La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Mediante un comunicado, el representante del organismo en el país, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, señaló que la presentación del tercer informe del GIEI sobre el caso “es un momento de especial relevancia, no solo en términos de su contenido, de lo que revela sobre los avances y los obstáculos estructurales que persisten dentro del Estado mexicano para conocer lo ocurrido”, así como la secuela de acciones, omisiones y encubrimientos.
Además, porque recuerda que “sigue pendiente de responder la pregunta más importante para las familias: ¿dónde están los estudiantes cuyo paradero aún se desconoce?”.
Mencionó que el informe recuerda que, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, “el Estado mexicano tiene una obligación de verdad, de justicia y de reparación integral del daño a las víctimas”.
En ese sentido, el compromiso del presidente López Obrador, así como del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y el fiscal del caso, Omar Gómez, “han marcado un precedente fundamental en México de voluntad política para la investigación de Ayotzinapa”.
“Y es que sólo con la voluntad del Estado mexicano y la perseverancia en su actuación, es posible llegar a la verdad sobre lo ocurrido a los estudiantes, conocer dónde están, sancionar a los responsables de los crímenes, negligencias y encubrimientos y poner en marcha medidas para la no repetición”, mencionó.
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Por esto, la ONU-DH llama a las autoridades del Estado mexicano a la pronta implementación de las recomendaciones de los informes del GIEI.
También pide que se cumplan con las recomendaciones del informe de la ONU-DH, “Doble Injusticia” de 2018, a la luz de lo revelado por el GIEI sobre la tortura sistemática durante la investigación del caso.
“El Estado mexicano es uno solo ante la comunidad internacional y ante el respeto de los derechos a la verdad y justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa. Hablamos de una obligación que corresponde a todas las autoridades, civiles y militares”, mencionó.
Además, reiteró su solidaridad y apoyo a las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como su reconocimiento a las y los defensores de derechos humanos que han acompañado a las familias de los estudiantes.
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También reconoció la apertura del Gobierno de México al escrutinio internacional expresada con la invitación al GIEI o al Comité contra la Desaparición Forzada en noviembre del año pasado.
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