Una directora de residencia ha contado este viernes en la Asamblea de Madrid cómo el hospital de Alcorcón negó durante 27 días el ingreso de sus mayores enfermos de covid-19. Lidia Sánchez ha relatado que, entre el 13 de marzo y el 9 de abril, el hospital rechazó derivaciones, un período durante el que murieron 30 residentes en su centro, Amavir Alcorcón. Sánchez ha contado a la comisión de investigación que, “sin lugar a dudas”, habrían sobrevivido algunas personas de no haberse producido el tapón hospitalario que sufrieron los geriátricos, ordenado por la Comunidad de Madrid para reducir la presión sobre los hospitales.
“Se nos está yendo la gente y no podemos hacer nada”, fue una de las súplicas que Sánchez le hizo por teléfono a un funcionario de la Comunidad de Madrid y que cayeron en saco roto.
El relato de Sánchez ante los diputados que investigan la tragedia en las residencias destaca por ser el primero que ha entrado en el detalle de los hechos en una residencia singular. Los empresarios y familiares que han pasado antes por la comisión que indaga los hechos han pintado un cuadro general que pone en cuestión la versión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre sus esfuerzos para salvar vidas en las residencias.
La directora del centro de 180 plazas en el sur de Madrid ha descrito la impotencia que sintió al ver morir ancianos cuando el virus se coló por las puertas de un centro desabastecido, sin tests, mascarillas o médicos externos. El bloqueo del hospital solo acabó después de un correo que ella envió indignada el 9 de abril, como reveló este periódico a partir del testimonio de los familiares. “Esto es sentenciar de muerte a la gente y no lo pienso permitir”, escribió en ese correo. Sánchez advirtió de que iba a organizar a los hijos para que recogieran a sus padres y los llevaran a las urgencias del hospital.
Cuando el hospital levantó por completo el bloqueo, la mortalidad descendió de golpe. Entre el 9 de abril y el 28 de mayo solo murieron siete mayores de su residencia. Durante los 27 días de tapón, el hospital de Alcorcón solo admitió siete derivaciones, todas ellas a partir del 1 de abril.
El testimonio de Sánchez refuerza las pruebas de abandono a las residencias durante el período más mortífero de la primera ola de la pandemia en Madrid, cuando murieron miles de mayores sin asistencia médica. La Comunidad de Madrid dio órdenes a los hospitales públicos para limitar los traslados de personas que vivieran en residencias de mayores. Esa y otras decisiones durante la primavera están siendo examinadas por la comisión de investigación, que este viernes celebró la tercera sesión con testigos de 21 programadas. Cuando a principios del año que viene acabe el turno de representantes del sector y familiares llegará la hora de oír a responsables políticos.
Sánchez relató emocionada cómo durante 65 días sin descansar sintió que estaba librando “una guerra”. Además de buscar como pudo material de protección y de dirigir a una plantilla menguante a causa de las bajas, tuvo que hacer tareas de cuidados y funerarias, trasladando cadáveres y envolviéndolos en sudarios. “Sobre todo mi principal función fue no perder la calma para que el resto no la perdiera y saliera corriendo”, ha narrado.
Su testimonio se suma a muchos otros que desmienten que la consejería de Sanidad prestara asistencia médica a las residencias de mayores, una supuesta intervención que el consejero Enrique Escudero llamó “medicalización” y que ha defendido sin pruebas una y otra vez. El plan de Escudero diseñado el 12 de marzo era sustituir el traslado al hospital de los mayores por la asistencia in situ en las residencias, pero el sector se ha defendido diciendo que en plena pandemia era imposible convertir hogares de anciano en centros idóneos para salvar vidas.
El Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso también ha usado como línea de defensa la acusación al Gobierno central por no haberles socorrido. Este viernes ha encontrado respaldo a su tesis en los hechos narrados por otra compareciente, Pilar Ramos, la presidenta de una patronal de 223 pymes en Madrid, Amade. Ramos ha contado cómo su organización matriz en España, Ceaps, hizo una compra de EPIs (equipos de protección individual) que fue requisada en aduanas.
Pero el relato de Ramos también ha sido dañino para la versión de la Comunidad. Ha dicho que el sistema sanitario madrileño dejó de lado a los mayores: “A nivel hospitalario teníamos claro que no éramos el público objetivo de los hospitales. Se nos dijo que estábamos en una situación de guerra”.
“Blanco fácil”
La directora del centro de Alcorcón ha contado que recibió el 21 de marzo un primer protocolo de la Comunidad informándole de las restricciones para hospitalizar a sus mayores. Confirmaba lo que ya sabía desde una semana antes, cuando llamaron al 061 para derivar a un enfermo y le respondieron que en adelante todos los traslados debían ser aprobados por un geriatra de enlace del hospital de Alcorcón. Era el nuevo filtro que la Comunidad acababa de implantar y que nunca antes habían sufrido.
“Obviamente nos ponemos a buscar el nombre de la geriatra, algo que no conseguíamos”, ha contado Sánchez. “Finalmente consigo contactar con geriatría, serían las 10 de la noche aproximadamente, y se nos comunica que no, que no se puede derivar. Que en este caso este señor en este momento no tiene justificación”.
La residencia de Sánchez vio la luz al final del túnel cuando pasó el pico de la primera ola. “La primera vez que vino un médico de forma presencial fue el 10 de abril, el día posterior al que yo mando un email. Al día siguiente la geriatra del hospital se presentó. Fue la primera vez que un médico que no fuera de nuestra empresa se presentara”, ha contado la directora. A partir de ahí la geriatra les visitó semanalmente y el centro de salud de su zona, que hasta entonces les había ignorado, comenzó a darles mayor respuesta.
“Somos una residencia, no somos un hospital y no tenemos los medios para curar, estamos para cuidar”, ha dicho Sánchez.
Sánchez, una mujer de 34 años que lleva 11 al frente de Amavir Alcorcón, recibió elogios por su coraje durante lo peor de la crisis, después de que EL PAÍS publicara su historia. Entonces no quiso hacer declaraciones y este viernes ha sido la primera vez que ha hablado en público sobre lo sucedido. Cuando ha salido de la sala, ha vuelto a hacer gala de su arrojo. No se ha cortado para reprocharles a los periodistas que la entrevistaban que los medios de comunicación fueron injustos con el sector durante los días críticos, cuando trabajaban desesperados por evitar más muertes. “Mi sector fue juzgado desde el primer segundo y no nos habéis dejado réplica porque importaba más realmente ir al blanco fácil”, dijo.
“No somos héroes, pero las gracias sí (aceptamos), porque la gente del sector de la tercera edad se ha dejado la piel. Los hospitales tenían pocos medios, pero es que yo no los tenía y mis trabajadores han trabajado sin medios, han ido cada día poniendo en riesgo su vida por salvar a personas mayores”.
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