Seguir el rastro del dinero de un oligarca no es fácil. Sus propiedades están desperdigadas por medio mundo y hacen donaciones millonarias a instituciones internacionales, con lo que sus beneficiarios no suelen señalarles. Pero sobre todo si cuesta tanto enterarse de sus negocios es porque los periodistas no pueden investigar: además de coches y yates, los oligarcas tienen abogados que los protegen. Se valen de un blindaje como las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
Cuando un reportero saca a la luz algo que les incomoda, contratan a bufetes de élite para que lo demanden por una cantidad desorbitada. El litigio puede durar meses y muy pocos medios pueden aguantar el pulso sin arruinarse. Las SLAPP son básicamente instrumentos de acoso legal que sirven para intimidar, callar y destruir. De hecho, se las conoce como “procesos judiciales mordaza”. En el Reino Unido son muy habituales porque la mayoría de los abogados que se dedican a esto trabajan en Londres. Han encontrado un nicho en personas y organizaciones con mucho poder que quieren evitar el escrutinio público. Por ejemplo, varios oligarcas rusos han demandado por difamación a la periodista Catherine Belton, autora del libro Los hombres de Putin. Entre ellos, Roman Abramóvich, que ahora está mediando en la guerra, porque Belton afirmaba que el millonario se había comprado el Chelsea siguiendo instrucciones de Putin. Al final llegaron a un acuerdo y Belton tuvo que rebajar algunas afirmaciones, a pesar de que, según ella, las tenía bien atadas.
Estas acciones legales no solo las orquestan empresarios rusos. Son muy comunes, por ejemplo, en Bulgaria, Hungría, o Eslovenia, cuando un periodista o activista denuncia casos de extorsión o de lavado de dinero. En Malta, Daphne Caruana, la bloguera asesinada en 2017 por airear la corrupción en las altas esferas de su país, tenía más de 40 demandas pendientes. El compañero que ha continuado algunas de sus investigaciones, Manuel Delia, se enfrenta también a varias SLAPP. Distintas asociaciones le están ayudando a pagar los costes porque no hay reportero independiente que aguante solo.
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Si permitimos estas prácticas, estamos destrozando el Estado de derecho. En el Reino Unido, Boris Johnson ha reconocido que cada vez menos reporteros están dispuestos a señalar a los oligarcas por miedo a que los arruinen. Londres dice que están ultimando leyes de protección, y lo tremendo es que no las hayan implementado aún. En la Unión Europea se habla de libertad de prensa, pero tampoco existe una legislación anti SLAPP. El Parlamento Europeo lleva años pidiéndola. El año pasado, 60 organizaciones no gubernamentales presentaron una propuesta y la Comisión tenía que haber legislado a finales de 2021. No lo hizo. Supuestamente tendremos un texto listo antes de que termine este año. Esperemos que así sea, que nos jugamos mucho. @anafuentesf
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