El futuro de la profunda crisis de Venezuela depende de sus dirigentes y sus ciudadanos, pero se juega en buena medida en el exterior. Esta semana, la Administración de Joe Biden y la UE han coincidido por primera vez desde la era de Obama en la fórmula para tratar de frenar la deriva del régimen de Nicolás Maduro. La meta es, como siempre, la celebración de elecciones libres y con garantías. Lo inédito es que Washington y Bruselas se abren a levantar las sanciones si el chavismo demuestra voluntad real de diálogo y acepta una negociación amplia. La oposición se ha mostrado tradicionalmente reticente a entablar conversaciones con el Gobierno. Con la excepción de figuras como Henrique Capriles, la mayoría de los líderes antichavistas han rechazado en los últimos años toda opción que no pasara por la inmediata renuncia de Maduro. Las razones para desconfiar sobran. El aparato oficialista no solo controla los resortes del Estado y las competiciones electorales, sino que en los últimos intentos para buscar una salida negociada ha tratado de imponer sus reglas y condiciones. Los ensayos de diálogo, auspiciados por Noruega, algunos países latinoamericanos o la propia UE, han sido una constante. Y los resultados, un rotundo fracaso.
La llegada de Biden supuso un punto de inflexión por las expectativas generadas. Trump endureció las sanciones y mantuvo una posición belicista, incluso agitando las amenazas de una intervención armada. Esa estrategia le sirvió para hacer campaña en EE UU, pero no desembocó en una solución. Al contrario, contribuyó a agudizar el enfrentamiento en el país sudamericano. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, han sentado las bases para una nueva iniciativa internacional, con más fuerza que las anteriores.
El comunicado conjunto emitido el viernes, al que se sumó Canadá, hace hincapié en una salida pacífica, pide el fin de la persecución de los opositores y la liberación de los presos políticos e insta a Maduro a revertir el desmantelamiento de las instituciones. Pero, por encima de todo, abre la puerta a una revisión de las sanciones que han repercutido en la economía de un país ya postrado por una catastrófica gestión. No hay tiempo que perder para paliar una emergencia que ha abocado a millones de personas a la miseria o al exilio. El primer banco de pruebas serán las elecciones locales y regionales ya fijadas para noviembre. Washington y Bruselas llaman a un proceso electoral apegado a los estándares internacionales. La pelota está en el tejado del régimen, que no tiene excusas para negarse a convocar un proceso electoral libre y democrático. A la vista de su lamentable historial, no caben grandes expectativas. Aún así, la nueva posición común de EE UU y la UE es una noticia positiva.
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