La exsecretaria de Gobernación y actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que tuvo diferencias con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien enfrenta una denuncia por extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias realizada por el abogado Juan Collado.
La exfuncionaria federal aseguró que sus diferencias con Scherer obedecieron fundamentalmente a la invasión de atribuciones y facultades por parte de este.
“Entonces, nuestras diferencias fueron para defender las competencias, las atribuciones y facultades […] Ese fue el principal problema o la principal tensión entre el funcionario, entre el consejero jurídico y la persona de la secretaria de Gobernación que, insisto, no fue una atribución, una competencia a la secretaria Olga Sánchez Cordero; sino una atribución y competencia y facultad de la Secretaría de Gobernación”, dijo la legisladora en declaraciones recogidas por el diario El Universal.
Mencionó que tales diferencias fueron una constante entre ella y Scherer durante el tiempo que ejerció como secretaria de Gobernación, desde el inicio del sexenio hasta agosto de 2021.
Recordó que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal está establecido que la Secretaría de Gobernación tiene la atribución, las facultades y las competencias para la relación con los demás poderes de la Unión como el Poder Legislativo, el Poder Judicial y órganos independientes como la Fiscalía General de la República.
“Y estas facultades se las había arrogado el señor consejero jurídico”, comentó la también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sánchez Cordero aseguró que también tuvo diferencias con Julio Scherer Ibarra por temas jurídicos, en los que cada uno sostenía una opinión distinta: “Yo opinaba alguna situación y él opinaba. Pero bueno, como todo en el derecho, es debatible, ¿no?, mi posición era a veces otra, a veces él tenía otra posición, pero básicamente fueron competencias y atribuciones”.
De acuerdo con el rotativo, la senadora se negó a opinar sobre la investigación que sobre Scherer realiza la Fiscalía, aunque dijo que la institución está obligada a hacer su trabajo.
El lunes de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia matutina que decidió sustituir a Sánchez Cordero por Adán Augusto López debido a que ésta no tenía una buena relación con Julio Scherer.
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“No había buena relación con la secretaria de Gobernación, no tenían buena relación y yo necesitaba que me ayudaran para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, incluso con el Poder Judicial, con la Fiscalía, que hay asuntos de Estado: Ayotzinapa o los amparos y necesitamos relaciones en lo fundamental, en lo básico, cuando está de por medio el interés general con el Poder Judicial y necesitaba yo a una gente como Adán, para resolver”, comentó.
“Y buscando los equilibrios, se decidió también lo de la Consejería Jurídica para resolver problemas. La licenciada Sánchez Cordero, una muy buena persona, una profesional, pero habían discrepancias, y yo necesito tener a quien me ayude por entero y que se dedique en armonía con la consejería jurídica y con otras áreas, a resolver problemas” dijo.
El lunes se llevó a cabo la audiencia inicial contra un grupo de abogados y financieros presumiblemente vinculados al exconsejero jurídico de la Presidencia, para los que la FGR pedirá 40 años de cárcel por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.
El juez programó para el próximo 8 de marzo la audiencia de imputación de Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, para quienes se solicitará la prisión preventiva como medida cautelar.
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El abogado Juan Collado Mocelo -detenido desde 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada- denunció al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como a las cuatro personas señaladas.
En su denuncia, dada a conocer el domingo pasado por el diario Reforma, el abogado detalló que supuestamente Scherer Ibarra ofreció conseguirle un acuerdo reparatorio de 2 mil millones de pesos para que librara la prisión.
También acusó que el grupo de personas vinculadas presumiblemente con Scherer, le pidió que vendiera Caja Libertad a Banco Afirme propiedad de Julio Villarreal Guajardo. Según la denuncia, estas personas le dijeron que el empresario bancario era amigo del entonces consejero jurídico.
“Libertad por libertad”, le habría dicho el abogado Juan Antonio Araujo.
El abogado Paulo Díez Gargari señaló este lunes en Aristegui en Vivo que la denuncia de Juan Collado confirma sus dichos públicos de que Scherer y un grupo de personas cercanas crearon una red de corrupción cuando éste fue consejero jurídico de la Presidencia de la República.
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Enfatizó que la denuncia fue presentada por Collado el 19 de octubre del año pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR), unos días después de que el propio Díez Gargari hablara del tema.
Recordó que el 13 de octubre de 2021, denunció abiertamente en Aristegui Noticias que Scherer “había creado desde la Consejería Jurídica, desde esta posición privilegiada de un enorme poder político, una auténtica red de corrupción, extorsión y lavado de dinero” para beneficiarse, así como para beneficiar a un grupo de asesores financieros, abogados, parientes y servidores públicos de distintos niveles y ordenes de gobierno.
Señaló que lo ocurrido con Collado “parece una variación sobre el mismo tema del caso Alonso Ancira”, al que se refirió también como parte de los casos de alto impacto que manejó la presunta red de Scherer, quien en su momento dijo desconocer al grupo de abogados que llevaban estos casos, excepto a Juan Antonio Araujo.
“Si uno analiza estas dos operaciones, son idénticas, es decir, es el mismo modus operandi y de ahí la relevancia de este caso”, señaló, al tiempo que dijo que con la judicialización de la denuncia de Collado se está ante la oportunidad de iniciar un ‘maxiproceso’ que pueda ofrecer más a la sociedad que “solo unos cuantos individuos en la cárcel, que probablemente lo merezcan”.
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Entre los paralelismos que encontró con el caso Ancira, está la aparente obligación de que, paralelo al acuerdo reparatorio, se forzara a la venta de una empresa a un particular. En el caso Ancira, hubo un compromiso de venta de las acciones de Grupo Acerero del Norte (GAN), controlado por su familia y accionista de Altos Hornos de México (AHMSA) a Julio Villarreal Guajardo, presidente del Grupo Villacero.
Respecto a David Gómez Arnau, una de las personas denunciadas por Collado, el abogado Díez Gargari dijo que se trata “del financiero de cabecera de Julio Scherer” y ha estado vinculado a éste “desde hace décadas”, en su tránsito por varias empresas paraestatales que posteriormente fueron privatizadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari -entre 1988 y 1994-.
El abogado adelantó que ampliará su denuncia contra Scherer y el grupo de personas presumiblemente vinculadas a éste, ya que considera que cuando dio a conocer el caso a la opinión pública, se puso en marcha una “operación de destrucción selectiva de evidencias” en el caso Aleática (antes OHL México) y de “fabricación ex post de falsa evidencia” para tratar de desvincular al exconsejero jurídico del asunto.
Sobre las cartas de Juan Collado que han aparecido en diversos medios y en los que éste elogia las gestiones de Scherer, el abogado Díez Gargari consideró que acreditan un intento de extorsión: “¿Quién demonios en su sano juicio hace esas cosas de andar escribiendo una carta como esas desde el Reclusorio Norte si no es bajo la presión y la amenaza de quien aparentemente es su propio abogado?”.
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“Me parece que es el producto de una mente enferma de alguien que estaba tratando de preconstituir pruebas, para tratar de mezclar indebidamente al presidente López Obrador. Esto fue algo que pidió Scherer y que Juan Araujo fue ahí a hacer que Collado firmara, ¿con qué objeto?, no lo conozco”, dijo en entrevista con Carmen Aristegui.
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