superiores” el día siguiente se canceló todo. A partir de ahí el trato con diferentes servidores públicos se complicó; la madre de Jorge Antonio agradeció excepcionalmente al fiscal de la PGR Jorge Dosta Ramírez por haber continuado con el seguimiento del caso.
Finalmente en septiembre de 2016, “sigilosamente” se consignó el caso, pero los padres y madres de las víctimas tuvieron que ir hasta el juzgado a preguntar los detalles pues no fueron notificados. Actualmente el caso está en el Cuarto Juzgado de Distrito de Monterrey, Nuevo León. “Son seis los involucrados: tres fueron detenidos y son procesados como presuntos homicidas, dos están prófugos y uno, en calidad de desaparecido“, explicó.
Al finalizar el acto público, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó dos placas conmemorativas a Rosa Elvia Mercado Alonso y Lorenzo Joel Medina Salazar, padres de Jorge y a Haydé Verdugo Villalobos y Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, padres de Javier.
Sánchez Cordero leyó el texto de las placas: “El Estado mexicano se disculpa con las familias de las víctimas y el pueblo de México por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ocurrido el 19 de marzo del año 2010 y en cumplimiento al derecho a la verdad y a la justicia reconoce públicamente que eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios“.