La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas alertó que se corre el riesgo de que la emergencia de salud pública por el Covid-19, se convierta en un desastre de derechos humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación porque en más de una decena de países, las medidas aplicadas para enfrentar la pandemia de Covid-19 han servido de pretexto para que la policía arreste o detenga a cientos de miles de personas y matar a otras.
“Hemos visto cómo numerosos Estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la COVID-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el Estado de Derecho”, declaró Bachelet.
En un comunicado, la representante de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas expuso que disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable.
También lo es, dijo, crear una situación en la que a una mujer le resulte difícil o peligroso ir a un hospital a dar a luz.
En algunos casos, denunció que la gente ha muerto por la aplicación indebida de normas que, supuestamente, se habían implantado para salvarles de la epidemia de coronavirus.
“Numerosas denuncias, procedentes de diversas regiones, indican que la policía y otros cuerpos de seguridad han estado ejerciendo un uso excesivo de la fuerza excesivo, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las nomas de confinamiento y los toques de queda. A menudo, esas violaciones de derechos humanos se han cometido contra miembros de los segmentos más pobres y vulnerables de la población”, afirmó.
Un funcionario de su oficina reportó que unos 80 países han declarado emergencias. De esos, son Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Filipinas, Sri Lanka, El Salvador, República Dominicana, Perú, Honduras, Jordania, Marruecos, Camboya, Uzbekistán, Irán y Hungría donde las acusaciones se consideraron más preocupantes.
En algunos de esos países se han arrestado y detenido a decenas de miles de personas por violación de las medidas de confinamiento vinculadas a la pandemia. Filipinas encabeza la lista con 120 mil detenidos por infracciones de toque de queda en los últimos 30 días.
Mientras que en Kenia, las autoridades investigan 20 casos relacionados con muertes vinculadas a la conducta policial en la implementación de medidas de toque de queda. El país ha reportado 14 muertes por COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Sudáfrica, la ONU ha recibido informes de uso policial de balas de goma, lacrimógenas, carros lanzaagua y látigos para reforzar el distanciamiento social, especialmente en los barrios pobres. Además, se investigan 39 denuncias que incluyen asesinato, violación, uso de armas de fuego y corrupción.
En Nigeria, se han recibido informes de que las fuerzas de seguridad mataron a 18 personas en relación con las medidas de aplicación por el virus. Las autoridades del país han atribuido algunas muertes a la violencia en las cárceles.
A su vez, en China se tienen informes de censura, intimidación, arresto y presunta detención de voces disidentes como médicos y periodistas.
Con el fin de ayudar a los Estados en su respuesta al COVID-19, la Oficina de la Alta Comisionada publicó un manual de orientaciones políticas sobre la adopción de medidas urgentes y excepcionales.
En el documento orientador se insiste en que, al igual que ocurre en épocas normales, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley deben adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución.
Las medidas excepcionales o los estados de emergencia, indica que deben someterse a la supervisión del parlamento, el poder judicial y la opinión pública.
“Es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”, concluyó la Alta Comisionada.
(Rts)