El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció este viernes la “arraigada impunidad” ante las violaciones cometidas por israelíes y palestinos durante “décadas”, en un informe que incluye las “graves violaciones de los Derechos Humanos” en los Territorios Palestinos Ocupados -Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza- e Israel entre noviembre de 2022 y octubre de 2023.
“No puede permitirse que continúe la arraigada impunidad documentada por nuestra oficina durante décadas”, dijo Turk, quien sostuvo que “debe haber rendición de cuentas de todas las partes por las violaciones vistas durante 56 años de ocupación, los 16 años de bloqueo de Gaza, y hasta la fecha”.
“La justicia es un requisito previo para poner fin a los ciclos de violencia y para que palestinos e israelíes sean capaces de dar pasos significativos hacia la paz”.
El informe presentado por la oficina de Turk cubre el periodo entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023 y recoge que “la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados empeoró drásticamente durante este periodo”. Se señaló a su vez que “un aumento del uso de la fuerza letal en Cisjordania, incluido Jerusalén Este”, además de la ofensiva de Israel contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
De esta forma, recuerda que Hamás y “otros grupos armados palestinos” lanzaron el 7 de octubre ataques contra territorios de Israel, que respondió con “intensos ataques” contra Gaza. “La escalada continuó más allá del periodo del informe, con un sufrimiento humano masivo y un impacto inmenso sobre los civiles, especialmente mujeres y niños”, agrega.
Asimismo, detalla que durante el periodo que cubre el documento las fuerzas israelíes mataron a 338 palestinos en Cisjordania, incluidos 84 menores de edad, mientras que 30 israelíes –entre ellos seis niños– murieron en ataques en Cisjordania, una mujer murió en Israel por un proyectil disparado en mayo y unos 1.200 civiles murieron en los citados ataques del 7 de octubre.
En el marco de la ofensiva israelí contra Gaza, el informe hizo hincapié en dos bombardeos por parte de Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia, el más grande de la Franja, y otro contra el de Yarmuk, en la ciudad de Gaza, en los que se usaron armas explosivas con gran impacto en zonas densamente pobladas, causando “una enorme destrucción” y al menos 153 muertos, aunque la cifra podría ascender a más de 240.
“El uso de estas armas en zonas densamente pobladas genera graves preocupaciones sobre cómo estos ataques se ajustan a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución a la hora de llevar a cabo operaciones militares, dados los efectos indiscriminados de este tipo de armas al ser usadas en estas zonas y lo previsible de una extensa pérdida de vidas civiles”, argumentó Turk.
De esta forma, Turk hizo hincapié en que “lanzar un ataque indiscriminado que causa muertes y heridas entre los civiles o perpetrar un ataque sabiendo que causará pérdidas colaterales, heridos y daños excesivos entre los civiles supone un crimen de guerra“.
Por otra parte, Tusk denunció los ataques contra hospitales en Gaza y subrayó la importancia de que haya una rendición de cuentas por las prácticas de las autoridades israelíes en Cisjordania, incluido Jerusalén Este.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó que el informe recoge un amplio abanico de asesinatos, secuestros, destrucción de propiedad civil, castigos colectivos, privación de servicios básicos, ataques contra infraestructura civil, desplazamiento forzado, incitación al odio, agresiones sexuales y torturas, entre otros crímenes, por lo que pidió investigaciones para esclarecer la extensión total de estas violaciones al Derecho Internacional.
Asimismo, Turk reclamó a todas las partes que pongan fin inmediatamente a estas violaciones y que investiguen estas denuncias, al tiempo que solicitó que colaboren con los mecanismos internacionales para una rendición de cuentas, incluidos el Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Por último, el informe recalca en sus conclusiones y recomendaciones que “los impactantes ataques por parte de grupos armados entre el 7 y el 8 de octubre y la posterior respuesta militar masiva por parte de Israel ha causado una destrucción sin precedentes y un sufrimiento a los civiles en Gaza que ha causado una impactante crisis humanitaria”.
“Los medios y métodos de guerra elegidos por Israel han causado un sufrimiento masivo para los palestinos, incluido el asesinato de civiles a una amplia escala, un desplazamiento extenso y repetido, la destrucción de viviendas y la negación de la comida y bienes esenciales para la vida en cantidad suficiente”, sostiene.
En este sentido, subraya en que “todas las partes” han cometido “claras violaciones del Derecho Internacional Humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra” y reitera el llamamiento de Turk para un alto el fuego para garantizar el respeto del Derecho Humanitario.
Turk reclamó a los grupos palestinos que “castiguen todas las violaciones del Derecho Internacional” cometidas desde el 7 de octubre y que garanticen un “tratamiento humano” y la “liberación inmediata” de todos los rehenes, así como el fin de los disparos de proyectiles contra territorio israelí.
Además, solicita a Israel que “ponga fin inmediatamente a todas las prácticas de castigo colectivo, incluida la retirada del bloqueo y los cierres, así como “el cerco total” a Gaza, y que garantice de forma urgente e inmediata el acceso de la ayuda humanitaria” a un nivel suficiente para responder a las necesidades.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide además a las fuerzas de seguridad que den pasos “inmediatamente” para cumplir el Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto y que “castiguen” a los responsables de abusos, así como que garanticen el derecho al retorno de los desplazados por la fuerza.
Por último, demandó que Israel ponga fin a la práctica de las detenciones administrativas, que “ponga fin a sus 56 años de ocupación” y que garantice que sus fuerzas de seguridad usen armas de fuego “sólo en caso de amenaza inminente de muerte o heridas grave” en sus operaciones.
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