La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció a jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela por haber cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, dirigidos por el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores.
En un informe entregado el 20 de septiembre, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela instó a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
Reiteró que los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
“Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La Misión asegura haber documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ( SEBIN ) en el centro de Caracas. | Foto: Reuters
“La tortura se llevó a cabo en su sede “Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”, detalló la Misión.
El SEBIN también habría torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas.
De acuerdo con su reporte, la Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014.
Asimismo, alertó que las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy, ya que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas en “un clima de casi total impunidad”.
En otro informe también dado a conocer el martes, este mismo mecanismo pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas y destaca que la situación en el estado de Bolívar, al sur del país, donde asegura que actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.
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