La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el espionaje contra el director y la coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) con el programa Pegasus.
El organismo de la ONU reiteró que se debe de realizar una investigación independiente y eficaz sobre la adquisición y el uso de tecnologías de espionaje por parte del Gobierno de México, quien lo ha utilizado desde 2014.
Por último, hizo un llamado a las autoridades a abstenerse de cualquier represalia en su contra y a garantizar la no repetición de este tipo de conductas, que calificó como “indebidas”.
Esto después de que se revelara este martes que el director y de la coordinadora del Área Internacional del Centro Prodh, Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, fueron espiados con el programa Pegasus el año pasado, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en 2021 que “ya no se espía a nadie”.
El Centro Prodh, fundado hace 25 años, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos. En su fase de litigio ha participado en los casos Ayotzinapa, Guardería ABC, Mujeres de Atenco, Pasta de Conchos, Tlatlaya, Alberta y Teresa, entre muchos otros.
Estos casos se suman a los más de 50 mil número de defensores, periodistas y otros personajes que han sido ingresados al sistema de NSO Group con fines de espionaje.
De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, el Gobierno de México se convirtió en sexenios anteriores en el primero y mayor usuario del programa de espionaje de Israel, una actividad que no se ha detenido en esta Administración.
En 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con Pegasus, de los que 15 mil casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta del mundo.
Mientras que el grupo Guacamaya Leaks publicó en octubre pasado documentos que hackeó de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.
A esto se sumó un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes prohibió al Ejército intervenir comunicaciones de ciudadanos sin una autorización judicial.
La evidencia recolectada por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social Tic, el propio Centro Prodh y medios como Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político apunta que es precisamente el Ejército mexicano el que utiliza esta herramienta, incluso sin haber solicitado ni una sola orden judicial.
Source link