El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) ha atraído 11 casos de desaparición de personas en el estado de Michoacán.
Solicitó al Estado Mexicano -y a esa entidad- la aplicación de acciones urgentes para su búsqueda.
La vocera del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (DECOFEM), Evangelina Contreras, señaló para Aristegui Noticias que buscaron a la instancia internacional ante la falta de acción de las autoridades locales.
Desde el mes de julio, la ONU nos ha ido aceptando casos, y lo hicimos porque las autoridades aquí mandan a las familias a hacer las investigaciones, a conseguir videos, y hacer su trabajo.
(…) muchas familias ya no vuelven a denunciar porque los intimidan, les da temor y ya no dan seguimiento a sus denuncias, por eso interpusimos amparos pero no actuaron, por eso solicitamos las acciones urgentes y hasta el momento van 11, nos acaban de avisar de una.
Indicó que están a la espera de que el CED responda sobre un caso del que la familia no cuenta con detalles en abundancia sobre la desaparición de su familiar, pero sí indicios de que pudo ser una desaparición donde pudo participar alguna autoridad.
La ONU les está exigiendo que se hagan búsquedas, hay lugares donde nunca se han realizado y el gobierno no las permitía.
Por eso les recomendaron 14 ejes, entre ellos la búsqueda en vida pero hacen lo que quieren porque no se han realizado visitas en los penales, por ejemplo; o entregan planes que son imposibles de cumplir como el hacer búsqueda en 8 municipios en dos días.
Es una simulación para nada más entregar algo a la ONU.
Evangelina Contreras destacó que hace un mes se reunió la Comisión Búsqueda estatal e instancias de gobierno que responderán a la ONU, por lo que las familias de buscadores estarán a la espera de los resultados para evaluar y contestar lo informado.
Dijo que recientemente se había planeado una jornada de búsqueda del 23 al 30 de noviembre, pero que fue suspendida el día 26 de noviembre, por el comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, José Alfredo Tapia.
La entrevistada dijo que la comisión estatal les retiró seguridad, transporte y otros apoyos para continuar sus labores en la zona conocida como el Corredor de la Muerte, entre Sahuayo y Zamora.
La vocera de DECOFEM pidió a las autoridades mexicanas atender el problema de desplazamiento de personas.
Argumentó que desde hace 7 meses se ha agravado este problema por acciones de la delincuencia organizada y ha obligado a cientos de familias a moverse a municipios que todavía se consideran seguros, como Cherán.
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